En octubre de 2011 fueron celebradas por primera vez en el país unas elecciones judiciales para la creación de un organismo judicial “más eficiente, más idóneo y, esencialmente, menos corrupto”. Se trataba, además, de desterrar las prácticas utilizadas en regímenes anteriores para el ‘cuoteo’ del Poder Judicial a través de la elección de sus autoridades por el Parlamento, donde los partidos de la coalición del Gobierno tenían su cupo para tal efecto.
Pero aquel histórico proceso quedó desvirtuado porque el registro de los votos nulos y blancos fue superior al de los válidos, dejando su legitimidad en entredicho. Como aspectos críticos fueron señalados la escasa transparencia y la violación de varios derechos consagrados en la Constitución y del propio reglamento interno de preselección de candidatos aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), donde el oficialismo hizo prevalecer sus dos tercios. Además, fueron impuestas restricciones inadmisibles al trabajo de los medios de comunicación.
La poco transparente preselección de candidatos para la administración de justicia impidió que fueran valorados los méritos de capacidad, experiencia y conocimientos. Por las causas apuntadas y la distorsión de su objetivo, se trató de un proceso sensiblemente fallido. Consecuentemente, no germinó en la elección de sus autoridades la solución real a la crisis estructural del sistema judicial, que se mantiene bajo una administración corrupta e ineficiente, muy alejada de su compromiso con los intereses del pueblo. Aunque sin caer en el cuoteo político, la elección de 2011 estuvo centrada fundamentalmente en la búsqueda del control del Poder Judicial, que terminó convirtiéndose en una estructura funcional al Gobierno. No en balde, el jefe de Estado se encargó de la designación de varios magistrados mientras que operadores del partido gobernante, cuyas candidaturas fueron elegidas por sus mayorías en la ALP, terminaron copando otras instancias.
A la hora nona, el presidente Evo Morales considera el de la justicia como ‘tema pendiente’ para el Estado y su Gobierno mientras que para la ministra de Comunicación mejorar el sistema es ‘un desafío’ y es necesario avanzar en un proceso -el de la ‘elección democrática’ de las máximas autoridades judiciales-, cuyos resultados están por verse…De haberse hecho las cosas sin doblez, algo se hubiera avanzado en vez de malograr la oportunidad de corregir gradualmente el mal funcionamiento de uno de los poderes fundamentales del Estado, inmerso en una de las peores crisis de su historia
Consejo Editorial: Pedro F. Rivero Jordán, Juan Carlos Rivero Jordán, Tuffí Aré Vázquez, Lupe Cajías, Agustín Saavedra Weise y Percy Áñez Rivero
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