Qué respuesta expresarán los líderes cruceños ante el ignominioso caso que envuelve al fiscal Marcelo Soza, quien parece dispuesto a seguir con su farsa de juicios y persecución? La pregunta flota en el aire después de comprobarse con lujo de detalles que aquí no ha existido nada más que un plan muy bien montado, que algunos ya se atreven a definir como “terrorismo de estado”, ejecutado contra los principales exponentes del movimiento autonomista, que el 2008 estuvo a punto de realizar el sueño de muchos bolivianos de derrotar al centralismo que no ha hecho más que profundizar el monopolio del poder y de los recursos del país para beneficio de unos pocos que ahora se inventan formas de incurrir en el derroche.
Se acaba de comprobar que desde el día de la intervención armada en el hotel Las Américas, el 16 de abril de 2009, todo ha sido una vil mentira que acaba de develarse por completo, gracias a la confesión de uno de sus principales articuladores.
Se ha mencionado que aquel día, hace cuatro años, hubo una ejecución sumaria contra tres ciudadanos europeos que no tuvieron cómo defenderse ante el ataque policial. Soza confiesa que los uniformados remataron a esos tres hombres, crimen que habría sido perpetrado para que nadie pueda conocer la razón de la presencia de esos sujetos en el país, quienes tuvieron contactos con agentes gubernamentales.
Hoy ya nadie puede dudar que toda esta trama se armó para descabezar el liderazgo cruceño, sobre todo a la dirigencia cívica, cuyo principal exponente, Branko Marinkovic y su familia, han sido objeto de una sistemática persecución, por el “pecado” de mantener su postura en defensa de la autonomía y de los intereses regionales que han sido pisoteados por el régimen gobernante, que no ha escatimado esfuerzos incluso, por destruir el aparato productivo departamental.
Recientemente, cuando estalló el caso de los abogados extorsionadores, se pudo reunir una serie de evidencias de personas, instituciones y dirigentes que habían sido víctimas de esos mercenarios. La dirigencia cívica que culminaba su gestión hizo una convocatoria pública a presentar cargos contra los responsables y la respuesta fue un silencio sepulcral que llevó al presidente del Comité pro Santa Cruz a exclamar que esta es una región que ha perdido el espíritu de luchar por su libertad y por buscar cómo defenderse de los abusos.
Acaba de asumir la presidencia de la Brigada Parlamentaria, una líder política de excelentes credenciales y su principal promesa ha sido defender a la región de los constantes abusos. En el Comité Cívico se ha expresado la voluntad de supervisar el juicio por el caso terrorismo, pero sin desmerecer esas iniciativas, es necesario tomar conciencia de que el pueblo cruceño ya no puede ser vapuleado con la complicidad de algunos que han hecho del silencio una forma de convivencia que a todas luces es una forma vil de complicidad en la persecución de cientos de personas inocentes.
No se trata de levantar la voz, sino de recuperar la unidad y la vitalidad de una región llamada a liderar nuevamente la lucha por la libertad, por la vigencia del régimen autonómico y por la democratización de un país que merece una justicia administrada por hombres y mujeres de leyes, no de prontuario delictivo. La ciudadanía está esperando que Santa Cruz recupere su dignidad.
Se acaba de comprobar que desde el día de la intervención armada en el hotel Las Américas, el 16 de abril de 2009, todo ha sido una vil mentira que acaba de develarse por completo, gracias a la confesión de uno de sus principales articuladores.
Se ha mencionado que aquel día, hace cuatro años, hubo una ejecución sumaria contra tres ciudadanos europeos que no tuvieron cómo defenderse ante el ataque policial. Soza confiesa que los uniformados remataron a esos tres hombres, crimen que habría sido perpetrado para que nadie pueda conocer la razón de la presencia de esos sujetos en el país, quienes tuvieron contactos con agentes gubernamentales.
Hoy ya nadie puede dudar que toda esta trama se armó para descabezar el liderazgo cruceño, sobre todo a la dirigencia cívica, cuyo principal exponente, Branko Marinkovic y su familia, han sido objeto de una sistemática persecución, por el “pecado” de mantener su postura en defensa de la autonomía y de los intereses regionales que han sido pisoteados por el régimen gobernante, que no ha escatimado esfuerzos incluso, por destruir el aparato productivo departamental.
Recientemente, cuando estalló el caso de los abogados extorsionadores, se pudo reunir una serie de evidencias de personas, instituciones y dirigentes que habían sido víctimas de esos mercenarios. La dirigencia cívica que culminaba su gestión hizo una convocatoria pública a presentar cargos contra los responsables y la respuesta fue un silencio sepulcral que llevó al presidente del Comité pro Santa Cruz a exclamar que esta es una región que ha perdido el espíritu de luchar por su libertad y por buscar cómo defenderse de los abusos.
Acaba de asumir la presidencia de la Brigada Parlamentaria, una líder política de excelentes credenciales y su principal promesa ha sido defender a la región de los constantes abusos. En el Comité Cívico se ha expresado la voluntad de supervisar el juicio por el caso terrorismo, pero sin desmerecer esas iniciativas, es necesario tomar conciencia de que el pueblo cruceño ya no puede ser vapuleado con la complicidad de algunos que han hecho del silencio una forma de convivencia que a todas luces es una forma vil de complicidad en la persecución de cientos de personas inocentes.
No se trata de levantar la voz, sino de recuperar la unidad y la vitalidad de una región llamada a liderar nuevamente la lucha por la libertad, por la vigencia del régimen autonómico y por la democratización de un país que merece una justicia administrada por hombres y mujeres de leyes, no de prontuario delictivo. La ciudadanía está esperando que Santa Cruz recupere su dignidad.
No se trata de levantar la voz, sino de recuperar la unidad y la vitalidad de una región llamada a liderar nuevamente la lucha por la libertad, por la vigencia del régimen autonómico y por la democratización de un país que merece una justicia administrada por hombres y mujeres de leyes, no de prontuario delictivo. La ciudadanía está esperando que Santa Cruz recupere su dignidad.
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