Empezando la semana, de manera absolutamente previsible se produjo la destitución del comandante de la Policía nacional, Jorge Santiesteban, y en su lugar fue posesionado interinamente el coronel Víctor Maldonado, en medio de un inocultable malestar interno que hizo dar un paso al costado al director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) porque la nueva autoridad estudió en la Escuela de Detectives sin haber pasado por la Academia Nacional de Policías, lo que vulnera la Ley Orgánica policial.
El jefe de Estado, Evo Morales, a tiempo de posesionar a Maldonado, se refirió a la necesidad de transformar la institución y de continuar implementando la doctrina de “una Policía para el pueblo y no para el imperio”. El coronel Maldonado se ha comprometido, entre otras cosas, a desterrar los abusos de la institución. “No queremos un cargo para abusar de la gente”, dijo en partes de su alocución. Imágenes de televisión mostraron a Maldonado, vestido de civil, observando cómo se consumaba en Chaparina la brutal represión policial de los marchistas defensores del Tipnis en septiembre de 2011. Entonces realizaba ‘tareas de inteligencia’, según argumentó el aludido.
La salida forzada de Santiesteban estaba cantada por las denuncias en su contra por el ingreso irregular a la Universidad Policial (Unipol) de 54 bachilleres ‘interculturales’. La orden de incorporación de los aspirantes -que de ‘interculturales’ no tenían nada- fue firmada por el destituido comandante. Pero no cabe duda de que las denuncias de la ministra de Transparencia, Nardy Suxo, sobre supuestas amenazas contra su familia por seguir el caso Unipol y que atribuyó a Santiesteban, terminaron haciendo rodar su cabeza. “Es una guerra sucia, una conspiración, todo es una mentira”, dijo el general acusado, siguiendo la misma línea discursiva de un excomandante y actual viceministro de Seguridad Ciudadana sobre la existencia de ‘mafias’ incrustadas en la institución verde olivo a las que hace poco acusó públicamente de conspirar en su contra y de atentar contra su vida.
En la foja de servicios de Santiesteban está el haber encabezado, en abril de 2009, el sangriento operativo en un hotel de esta ciudad donde fueron acribillados unos presuntos ‘terroristas’. Luego se desataría una sañuda e implacable persecución gubernamental contra opositores ‘separatistas’.
En medio del recelo de los aspirantes por las recurrentes manipulaciones, la posesión del nuevo jerarca policial dejó en suspenso el ascenso al generalato, a la espera de la implementación de una nueva norma que elimine los vicios procedimentales, derivados de las influencias y la injerencia del poder político en los mandos y cuadros de la Policía, como se ha podido evidenciar en diversas circunstancias.
El cambio de mando en la entidad policial se produce en medio de caras agrias y fuertes remezones. Es el peor momento de la entidad del orden, desgastada su imagen y debilitada en extremo su institucionalidad, costo que ha tenido que pagar por la inaudita subordinación al poder gobernante de turno y por los corrosivos efectos de la corrupción que han colocado a la Policía nacional de cara a una aguda crisis de credibilidad ciudadana muy difícil de revertir en las actuales circunstancias. Para peor, cuando con su perenne falta de recursos y equipos, se las tiene que ver con una irrefrenable oleada delincuencial y el avance sin pausa del narcotráfico, amén de las evidencias que delatan la presencia de cárteles de la droga y del crimen organizado en el país. En la buena estamos…
El jefe de Estado, Evo Morales, a tiempo de posesionar a Maldonado, se refirió a la necesidad de transformar la institución y de continuar implementando la doctrina de “una Policía para el pueblo y no para el imperio”. El coronel Maldonado se ha comprometido, entre otras cosas, a desterrar los abusos de la institución. “No queremos un cargo para abusar de la gente”, dijo en partes de su alocución. Imágenes de televisión mostraron a Maldonado, vestido de civil, observando cómo se consumaba en Chaparina la brutal represión policial de los marchistas defensores del Tipnis en septiembre de 2011. Entonces realizaba ‘tareas de inteligencia’, según argumentó el aludido.
La salida forzada de Santiesteban estaba cantada por las denuncias en su contra por el ingreso irregular a la Universidad Policial (Unipol) de 54 bachilleres ‘interculturales’. La orden de incorporación de los aspirantes -que de ‘interculturales’ no tenían nada- fue firmada por el destituido comandante. Pero no cabe duda de que las denuncias de la ministra de Transparencia, Nardy Suxo, sobre supuestas amenazas contra su familia por seguir el caso Unipol y que atribuyó a Santiesteban, terminaron haciendo rodar su cabeza. “Es una guerra sucia, una conspiración, todo es una mentira”, dijo el general acusado, siguiendo la misma línea discursiva de un excomandante y actual viceministro de Seguridad Ciudadana sobre la existencia de ‘mafias’ incrustadas en la institución verde olivo a las que hace poco acusó públicamente de conspirar en su contra y de atentar contra su vida.
En la foja de servicios de Santiesteban está el haber encabezado, en abril de 2009, el sangriento operativo en un hotel de esta ciudad donde fueron acribillados unos presuntos ‘terroristas’. Luego se desataría una sañuda e implacable persecución gubernamental contra opositores ‘separatistas’.
En medio del recelo de los aspirantes por las recurrentes manipulaciones, la posesión del nuevo jerarca policial dejó en suspenso el ascenso al generalato, a la espera de la implementación de una nueva norma que elimine los vicios procedimentales, derivados de las influencias y la injerencia del poder político en los mandos y cuadros de la Policía, como se ha podido evidenciar en diversas circunstancias.
El cambio de mando en la entidad policial se produce en medio de caras agrias y fuertes remezones. Es el peor momento de la entidad del orden, desgastada su imagen y debilitada en extremo su institucionalidad, costo que ha tenido que pagar por la inaudita subordinación al poder gobernante de turno y por los corrosivos efectos de la corrupción que han colocado a la Policía nacional de cara a una aguda crisis de credibilidad ciudadana muy difícil de revertir en las actuales circunstancias. Para peor, cuando con su perenne falta de recursos y equipos, se las tiene que ver con una irrefrenable oleada delincuencial y el avance sin pausa del narcotráfico, amén de las evidencias que delatan la presencia de cárteles de la droga y del crimen organizado en el país. En la buena estamos…
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