1ra. Sección - La privación arbitraria o ilegal de la vida
Entre los casos que son detallados por el gobierno estadounidense se encuentran el fallecimiento del subteniente Grover Poma Guanto, en febrero de 2011; las muertes de los dos jóvenes en los enfrentamientos entre pobladores de Caranavi y el Policía, en mayo de 2010; la muerte de David Olorio Apaza, supuestamente por torturas que habría recibido por parte de la Policía y la muerte de los cuatro policías en Uncía, Potosí.
“El caso que involucra a Mayo de 2010 miembros de la comunidad que capturaron y torturaron y ejecutaron a cuatro policías en la localidad de Uncía, departamento de Potosí, fue trasladado a la ciudad de Potosí para el juicio. Cinco sospechosos fueron acusados de la matanza, aunque al final del año sólo tres habían sido detenidos. La fase de investigación del caso se terminó”, señala el informe del Departamento de Estado.
Dentro de este capítulo, además, se menciona los actos de tortura y otros tratos crueles que se habrían registrado en el país. El documento hace mención al caso de José Cantoral y otros tres peruanos que fueron arrestados por cargos de terrorismo.
Informa además sobre detenciones arbitrarias, haciendo referencia al caso del ex presidente del Banco Central de Bolivia Juan Antonio Morales; Jorge Melgar, líder del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) y del ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández.
Hace mención también a procesos judiciales en contra de figuras políticas, como ser el caso del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, procesado por desacato por el fiscal Marcelo Soza; el ex gobernador de Beni, Ernesto Suárez y de los ex alcaldes cruceños de Pailón y Cotoca, Marlene Jaldín y Estanislao Arauz respectivamente.
“En noviembre de 2010 el ex alcalde de Sucre, Jaime Barrón del Pacto de Integración Social (PAIS), partido fue encarcelado por acosar a los agricultores y posteriormente puesto bajo arresto domiciliario”, señala el informe.
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