En sus comienzos, el concepto de justicia nació de la relación entre juntura, justeza o ajustamiento de cada uno de los seres, naturales o sociales dentro de un orden ya definido. Los teóricos dicen que la justicia es algo que no hay que esperar, sino algo que debemos buscar y procurar. El profesor de ética García Marza dice sobre el tema: “La historia del concepto de justicia es la historia de su lenta moralización, es decir de su separación de la necesidad natural y de su progresiva dependencia de la voluntad humana”. Por eso la justicia y la ley establecen un orden legal que debiera dar a cada uno lo suyo, según la concepción de Ulpiano. Entonces ser justo es cumplir la ley, por una persona o una autoridad pública.
Sin embargo, la modernidad extendió su manto justiciero a la sociedad misma: ésta debe centrar sus esfuerzos más bien en la pretensión de justicia de ese mismo orden social, político, cultural y económico. Es decir que para hablar de justicia, el Estado debe establecer la misma en sus normas e instituciones. Son loables los esfuerzos del Gobierno para edificar aquello, con tropiezos y críticas de aquellos grupos que serán y ya son afectados. Sin embargo, para construir una sociedad justa se requiere de la participación de todos los sectores sociales, sin que esto quiera decir ceder y transar con aquellos que se sirvieron del país, sobre todo en la etapa de las dictaduras que dejaron la oscura sensación de injusticia. Muchos de los actores de esos años todavía pasean impunes por la ciudad, es más, muchos cómplices están cerca del Gobierno, camuflados y reconvertidos. Así la credibilidad a una interpelación a la justicia misma de la sociedad será imposible y la insatisfacción de los sectores que no encontraron un resarcimiento moral crecerá, es más, cada día crece, por ahora en silencio.
Rawls y su libro Teoría de la justicia y Habermas abundan sobre este —a ratos— inasible y polémico tema.
En tanto el aparato judicial boliviano está muy ocupado en otras cosas, como corretear alcaldes, ex presidentes chambones y bocones, los crímenes de lesa humanidad están en el archivo de la sombra.
No todo es olvido, felizmente, tenemos un antecedente jurídico histórico que debe ser honrado por el Gobierno. Una madre que perdió a su hijo hace 38 años en manos de los esbirros de la dictadura de Banzer, no declinó jamás en su búsqueda de justicia y el 27 de febrero del 2002, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual Bolivia es país suscriptor, ha fallado a favor del proceso iniciado por la Sra. Gladys Oroza de Solón Romero. Ella buscó la justicia durante ese tiempo, la mayor parte de su vida la entregó a esclarecer la desaparición de su hijo. El Estado debe pagar, por concepto de daño inmaterial, una suma importante que la destinarán a la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd), y a la Fundación Solón, por voluntad de los familiares de José Carlos Trujillo Oroza, el ciudadano boliviano al que truncaron la vida y que todo el oro del mundo no podrá devolver a la vida.
Pendientes están los procesos de Marcelo Quiroga Santa Cruz, Carlos Flores y una cantidad de víctimas que espera a la justicia, esquiva y veleidosa en manos de jueces improbos.
La aprobación de una ley que ordena al Estado a indemnizar a las víctimas de las dictaduras, duerme en el Ministerio de Justicia, desde hace una década, mientras que los beneficiarios que fueron cribados varias veces, van muriendo poco a poco ¿Estarán esperando que queden unos 10 para cumplir la ley? No hay que olvidar jamás que la justicia se la debe buscar y procurar, de otra manera la cubrirá el olvido. (Importante artículo aparecido en La Razón de La Paz)
