A lo largo de la historia se han conocido muchísimas circunstancias en las que la justicia no ha sido ecuánime y sus infortunadas víctimas padecieron de cárcel y deshonra –a veces la muerte– por presuntos delitos que no habían cometido. El ‘caso Dreyfus’, en la alborada del siglo pasado, fue, tal vez, uno de los más conocidos, que no solo conmovió a la sociedad francesa, sino al mundo entero. Un error judicial, envuelto en antisemitismo, provocó una injusticia que se enmendó mucho después, cuando ya se había arruinado la vida del acusado.
En Bolivia vemos con inaudita frecuencia este tipo de situaciones en las que no existen errores judiciales, sino actos intencionales, donde puede que no exista racismo, pero sí encono político. Justamente en estos años es cuando vemos que los infortunios de la justicia, aplicada abusivamente, llevan a la cárcel a gente inocente –políticos o no– y no se conmueve manteniéndolos en prisión, sin sentencia y a veces sin juicio, durante años, para después dejarlos en libertad sin ofrecer el menor acto de desagravio.
La última víctima de la justicia manipulada en Bolivia se la ha visto en la persona del dirigente cívico tarijeño Felipe Moza, que, acusado de atentar contra un ducto en la región del Chaco, en 2008, ha estado preso durante casi seis años, sin prueba ni sentencia alguna. Moza vivió un infierno sabiéndose inocente, pero sus pedidos y reclamos no fueron escuchados mientras su familia quedaba desamparada, sufrida, ante la arrogancia de un Estado que utiliza la ley en su propia conveniencia.
En nuestro país el poder está sobre todo. El poder dice quién es culpable o quién inocente. Los magistrados –muchos agradecidos por haber sido designados por la Asamblea, que no elegidos por el voto– obedecen lo que manda o agrada al bienhechor. Es por esas circunstancias que las personas en vez de acudir ante la justicia para demandar sus derechos, huyen de ella. “Si huyen al exterior es porque son culpables”, se escucha decir a menudo. Y lo cierto es que si cierta gente huye es porque no confía en la aplicación de las leyes.
Moza tendría que recibir una reparación moral de parte de quienes le provocaron un daño irreparable a él como a su familia. Como debieron recibirla otros ciudadanos inocentes. Pero no va a suceder nada porque el Ministerio Público no pide disculpas a nadie. Y lo peor, porque los magistrados se saben ‘blindados’ desde el poder central.
Consejo Editorial: Pedro F. Rivero Jordán, Juan Carlos Rivero Jordán, Tuffí Aré Vázquez, Lupe Cajías, Agustín Saavedra Weise y Percy Áñez RiveroEl Deber
No hay comentarios:
Publicar un comentario