Tragedia y vergüenza
E l accidente del avión de LaMia, a fines de noviembre, causó, además de la muerte de 71 personas, uno de los momentos de mayor vergüenza para Bolivia, por las repercusiones que se siguen produciendo en el ámbito internacional.
El Gobierno nacional había ofrecido un informe sobre las causas del accidente, diciendo que los responsables fueron solamente los pilotos y la compañía aérea, pero este fue desechado por las autoridades colombianas, que han elaborado su propio informe.
Este último documento fue dado a conocer en medio de repetidas denuncias de las autoridades colombianas sobre la poca colaboración o el silencio con que habrían respondido las autoridades bolivianas a cargo de este tema. Lo esencial del informe colombiano es que los responsables de la tragedia fueron los encargados de las instituciones del Estado boliviano que tienen la responsabilidad de ocuparse del tráfico aéreo: Aasana y la DGAC. Es decir, que el informe elaborado por el Gobierno no tiene nada que ver con la realidad: es un error, dicen las autoridades colombianas.
Esta bofetada al prestigio del país se hace más ruidosa con el caso de la funcionaria Celia Castedo, que debió refugiarse en Brasil después de denunciar que las autoridades superiores bolivianas la estaban presionando para que modifique los informes que había elaborado sobre las causas del accidente. Si todo lo que ocurre en otros sectores, y que tiene que ver con temas de exclusivo interés nacional, no provocan que las autoridades se propongan encontrar los errores propios, este baldón que llega desde Colombia tendría que ocasionar alguna reacción. Sería bueno, en este intento, revisar cómo es el sistema de contratación de profesionales para estas reparticiones. Si hay alguna norma que se deba respetar y que quizá fue pasada por alto, como ha ocurrido en otras reparticiones.
Sobre estas normas violadas, el procurador Héctor Arce Zaconeta dijo en noviembre que los factores que dañan la gestión de Gobierno son la corrupción, la incompetencia y la falta de idoneidad. El vicepresidente Álvaro García Linera precisó que en la gestión hay “descuidos, incompetencias y errores”. El mandatario llegó a decir que no se debe descartar una purga de malos funcionarios. Estas dos personalidades del Gobierno muestran que podría estar comenzando un proceso de autocrítica.
Lo que el país está esperando es que estos criterios se apliquen a toda la abultada administración pública
El Gobierno nacional había ofrecido un informe sobre las causas del accidente, diciendo que los responsables fueron solamente los pilotos y la compañía aérea, pero este fue desechado por las autoridades colombianas, que han elaborado su propio informe.
Este último documento fue dado a conocer en medio de repetidas denuncias de las autoridades colombianas sobre la poca colaboración o el silencio con que habrían respondido las autoridades bolivianas a cargo de este tema. Lo esencial del informe colombiano es que los responsables de la tragedia fueron los encargados de las instituciones del Estado boliviano que tienen la responsabilidad de ocuparse del tráfico aéreo: Aasana y la DGAC. Es decir, que el informe elaborado por el Gobierno no tiene nada que ver con la realidad: es un error, dicen las autoridades colombianas.
Esta bofetada al prestigio del país se hace más ruidosa con el caso de la funcionaria Celia Castedo, que debió refugiarse en Brasil después de denunciar que las autoridades superiores bolivianas la estaban presionando para que modifique los informes que había elaborado sobre las causas del accidente. Si todo lo que ocurre en otros sectores, y que tiene que ver con temas de exclusivo interés nacional, no provocan que las autoridades se propongan encontrar los errores propios, este baldón que llega desde Colombia tendría que ocasionar alguna reacción. Sería bueno, en este intento, revisar cómo es el sistema de contratación de profesionales para estas reparticiones. Si hay alguna norma que se deba respetar y que quizá fue pasada por alto, como ha ocurrido en otras reparticiones.
Sobre estas normas violadas, el procurador Héctor Arce Zaconeta dijo en noviembre que los factores que dañan la gestión de Gobierno son la corrupción, la incompetencia y la falta de idoneidad. El vicepresidente Álvaro García Linera precisó que en la gestión hay “descuidos, incompetencias y errores”. El mandatario llegó a decir que no se debe descartar una purga de malos funcionarios. Estas dos personalidades del Gobierno muestran que podría estar comenzando un proceso de autocrítica.
Lo que el país está esperando es que estos criterios se apliquen a toda la abultada administración pública
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