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lunes, 1 de octubre de 2012

contribuir a la seguridad ciudadana será siempre positivo. aunque quitarles la dinamita a los mineros no es cuestión de un decreto. es algo más complicado. como quién dice "trancar la puerta cuando el burro se ha ido". El Deber de SC

El Gobierno acaba de aprobar un decreto supremo (1359) que penaliza la utilización y la tenencia de dinamita y otros explosivos en protestas callejeras, estableciendo una sanción de entre uno y cuatro años para los infractores. Tanto la Policía como el Ministerio Público están facultados para decomisar los materiales peligrosos y detener a sus portadores, en caso de que se ponga en riesgo la integridad física de otras personas o puedan cometerse daños materiales contra la propiedad pública o privada, como ha venido ocurriendo últimamente.
 La medida fue adoptada después de que un minero perdiera la vida en la ciudad de La Paz y otros resultaran heridos a causa del uso de dinamita en un enfrentamiento entre grupos antagónicos de mineros asalariados y cooperativistas, protagonistas de un prolongado conflicto por la explotación de una rica veta de estaño en el distrito de Colquiri y que el Gobierno no ha conseguido desactivar. La mecha sigue encendida y una nueva deflagración podría producirse en cualquier momento, a pesar del estado de ‘desesperación’ expresado por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y de las ‘súplicas’ del viceministro del área, Jorge Pérez, que participaron en la búsqueda de una conciliación entre los mineros enfrascados en sorda pugna.
Como quiera que el uso de dinamita es habitual en sus movilizaciones, los mineros han rechazado la prohibición recordándole al Gobierno que a punta de dinamitazos no solamente lograron atención a sus demandas y se conquistaron derechos sociales, sino que “gracias a la dinamita” desalojaron del Palacio Quemado a Gonzalo Sánchez de Lozada y, aunque en volátil momento, Evo Morales está en el poder. Además del rechazo, los mineros han desafiado al Gobierno advirtiendo que no van a permitir que el DS 1359 aprobado por la senadora Gabriela Montaño en los pocos días que estuvo a cargo del Poder Ejecutivo, sea elevado a rango de ley. También han dicho que no temen ir a la cárcel, porque “saben que las revoluciones siempre se han hecho con fuerza”, según uno de los dirigentes de los mineros de Huanuni que, además, ha sugerido que el Gobierno le prohíba a la Policía que lance gases lacrimógenos porque afectan a la salud…
Los aguerridos mineros están dispuestos a ir a una nueva pulseta con el Gobierno. Esta vez desafiando la prohibición, vía decreto, de sus explosivos y salvajes métodos de protesta con que tienen sometida en estado de pánico al grueso de la ciudadanía.

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