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jueves, 18 de octubre de 2012

OPINION sugiere que los dignatarios acusados de genocidio cuya extradicción se solicita a EEUU, deberían acudir "voluntariamente a los tribunales" con las garantías debidas. (Ver previus)


Previus. Se olvida OPINION de un fenómeno típicamente evista "el linchamiento", quién sería esa persona que esté dispuesta a venir y ser juzgado y que demandando las garantías pertinentes pondría a salvo su existencia? Ninguno, porque sería simplemente lanzarse al suicidio. Aún en el hipotético caso de brindarle garantías físicas para evitar su linchamiento, el juicio no podría "ser imparcial ni justo" frente a tribunales elegidos por el MAS, sino más bien anteladamente juzgados y condenados? Inviable la propuesta del diario cooperativo que antepone otros conceptos a los verdaderamente "reales y patéticos" que se dan en el caso.

Procesados.


Deberían someterse a la justicia boliviana. Dos procesados de tal importancia centrarían la atención internacional, con una garantía mayor a la que puede exigirse del Gobierno. 

El 17 de octubre de hace nueve años se inscribe en la historia nacional como una fecha luctuosa de la historia democrática. El grave enfrentamiento entre tropas del ejército y pobladores de El Alto de La Paz y sectores sociales, dejó 67 muertos y 400 heridos.

Los nueve años de estos sucesos han sido recordados ayer en la ciudad de La Paz con manifestaciones de protesta contra la Embajada de Estados Unidos, porque los sectores populares piden que el gobierno de ese país deje de proteger a dos de los principales protagonistas, señalados como responsables de la matanza: el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro de Gobierno, Carlos Sánchez Berzaín, que huyeron del país encontrando refugio en el país del norte, desde donde proclaman que son exiliados políticos.

Como en casi todos los hechos sangrientos que importan muerte, luto y dolor en las familias bolivianas, las responsabilidades sobre los que históricamente deben responder por sus actos, caen bajo el peso de la impunidad, lo que representa, por un lado, no sólo la falta de sanciones, sino la carencia de una oportunidad para desvelar los hechos y aportar al esclarecimiento histórico.

En Bolivia sólo el expresidente de la dictadura militar Luis García Meza, fue sometido a un proceso y condenado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto, en una acción judicial sin precedentes y que resultó en su tiempo algo inédito en los países de la región que salían de un largo período de las dictaduras castrenses que habían atentado contra los derechos humanos y contra las arcas del Estado, dejando tras de sí, una larga lista de personas asesinadas, torturadas, encarceladas y perseguidas.

En dictatura y en democracia las responsabilidades de los que gobiernan nunca pueden ser soslayadas. Los gobiernos de antes, como los de hoy, siempre deben pensar y ejercitar sus actos bajo el entendido de que un día responderán a la justicia y al pueblo boliviano.

Lo que ocurrió hace nueve años se conoce como la guerra del gas y tuvo su origen en la exportación de gas natural de Bolivia a EEUU y México, aunque el conflicto surge porque Gonzalo Sánchez de Lozada decide exportar por Chile. Las demandas sociales en tal sentido fueron no exportar el gas natural hasta que exista una política para abastecer el mercado interno, estudio de precios, asamblea constituyente y un pacto social con el Estado.

El expresidente Sánchez de Lozada acaba de reproducir en tres diarios su renuncia de aquellos días aciagos, donde culpaba por la situación a grupos corporativos, políticos y sindicales, sosteniendo que ese día, el de su renuncia, “murió la democracia”. La carta de su renuncia debe ser entendida en el contexto de aquél momento trágico en la historia nacional, aunque el pueblo boliviano sigue esperando esclarecimientos históricos y políticos a la luz del momento actual y del tiempo, que en todo caso, debía motivar que el exgobernante medite, ahora, con sentido autocrítico y valentía sobre sus responsabilidades.

La extradición de Sánchez de Lozada ante la justicia norteamericana no ha prosperado por diversas circunstancias y ante esta realidad, quienes son señalados como responsables, deberían someterse a la justicia boliviana voluntariamente, con garantías, que en todo caso, no serían pocas porque procesados de tal importancia concentrarían la atención internacional, que desde ya, sería una garantía mayor a la que puede exigirse del actual Gobierno. Esto aclararía además la participación y responsabilidad de otros actores y factores sociales y políticos.

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