Débil imperio de la ley en Bolivia
El índice 2016 de World Justice Project (http://worldjusticeproject.org), un organismo supranacional dedicado a verificar la forma en que se cumple con la ley en diversos estados del mundo, ubica a Bolivia en una posición —sobre 113 naciones— realmente muy baja. Nuestro país aparece en el lugar 104 entre Bangladesh (103) y Uganda (105). Encabezan el ranking Dinamarca, Noruega, Finlandia y Suecia. Los países latinoamericanos mejor ubicados son Uruguay (20), Costa Rica (25) y Chile (26). México está en el puesto 88, Argentina en el 51 y Brasil en el 52.
El índice para nuestro país registra 0,40 y para Dinamarca (primer lugar) 0,89. Dicho índice es producto de un conjunto de consideraciones, tales como limitación de los poderes gubernamentales, poca o ninguna corrupción, Gobierno transparente, democrático y con ejercicio pleno de los derechos fundamentales, orden y seguridad, correcta administración tanto de la justicia civil como de la justicia criminal, cumplimiento de regulaciones establecidas y en fin, otros elementos largos de citar en esta oportunidad. Todo ello configura en cada uno de los encuestados lo que comúnmente se llama el “estado de derecho” o el “imperio de la ley”.
Así, pues, los países son escalonados globalmente en torno al cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales sobre la base del índice que a cada cual le corresponde. Con respecto a Bolivia, el muy bajo nivel que ostentamos es un reflejo preocupante de nuestra realidad en materia legal. Hay mucho aún por hacer en Bolivia para llegar a ser un verdadero estado de derecho. Por diversas razones que sería largo detallar, nos encontramos en una triste situación en materia de administración de justicia y respeto a la ley. El tema viene de muchos años y tiende a empeorar. Cada tanto se habla y se habla, se promueven cumbres y reuniones, pero cualitativamente se hace poco o nada. Con pena debemos admitir que resulta denigrante para Bolivia estar en el puesto 104 sobre un total de 113 países. Los estados “coleros” de la lista-índice que mide el respeto a la ley son Afganistán, Cambodia y Venezuela, ésta en la última posición con un bajísimo nivel de 0,28.
El trabajo que se tiene por delante es arduo si de veras se quiere cambiar en Bolivia esta situación. Dos de los elementos para poder superar esta baja ubicación en la crucial materia del imperio correcto de la ley estriba en poder rescatar valores ético-legales esenciales y en saber aplicar las normas con absoluta igualdad y respeto. Nada de sesgos personalizados ni de cargos de presunta culpabilidad creados en torno a la llamada “judicialización de la política” ni sobre la base de otras cuestiones pseudo jurídicas mediante las cuales se persigue o se amedrenta psicológicamente.
Podrá decirse u opinarse lo que se quiera acerca de los índices presentados por el Proyecto de Justicia Mundial y sobre la manera en que han sido compuestos, pero es un hecho que ellos revelan facetas comparativas concretas entre los miembros de la comunidad internacional con respecto al cumplimiento de la ley. Y hoy por hoy Bolivia está bastante mal parada en la materia; esa es la realidad, no se la puede negar.
El autor es ex Canciller de Bolivia, Economista y politólogo
El índice para nuestro país registra 0,40 y para Dinamarca (primer lugar) 0,89. Dicho índice es producto de un conjunto de consideraciones, tales como limitación de los poderes gubernamentales, poca o ninguna corrupción, Gobierno transparente, democrático y con ejercicio pleno de los derechos fundamentales, orden y seguridad, correcta administración tanto de la justicia civil como de la justicia criminal, cumplimiento de regulaciones establecidas y en fin, otros elementos largos de citar en esta oportunidad. Todo ello configura en cada uno de los encuestados lo que comúnmente se llama el “estado de derecho” o el “imperio de la ley”.
Así, pues, los países son escalonados globalmente en torno al cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales sobre la base del índice que a cada cual le corresponde. Con respecto a Bolivia, el muy bajo nivel que ostentamos es un reflejo preocupante de nuestra realidad en materia legal. Hay mucho aún por hacer en Bolivia para llegar a ser un verdadero estado de derecho. Por diversas razones que sería largo detallar, nos encontramos en una triste situación en materia de administración de justicia y respeto a la ley. El tema viene de muchos años y tiende a empeorar. Cada tanto se habla y se habla, se promueven cumbres y reuniones, pero cualitativamente se hace poco o nada. Con pena debemos admitir que resulta denigrante para Bolivia estar en el puesto 104 sobre un total de 113 países. Los estados “coleros” de la lista-índice que mide el respeto a la ley son Afganistán, Cambodia y Venezuela, ésta en la última posición con un bajísimo nivel de 0,28.
El trabajo que se tiene por delante es arduo si de veras se quiere cambiar en Bolivia esta situación. Dos de los elementos para poder superar esta baja ubicación en la crucial materia del imperio correcto de la ley estriba en poder rescatar valores ético-legales esenciales y en saber aplicar las normas con absoluta igualdad y respeto. Nada de sesgos personalizados ni de cargos de presunta culpabilidad creados en torno a la llamada “judicialización de la política” ni sobre la base de otras cuestiones pseudo jurídicas mediante las cuales se persigue o se amedrenta psicológicamente.
Podrá decirse u opinarse lo que se quiera acerca de los índices presentados por el Proyecto de Justicia Mundial y sobre la manera en que han sido compuestos, pero es un hecho que ellos revelan facetas comparativas concretas entre los miembros de la comunidad internacional con respecto al cumplimiento de la ley. Y hoy por hoy Bolivia está bastante mal parada en la materia; esa es la realidad, no se la puede negar.
El autor es ex Canciller de Bolivia, Economista y politólogo
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