En Bolivia estamos manejándonos con el mismo método de la Rusia soviética. Hay que reconocer que la violencia física no se aplica como en las dictaduras militares o civiles de antaño. Se debe aceptar que ya no hay DIN, DOP, Control Político, ni Curahuara, ni Ñanderoga. Ahora (con excepción de las ejecuciones en el Hotel Las Américas) el comportamiento con los adversarios es más sutil: nada de violencia ni de sangre a la vista, para eso están los tribunales obedientes. ¿No resulta más limpio liquidar a alguien sometiéndolo a un juicio interminable y mientras tanto tenerlo retenido durante años con detención preventiva?
La justicia se ha convertido en el muy manido ejemplo de la espada de Damocles, pero es que no existe ejemplo mejor en este caso. Un individuo es acusado de algo que dicen sucedió hace mucho, que es muy grave, y se le notifica que debe presentarse a declarar en determinada fecha. La persona se presenta zurrada de miedo porque ignora de qué trata la acusación. Pues bien, le dicen que se puede ir de vuelta porque no llegó el abogado o el secretario y que debe retornar la semana siguiente. Durante toda la semana ese sujeto no hace sino pensar en cómo prepararse para su próxima audiencia y cuando se presenta, le dicen que se le ha fijado hora para el próximo mes porque el fiscal está con infección intestinal. La incertidumbre crece, la angustia se multiplica, y la tercera vez que el hombre – o la mujer – se presenta, llega excitado y lo acusan de presuntos delitos que no cometió.
Y ahí comienza la fiesta para unos y el drama para otros. Empieza una guerra psicológica brutal porque las acusaciones son graves y los acusadores poderosos. Y cuando se supone que el juicio va a proseguir su curso normalmente, resulta que vuelven las postergaciones de las audiencias y se fijan nuevas fechas y nuevas horas, y hay que buscar nuevos abogados, y se va al diablo el trabajo, y la relación familiar se tensiona porque el individuo está presa de los nervios. De golpe la causa se traslada a otra ciudad y hay que acudir con sus propios recursos a ese otro sitio, y en esa ciudad le dicen que tiene que regresar la próxima semana porque el juez ha sido cambiado o porque su abogado de oficio se ha ido del país.
A estas alturas las autoridades no lo han tocado ni con un dedo, su integridad física está intacta, nadie ha allanado su domicilio ni lo ha amenazado, pero el hombre está hecho trizas. Ha perdido el trabajo o lo lleva muy mal por las constantes citaciones fuera de la ciudad. Lo único que desea es que la tortura concluya luego de tantos meses. Es cuando le comunican que puede haber un juicio abreviado y que si se declara culpable le darán una pena benévola. ¿Culpable de qué? Bueno, le dicen que él sabrá cuál es su delito, que no lo vuelva a hacer. Y la persona lo entiende a la perfección: no hay que decir ni una sola palabra contra el “proceso de cambio”.
El ejemplo más emblemático de todo este método de la angustia y la incertidumbre ha sido Leopoldo Fernández, con el agravante de que a él lo tuvieron preso en San Pedro, en Chonchocoro, y ahora guarda arresto domiciliario en La Paz. Leopoldo se quedó sin sentencia hasta hoy y le robaron 8 años de su vida, tal vez los mejores, privado de su gente y de su pueblo. Y el otro caso grosero es el de los acusados de separatismo-terrorismo, de planear “magnicidio”, jóvenes que están encerrados otro tantos años y muchos de los cuales han tenido que declararse culpables, en juicios abreviados, para poder respirar libertad. Le dieron resuello al Gobierno, le sacaron las castañas del fuego, a través de los leguleyos venales que los acosaron. Aunque hay algunos que no van a ceder, que van a soportar la infamia hasta ver en una celda a sus acusadores. El colmo de la crueldad es que el general Prado tuviera que declarar en las audiencias desde una camilla, agobiado por el dolor, y que Ronald Castedo tuviera que hacerlo con un corazón enfermo a punto de colapsar.
¿Y el gobernador Rubén Costas? ¿No lo tienen todas las semanas asistiendo a audiencias siempre postergadas impidiéndole trabajar normalmente? ¿Y el ex gobernador del Beni Ernesto Suárez, de tan buena gestión? ¿Y finalmente el jefe de UD Samuel Doria Medina? ¿Y Tuto Quiroga? ¿Y el alcalde Revilla? ¿Y Soledad Chapetón? ¿Y el alcalde Leyes? ¿Y tantos otros adversarios del régimen? ¿No los vemos asistiendo a audiencias intencionalmente fallidas con el único ánimo de molestarlos?
Ninguno de los citados ha recibido una paliza ni ha sufrido un atentado, excepción del incendio de la alcaldía de El Alto. Todos están sometidos a los dictados de una justicia vendida que ni siquiera pronuncia un fallo. Este Gobierno no provoca dolores físicos, no rompe huesos, su propósito es matar poco a poco el espíritu, el alma de quienes son más débiles.
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