Muchas autoridades no terminan de comprender que hay principios universales que deben ser respetados cuando se ejerce el poder de una nación y cuando se está en el llano. Se va haciendo costumbre, lamentablemente, lo contrario; es decir, los principios son enarbolados cuando se está en el llano y olvidados cuando se ejerce el poder.
Hay infinidad de ejemplos sobre el tema. Los más peligrosos son aquellos que directamente tienen que ver con la seguridad personal de los ciudadanos bolivianos. Aquello de que el acusado “tiene que demostrar su inocencia” se generaliza y lamentablemente no son pocas las autoridades (incluso las que son abogados de profesión) que sostienen, sin ningún rubor, esa grosería que elimina el básico principio de la presunción de inocencia. Asimismo, cuando las autoridades procesan a abogados defensores de sus víctimas judiciales, llegándose a afirmar que se debe sancionar a quienes defienden a delincuentes (así calificados por esas mismas autoridades).
Ahora, con la sucesión de hechos que ponen en duda el buen funcionamiento institucional del Estado y se constituyen en serios indicios de corrupción, a partir fundamentalmente del tráfico de influencias (caso de la escasez de agua, LaMia, TAM, Fondioc y un largo etcétera) se busca responsabilizar de las irregularidades a los “mandos medios”, como si estos aparecieran por casualidad. En países organizados y donde el sentido de dignidad aún se valora, es inadmisible que una autoridad acuse a los “mandos medios” de errores. La responsabilidad política es de la autoridad que, por lo demás, es la que ha elegido a esos mandos medios.
Si a eso se suma que hay una tendencia a sancionar a los funcionarios más débiles (una secretaria, un mensajero, un chofer) para salvar a los dignatarios, no sólo que se vulneran básicos derechos humanos, sino que se deslegitima aún más a la autoridad responsable.
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