La denuncia hecha por el presidente de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre que un funcionario de esa repartición “vendía” a oficiales de las FFAA condecoraciones inexistentes, ha provocado su destitución y consiguiente procesamiento.
Este hecho puede ser analizado desde varias aristas. Una, que la autoridad mencionada ha roto una costumbre arraigada en el oficialismo: socapar los actos de corrupción de sus adherentes y, obviamente, el exfuncionario lo era, y si bien una golondrina no hace verano, cómo beneficiaría al país y al propio MAS introducir esta práctica en su rutina.
Otra arista, empero, es que por lo que se sabe no se ha hecho nada en contra de los militares que compraron esas condecoraciones inexistentes para incluirlas en sus hojas de vida y mejorar sus posibilidades de ascenso. Se trata, sin duda, de una actitud indigna que, lamentablemente, forma parte de otra costumbre que se arraiga en el mundo castrense en el que las denuncias de corrupción aumentan día que pasa.
En ese sentido, ¿cómo ascender a oficiales que compran condecoraciones y las utilizan para ese fin? Peor aún, que la denuncia de este ilícito comercio no haya provenido de los mandos militares permite inferir o que su departamento de recursos humanos es altamente incompetente o en él se avala este tipo de falsificaciones.
En ese contexto y frente a un generalizado deterioro ético en la administración estatal, parece necesario impulsar una campaña de remoralización funcionaria que debería estar vanguardizada por las más altas autoridades estatales, hoy, lamentablemente, sólo interesadas en mantenerse a como dé lugar en el ejercicio del poder.
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