Erika Brockmann se refiere "al tsunami legítimo que provoca la carestía de agua", sino a la doble moral del MAS, que practica la transfencia de recursos a bolsillos privados y protesta porque en el pasado se hubiese hecho lo mismo.

No me sumo al tsunami de tinta y legítimo reclamo por la súbita pesadilla colectiva provocada por la carestía de agua. Sin embargo, con ese sentimiento de impotencia contagiante, cuestiono airadamente la doble moral gubernamental cuando, por un lado, practica y, por el otro, condena las transferencias públicas privadas de recursos del Estado. Y es que la penalización de este tipo de transferencias es el argumento central de la acusación contra Samuel Doria Medina y otras autoridades a propósito del caso Focas/Fundapro.

Los ‘refundadores del país’ no pueden entender las “condiciones objetivas ni subjetivas” (uso sus términos) que rodearon la inédita y celebrada condonación de $us 300 millones por parte de EEUU a cambio de crear Fundapro y otorgarle un crédito para apoyar a pequeños productores. ¡Es esta la transferencia antipatria que provocaría un gravísimo daño al Estado! A ese ‘daño’ se habría sumado el inaceptable interés del 1% concesional, similar al actualmente aplicado a millonarios créditos estatales a empresas públicas, muchas de ellas con dudosos resultados respecto a su situación económica, rentabilidad y capacidad de pago.

Abundan los argumentos legales y de sentido común que pulverizan la batería discursiva de esta maniobra acusatoria. Pregunto a los torquemadas: ¿acaso el Fondioc no se basa en un modelo que transfiere recursos públicos a actores privados? La misma pregunta aplicaría al Prosol, cuyo objetivo final es apoyar la producción de campesinos tarijeños. Por sus fines y objetivos, no habría razón para condenar ninguno de estos programas. Los nubarrones aparecen a la hora de comparar su manejo y resultados. Si Fundapro multiplicó la semilla de esos 20 millones garantizando su sostenibilidad en el tiempo, distinta es la historia del Fondioc, cuya corrupción lastimó irreversiblemente la reputación de la dirigencia indígena campesina y que aún nos golpea con sus obras fantasma.

Con distinto fin se tienen a las cuestionables transferencias de una buena parte de recursos del programa Evo cumple destinados a sedes sindicales y a la donación de vehículos para la dirigencia de organizaciones alineadas políticamente al ‘instrumento político’. La cereza de la torta resultó ser el turismo político, social y sindical (no de servidores públicos) so pretexto de una ‘diplomacia de los pueblos’, que no es otra cosa que el encuentro de organizaciones sociales y dirigencias leales o cooptadas por el populismo clientelar. En este contexto, no es casual que, según el Latinobarómetro 2016, Bolivia sea el único país que coloca la corrupción como el primer problema a encarar. A la impostura se suman las ‘ies’ de un noviembre que desnuda incompetencia e improvisación gubernamental y de una dirigencia social a la que la gente ya no respeta y comienza a repudiar