no solo LTD, tambien El Deber se ocupa de la represión y crisis en Venezuela, que se encuentra empobrecido, le falta alimento, la criminalidad incontrolable, pedido por nuevas elecciones, Venezuela está en drama, las protestas aumentan y todos piden aplicar la Carta Democrática para resolver el conflicto. El Deber hace votos por una solución incruenta para devolver la Paz a Venezuela.

Represión y crisis en Venezuela

EL DEBER 

                                           

En Venezuela el régimen de Nicolás Maduro arrastra una profunda crisis desde hace mucho tiempo. El país hermano -con una de las reservas más grandes de petróleo del planeta- se encuentra empobrecido, con desabastecimiento alimentario, muertes por falta de medicamentos y encima una creciente criminalidad. Se suma un pedido clamoroso -nacional e internacional- que exige llamar pronto a elecciones para restablecer la democracia, seriamente dañada por quienes mandan en esa atormentada nación en nombre del llamado Socialismo del Siglo XXI, proceso populista que por lo visto y hecho ha fracasado. 

En estos momentos la situación venezolana ha llegado a un punto dramático. Más de veinte muertos se cuentan en los últimos días como resultado de duros enfrentamientos entre opositores y cuerpos represivos del oficialismo. 

Las protestas aumentan por doquier. El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y numerosos líderes del hemisferio se han unido en torno a la necesidad de aplicar la Carta Democrática Interamericana para resolver el conflicto. Gran parte del pueblo venezolano demanda elecciones libres lo más pronto posible, algo que Maduro y sus seguidores quieren impedir a toda costa. Pese al registro contabilizado de firmas de varios millones de personas, tampoco se autorizó el referendo revocatorio. Hace poco se quiso anular al Congreso aunque luego Maduro dio un paso atrás por la presión externa. El pluralismo democrático no funciona debidamente en Venezuela. Varios países europeos y personalidades mundiales también exigen comicios y protestan por la incitación a la violencia de Maduro. 

Por otro lado, no faltan quienes alegan “acciones digitadas por el imperio”. Ante el drama del otrora próspero estado caribeño, esta gastada teoría conspirativa tiene escasa resonancia, aunque constituye el argumento predilecto de Evo Morales, quien reiteró su apoyo al régimen de Maduro. La posición del primer mandatario boliviano deja bastante que desear. El apoyo a su colega de Caracas podría haberlo presentado de otra manera, máxime en la actual situación, donde palpablemente la democracia pluralista en ese país está siendo avasallada.

Hacemos votos por una pronta conclusión pacífica del conflicto, sin más muertos ni enfrentamientos. Maduro debe convocar a elecciones generales lo más pronto posible para frenar la escalada de violencia, restaurar la democracia y devolverle la tranquilidad y la esperanza de tiempos mejores a los venezolanos. 

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es triste y dramático que de nuevo "el masismo" elabore un menú interminable de "condiciones que deben tener" los candidatos a ser postulados en octubre a una elección de magistrados y jueces. Roberto Laserna con la valentía que le es meritoria se refiere a "las maniobras el manoseo" que tiene lugar dentro de la Asamblea para "escoger a sus candidatos...de nuevo la "masistización de lo judicial?

Requisitos arbitrarios para la elección de jueces

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Roberto Laserna

La Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama el derecho a la defensa legal de todas las personas, cualquiera que fuera el delito del que fueran acusados (art 8 y 11). Ese derecho está garantizado también por la CPE (art. 13, 119 y otros). La garantía de que esos derechos sean respetados lo constituye el fuero especial del que gozan los abogados, quienes no pueden considerarse cómplices de sus clientes por el hecho de representarlos o defenderlos, y mucho menos ser castigados por los delitos que sus clientes pudieran haber cometido.

En estos momentos la Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional de Bolivia debate cómo violar esos derechos en el reglamento de selección de postulantes a cargos electivos en el sistema judicial.

En efecto, el reglamento busca establecer las condiciones y los requisitos de preselección y calificación de los postulantes, de entre los cuales la Asamblea elegirá los candidatos que serían finalmente elegidos por voto popular.

Entre los requisitos comunes a todos los postulantes se plantean varios que no se relacionan con la capacidad profesional o la probidad, y que tienen una fuerte carga subjetiva. En uno dicen que los postulantes no deben “haber ocupado cargos en empresas extranjeras transnacionales que tengan contratos con el Estado” o de haberlo hecho, tiene que haber sido hace más de cinco años. Obviamente, hace cinco años no se sabía de la existencia de este requisito, por lo que se “castiga” a las personas por un hecho que no era irregular en ese momento. Pero además se presume que quienes trabajan en empresas extranjeras contratadas por el Estado son dañinos, ya porque se aprovecharan del Estado o porque promovieran actos de corrupción. Tal presunción es arbitraria y además ofensiva para el propio Estado, pues supone que sus funcionarios son o tontos o corruptos.

También define como requisito común a todos el “no haber participado en eventos (documentados) que comprometan la probidad del postulante”. Si por probidad se entiende “moralidad, integridad y honradez en las acciones”, por supuesto que es un requisito deseable. La cuestión es quién y cómo se juzgan las acciones? ¿Y qué documentos valen?

Además de estos requisitos generales, para cada tribunal se establecen también requisitos específicos.

Así, para el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, se exige que no haya “patrocinado a personas que resultaren culpables de la comisión de delitos contra la unidad del estado”, que no haya “patrocinado procesos de entrega o enajenación de recursos naturales o del patrimonio nacional” y que no haya “patrocinado sistemáticamente a personas que hayan sido condenadas con sentencia ejecutoriada por delitos de narcotráfico con excepción de defensores públicos”.

En estos casos la Asamblea condena de hecho a los acusados por esos delitos incluso antes de los juicios, cuando se presumía su inocencia también por mandato constitucional, impidiendo su adecuada defensa, ya que sus abogados sufrirían exclusiones profesionales por el sólo hecho de haberlos defendido. 

Pero además incluye un “delito político” como el de la “entrega o enajenación de recursos naturales o del patrimonio nacional”. Este no es un delito que forme parte de nuestro ordenamiento jurídico sino que resulta de una definición política que conlleva un alto grado de arbitrariedad. ¿Qué significa haber patrocinado la enajenación de recursos naturales? ¿Haber evaluado contratos de exploración y explotación petrolera? ¿Haber asesorado a la Comibol en la venta de minerales? ¿Haber participado en la subasta de bonos del tesoro en la bolsa de Nueva York? Lo que se pretende hacer al incluir este requisito es, obviamente, excluir de competencia a postulantes que hubieran trabajado para los gobiernos anteriores, que son genéricamente acusados de “delito”, ya que los encargados de la actual enajenación (que en rigor significa transferencia de dominio o venta de un bien) serán definidos como patriotas por mayoría. Se trata, por lo tanto, de un requisito político inaceptable en un proceso que aspira a concentrarse en los méritos profesionales.

En el caso del Tribunal Agroambiental los requisitos de exclusión se amplían a los miembros del Consejo de Reforma Agraria, el INRA y el Instituto de Colonización, y a quienes fueran propietarios, socios o abogados de empresas o predios agrarios “dedicados al uso o aprovechamiento comercial de recursos naturales o de biodiversidad”. ¿Qué predio agrario no lo está? ¿Resulta ahora que eso es un delito? Es más, habrá que considerar que quien aprovecha comercialmente, produce y vende, la sagrada hoja de coca, patrimonio nacional, está excluido de participar en elecciones para ser miembro del tribunal agroambiental. ¿Se darán cuenta en la Asamblea el mensaje que están enviando al Presidente del Estado Plurinacional? ¿Y a millones de bolivianos que trabajan en minería, forestería, agricultura, ganadería y otros sectores que usan recursos y patrimonio?

Estos requisitos estaban en un borrador del reglamento debatido. Es de esperar que no los incluyan en la versión final, porque de otro modo estarán demostrando que, nuevamente, la elección de magistrados será manoseada y deslegitimada desde su origen.

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justa la expresión de Susana cuando se refiere a la masacre del Hotel Américas, 8 años hace.

Al pan, pan y al vino, vino

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Susana Seleme Antelo

La justicia sin libertad es la dictadura, y la libertad sin justicia, la ley del más fuerte”.
Albert Camus

Nadie, ni en nombre de la libertad y la igualdad cobijadas en utopías cuya presentación alude al paraíso sobre la tierra, tiene derecho a usar la fuerza, la coerción, la represión, hasta matar, contra los que piensan diferente. Nadie, ni en nombre de religión, credo o cultura alguna, ni siquiera en aras a un supuesto progreso de los pueblos, tiene el derecho de ir contra el respeto de libertades individuales, que garantizan los derechos del hombre y del ciudadano/a.

Empero, después de declarados esos Derechos, la historia está plagada de ejemplos que hablan de retrocesos y afectan, como apunta Fernando Savater, a las bases del “socio-liberalismo, que ha sido hasta ahora, al menos desde la II Guerra Mundial, el substrato sobre el que se sostiene el sistema democrático”. Se trata de la emancipación de los individuos y su libertad, que los convierte en sujetos políticos, ajenos a cualquier vasallaje de “órdenes jerárquicas y ganaderías humanas”, como bien apunta el escritor español.

Hay quienes se suben al carro de la historia por la vía de la democracia y el voto ciudadano y desde el poder, desconocen aquel substrato liberal y lo atacan, para navegar por la deriva autoritaria, desechando la pluralidad, el debate político y la confrontación de ideas en democracia. También lo hacen desde la hegemonía de ‘mayorías étnicas’, para arrogarse el derecho de usar el poder político con el fin de ejercer una dominación social, económica y cultural total, abusiva, intolerante/intolerable.

Ese ejercicio suele estar acompañado de desvaríos continuistas, culto a la persona, pesadas burocracias extorsionadoras que socapan la corrupción y diezman el bien público, como el régimen de Evo Morales en Bolivia. Insaciables, de poder político, territorial y material, él y sus hombres han judicializado la política, mediante la violencia real y simbólica, el apremio, el chantaje, la persecución, la cárcel y los interminables juicios a los opositores políticos.

No escapa a esa represiva situación, la muerte, como aquellas del 16 de abril de 2009, con asalto al hotel ‘Las Américas’ en esta ciudad. Allí, un comando de elite del régimen asesinó extrajudicialmente a tres extranjeros, hecho que dio lugar a un tenebroso juicio político, bajo la carátula político-judicial de ‘terrorismo-separatismo’, urdido en las sombras del poder central y sus padrinos políticos externos. Sin cuerpo de delito que tuviera asidero terrorista-separatista, ni prueba alguna que lo sustente, solo el impulso político de barrer de hecho con las autonomías que se impulsaban en el país, el juicio tiene 39 imputados, tres aun presos, otros con libertad domiciliaria, algunos sometidos a procesos abreviados y muchos exiliados, solo por pensar diferente.

La violencia política de Morales tiene muchos otros nombres en 11 años de ejercicio autoritario, violatorio del Estado de Derecho y las libertades ciudadanas. Y cuando dos expresidentes, Jorge Quiroga y Carlos Mesa, el exvicepresidente Victor Hugo Cárdenas; el gobernador de Santa Cruz Rubén Costas, jefe de su partido, Unidad Demócrata Social; el alcalde de La Paz, Luis Revilla, también Jefe de su partido, Soberanía y Libertad, y el jefe de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina presentan la “Declaración conjunta en defensa de la democracia y la justicia” (04.12.2017), el régimen se rasga las vestiduras.

Vuelvo a Camus, quien certeramente afirmó que “Cada vez que una voz libre intenta decir, sin pretenciosidad, lo que piensa, un ejército de perros de presa de todo pelaje y color ladra furiosamente para tapar su eco”. Ese ejército son los hombres del régimen de Morales y su Vice, quienes sin argumentos para contrarrestar las verdades expresadas en el documento, ladran con insultos y vituperios contra los firmantes. Ellos le dieron voz a la preocupación de la sociedad civil por el devenir de la democracia en Bolivia, y “por el poder judicial convertido en instrumento de persecución política”. También manifestaron su rechazo a la re-re-reelección de Evo Morales a la Presidencia, en 2019, intento que ya fue rechazado por la sociedad boliviana en el Referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando el NO ganó con voto popular.

Los firmantes denunciaron “ante la opinión pública nacional e internacional las acciones gubernamentales que se planifican y se realizan poniendo en entredicho las libertades ciudadanas en Bolivia” así como “la ruptura de los límites de la independencia y coordinación entre poderes… y haber creado normas arbitrarias a su medida para facilitar acciones en contra de sus adversarios, a quienes en realidad considera sus enemigos”.

La mayoría de los firmantes como cientos de ciudadanos, están sometidos “a procesos y juicios cuyo único objetivo es descabezar a quienes expresan ideas y posiciones distintas y críticas de quienes gobiernan, para evitar la conformación de alternativas democráticas”.

Esa fue una declaración política necesaria y oportuna, cuando el régimen cocina otros manotazos a la separación de poderes para conformar un órgano Judicial y una administración de justicia mejor calzada a su medida. Buscarle ‘peros’ a esa declaración en este momento, no es loable. Que de ella salga la ‘unidad’ que requiere la oposición política futura en Bolivia, es harina de otro costal. Al pan, pan y al vino, vino.

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la misma pregunta nuestra. si "cobraba por sus servicios de alcoba" entonces la tarifa era muy alta..y "si los clientes eran generosos" subsiste la duda por las cuantiosas sumas de dinero...persiste la idea del Tráfico de Influencias" Carlos Valverde

Valverde: Si Zapata era prostituta por qué hacía entregas a nombre del gobierno

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El periodista y analista político Carlos Valverde, en su programa de opinión vía redes sociales, se refirió a las declaraciones de Gabriela Zapata, quien en su audiencia señaló que su patrimonio fue logrado gracias a sus relaciones sentimentales.

Carlos Valverde: “Pobre Gabriela Zapata, que dice que su patrimonio es fruto de sus relaciones sentimentales. Debe ser jodido y muy duro declararse puta públicamente y decir que no lo perjudicó al presidente Morales y que no se benefició de la CAMC. Entonces como puta, fue cara, porque nadie tiene un patrimonio de 711 mil dólares gastados en un año por prostituirse. Cómo explicar a sus hijos que te prostituís para conseguir todo lo que uno tiene. Como justificar 711 mil dólares, solo en el año 2015”.

“¿Para que compró la empresa Comsilium cuando estaba en la CAMC? De inmediato la ligó a construcciones militares, gracias a su relación con el presidente Morales. ¿Por qué? Si era una prostituta, ¿por qué estaba haciendo entregas a nombre del gobierno nacional?”

“Cual la necesidad de la prostituta, de estar en esta línea tan delgada que la podría perjudicar, sin embargo ella se sentaba en la oficina de la primera dama. No entiendo por qué cayó tan bajo Zapata, ¿para liberarlo al presidente?”

“Si no se metió con el Estado, que hacía hasta las diez de la noche en las oficinas de Gestión Social, que es el espacio de la primera dama. No me van a decir que ella ejercía la prostitución en ese lugar”.

“Para haber tenido un patrimonio que pasa los dos millones de dolares, ¿cuántos chinos y cuánto le pagabán? Ella se está inmolando, no por amor a Evo Morales, sino por condición”.

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es el grupo de choque de Evo, lo utiliza para todo, para autoproclamarse, para bloquear, para hacer declaraciones de las más variadas, es grupo amorfo, asalariado, se presta para todo, pero no da la cara, es anómico y en ocasiones aparece armado y se moviliza allí donde Evo ordena.

Conalcam for export

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Luego de una reunión con el presidente Morales, los dirigentes de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) emitieron un manifiesto denominado “En defensa de la vida y la paz en el mundo”, en el que condenan la guerra y rechazan el uso de armas nucleares, aunque en ninguno de los puntos mencionan al armamento químico.

Con esta expresión, los líderes campesinos e indígenas más cercanos al gobierno nacional, se hicieron eco de los rumores que afirman que, con los recientes ataques al Medio Oriente, ha empezado la Tercera Guerra Mundial. Estos señoritos que ahora se muestran tan pacifistas son los responsables del “cerco a Santa Cruz” que se produjo en septiembre de 2008 y que amenazaba con desatar la violencia en nuestra capital.

Aquella vez, milicias armadas rodearon la ciudad y en algunos puntos se produjeron enfrentamientos que dejaron como saldo un joven asesinado. Ellos mismos participaron en la toma de la prefectura de Cochabamba y en otros hechos violentos que ha usado el “proceso de cambio” para imponer su hegemonía. A lo mejor habría que averiguar el verdadero motivo de la reunión del primer mandatario con el Conalcam, una entidad que seguramente dará mucho que hablar en el camino reeleccionista, que no estará exento de abusos y de tropelías que muy bien saben perpetrar estas “palomas de la paz”.

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hay fechas ya imposibles de olvidar 21F es una y 21F2 es otra, un a tercera ahora 12A que Iván Arias incorpora al calendario cívico donde aparece la declaración de los SEIS que han planteado lo posible y lo deseable para preservar la Democracia y buscar la Justicia. no es documento electoral, es un mandato de UNIDAD que dice a las claras lo que BOLIVIA quiere hoy y siempre.

12A: Lo posible y lo deseable

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Iván Arias Durán


El Gobierno está, cada vez más, reactivo y boquiabierto por la oposición que ha retomado la iniciativa en casi todos los frentes. En este año, por citar los más importantes, el régimen fue sorprendido por la convocatoria ciudadana a festejar el 21F y por la emergencia de seis líderes opositores el miércoles 12 de abril (12A).En el primer caso pensaron que la idea era una locura, que no tendría respaldo popular; pero tuvieron que quedarse callados ante la contundencia de las concentraciones que pedían respeto a la CPE y no a la reelección.

Sobre la salida de los líderes políticos, tuvieron que tragar mucha saliva antes de contestar, pues, ni se la olían.

Me imagino que ver la foto les sacó ronchas de temor y sufrimiento, porque estaban seguros que la oposición sería incapaz de sentarse bajo un mismo objetivo. Los seis líderes suman, entre todos, 150 juicios seguidos por el gobierno. Creyeron que el exilio de cientos de bolivianos, el encarcelamiento de otras decenas, la persecución a periodistas independientes, la cooptación de los medios de comunicación, el acoso judicial a Samuel, el encarcelamiento de Leopoldo, Ernesto y Eduardo León; además del maltrato y desprecio legal a Gualberto Cusi, los tendría divididos, atemorizados y agazapados en sus respectivas trincheras.

Pero, se equivocaron. Este 12A los seis líderes, por encima de sus diferencias y primando el bien común de la patria, firmaron un pronunciamiento donde el primer pedido es frenar la persecución política; el segundo, respetar al voto del referendo del 21F; y el tercero, conformar una comisión extraparlamentaria independiente para evaluar a los candidatos postulantes a magistrados. El documento suscrito termina diciendo que trabajarán unidos para denunciar nacional e internacionalmente “las acciones gubernamentales que se planifican y se realizan poniendo en entredicho las libertades ciudadanas en Bolivia”. Anticipan que, entre otras acciones, impulsarán “un informe serio y documentado” de la persecución contra la oposición a lo largo de los 11 años de gestión de Morales.

Esta acción ha sido, por el grueso de la ciudadanía, valorada como un gran gesto que abre la expectativa que ya no estamos desamparados y que hay ojos vigilantes, voces dispuestas a denunciar y personas dispuestas a actuar, de forma unida, en defensa de los derechos civiles y políticos. Sin embargo, como siempre, no se puede contentar a todos, pues, no falta los perfeccionistas: que por qué no se invitó a otros líderes, que por qué solo hombres; que por qué no hablaron del futuro y solo se centraron en cosas coyunturales; que por qué parecían monolitos incapaces de sonreír; que por qué no invitaron a agrupaciones ciudadanas que se las jugaron el 21F; que por qué no hablaron de las elecciones? Y los más radicales, los defenestraron diciendo que todos ellos son el pasado.

Los que tanto hablan de renovación y cambio en los liderazgos, por qué no salen de Facebook y se ensucian los pies, dando la cara y haciendo política abierta? Quien les impide decir que quieren construir y ser poder alternativo? “Salgan de sus asientos y propongan. Dejemos de creer que el país es una página web y que nuestro rol se limita a criticar sin proponer. La construcción de un país requiere del concurso de todos” (Lorena Sugier)

No se trata de una unidad electoral, no estamos en tiempo electoral, sino de una unidad natural. No tienes que ser gran analista para ver que estamos ante un gobierno que, cada día más, asfixia las libertades y que, por ello, se debe dar la unidad natural de las fuerzas democráticas.

Eso pasó en Chile con la dictadura de Pinochet, y eso pasó aquí con las dictaduras de Banzer y García Mesa. En esos casos, se disuelven las diferencias ideológicas y los líderes y ciudadanos pasan a defender la democracia, como bien común. Con el gobierno de Evo Morales, las libertades y el estado de derecho, al igual que en Venezuela, están cada vez más limitadas a nombre de una ficción de revolución. Es de ciegos no darnos cuenta que hace rato, esto se ha convertido en un absolutismo, en un gobierno abusivo y despilfarrador del bien público, en favor de la corrupción de una casta detentadora del poder.

A nombre de todos los bolivianos, se están haciendo cosas que los vecinos y el continente, tarde o temprano, nos las van a cobrar. El embajador Sacha Llorenti, desde la ONU, ha alineado al país con Rusia, Irán y Corea del Norte para defender al tirano Sirio que asesina niños con gas sarín. Esto es inaudito. Sacha no puede defender a un criminal, respaldándose en el nombre de Bolivia. No puede poner en riesgo la causa marítima y, peor aún, irradiar la imagen de un país “templo del narcoterrorismo”.

Los que actuamos desde las agrupaciones ciudadanas durante estos 12 años de resistencia, debemos tener bien claro que el pronunciamiento del 12A, es la respuesta y respaldo a las causas democráticas que, hasta hoy, defendíamos desde los foros y redes sociales. Producto de nuestra resistencia hemos comprometido a los líderes políticos, llevar adelante acciones dentro y fuera del país. Desde las redes hemos pedido señales de unidad y, con las limitaciones propias del proceso, han reaccionado. No estamos solos, nos acompañan.

No es la oposición deseable, pero es la que hoy existe para defender la democracia. Su unión es nuestra victoria. La respuesta de los seis líderes democráticos de Bolivia se suma a la nuestra, para decirle al régimen basta, no destruyan más la patria! En todo caso, sus actos futuros nos dirán si valió la pena la esperanza.

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uno de los 6 que han firmado un trascendental documento opuesto al Régimen es Carlos Mesa que explica su postura con claridad en el texto que sigue. es en todo caso una toma de posesión en favor de la Democracia y de la Justicia en un Estado pleno de Derecho.

Sobre nuestra declaración del 12 de abril

Los Tiempos |

Lo que los bolivianos esperan es una propuesta de futuro tanto de unos como de otros. Si logramos instalar esa idea, Bolivia habrá ganado. Es no sólo posible sino deseable, que se ponga en el tapete más de una visión del horizonte que queremos, pero antes es imprescindible que las reglas democráticas se respeten y se cumplan.

La batalla por la democracia es una acción permanente de la que depende la salud de este bien superior de la sociedad boliviana.

Durante los once años de gobierno del Presidente Morales nuestra democracia estuvo condicionada por la conformación de una sólida mayoría que permitió la imposición de la hegemonía de un partido político que llevó adelante un significativo proyecto histórico. Nacido del voto popular, no de una revolución violenta, ese proyecto estuvo a caballo entre los condicionantes de la limitación del poder inherente a nuestro modelo republicano, y sus tendencias intrínsecamente autoritarias. La democracia, entendida como un sistema de controles y equilibrios y sustentada en la limitación del poder, no es el tipo de agua en la que el Movimiento al Socialismo se mueve con comodidad. Por eso, su meta estuvo siempre marcada por la búsqueda del poder total, más allá incluso de la razón inicial de su llegada al gobierno que tenía que ver con una transformación profunda del país.

En todo este tiempo la oposición no pudo enhebrar una respuesta adecuada. Primero escogió la confrontación de poder a poder, incluido el escenario de la violencia. En 2008 el gobierno demostró que en ese terreno y en ese momento de la historia su fuerza era mayor, pero lo era también la legitimidad de su mandato popular. La derrota de los opositores fue dramática y apuntaló el discurso implacable de respuesta gubernamental. Baste ver dónde están ahora los ex gobernadores José Luis Paredes, Manfred Reyes Villa, Mario Cossío, Ernesto Suárez y Leopoldo Fernández. Fue la aplicación de la lógica del todo o nada, del amigo enemigo, del todo con nosotros nada en nuestra contra…del uso, en suma, de un vendaval que arrasó con el estado de derecho.

Fue la descarnada comprensión de que poder y proyecto eran una sola cosa. Desde el principio de la gestión se buscó y se logró el control del Legislativo y el descabezamiento y control de los Órganos Judicial y Electoral. La oposición intentó desde 2009 una respuesta no sólo fragmentada sino electoralista, el resultado a nivel nacional puso en evidencia que ese no era el camino. La carga simbólica y el poder de convocatoria del Presidente estaba muy por encima de los liderazgos de oposición, como se comprobó en 2009 y 2014. Esa evidencia engañó al propio gobierno y le hizo pensar que todo estaba ganado y todos los hilos estaban bajo su control. Las elecciones subnacionales primero, las elecciones judiciales después y el Referendo del 21 de febrero finalmente, demostraron que el poder discrecional y absoluto cansa y genera rechazo.

Quienes defendemos una visión diferente de lo democrático tardamos en entender que la unidad es un imperativo, no para organizar un frente electoral, sino para defender valores. El comprensible cálculo de costo-beneficio de no juntarse con este o este otro jefe político o exmandatario, por su pasado, porqué está mas a la derecha o más a la izquierda, porque su cercanía “te perjudica”, fue siempre una gran noticia para los gobernantes.

Una parte muy significativa del pueblo boliviano nos dio una lección a todos. Lo que no se lograba en la cúpula se expresó con gran claridad en las urnas y en las calles. Lo que estaba y está en juego son cuestiones esenciales: la independencia y separación de poderes, el respeto al estado de derecho, el sometimiento a la Constitución, y la transformación radical de un sistema judicial podrido hasta las raíces. Era imprescindible responder a la demanda, no inventarla, el clamor se había instalado desde 2011. Se trataba, en consecuencia de un imperativo. Lo que hicimos el 12 de abril fue eso, responder a un mandato, comprometernos a defender una forma de convivencia, recuperar las bases de una vida en comunidad regida por la Constitución y las Leyes, para que el día de la próxima elección nacional quienes crean ser los candidatos idóneos a la presidencia y —sobre todo— el pueblo que los elegirá, tengan la certeza de que lo harán en el contexto de unas reglas razonablemente justas y equilibradas y con instituciones —sobre todo la referida a la justicia— más creíbles.
Esto es el legítimo juego democrático, no otra cosa.

El gobierno debe entenderlo así. No tiene mucho sentido que su respuesta a esta iniciativa de la oposición sea coleccionar adjetivos descalificadores, agravios personales y cuentas de un pasado que, en sus profundas sombras, nadie quiere repetir. Quienes gobiernan deben entender a su vez que tienen un pasado y que ese pasado también tiene profundas sombras. Lo que los bolivianos esperan es una propuesta de futuro tanto de unos como de otros. Si logramos instalar esa idea, Bolivia habrá ganado. Es no sólo posible sino deseable, que se ponga en el tapete más de una visión del horizonte que queremos, pero antes es imprescindible que las reglas democráticas se respeten y se cumplan.
El autor fue presidente de la República.

Twitter: @carlosdmesag

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