Al pan, pan y al vino, vino

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Susana Seleme Antelo
La justicia sin libertad es la dictadura, y la libertad sin justicia, la ley del más fuerte”.
Albert Camus


Nadie, ni en nombre de la libertad y la igualdad cobijadas en utopías cuya presentación alude al paraíso sobre la tierra, tiene derecho a usar la fuerza, la coerción, la represión, hasta matar, contra los que piensan diferente. Nadie, ni en nombre de religión, credo o cultura alguna, ni siquiera en aras a un supuesto progreso de los pueblos, tiene el derecho de ir contra el respeto de libertades individuales, que garantizan los derechos del hombre y del ciudadano/a.

 Empero, después de declarados esos Derechos, la historia está plagada de ejemplos que hablan de retrocesos y afectan, como apunta Fernando Savater, a las bases del “socio-liberalismo, que ha sido hasta ahora, al menos desde la II Guerra Mundial, el substrato sobre el que se sostiene el sistema democrático”. Se trata de la emancipación de los individuos y su libertad, que los convierte en sujetos políticos, ajenos a cualquier vasallaje de “órdenes jerárquicas y ganaderías humanas”, como bien apunta el escritor español.

 Hay quienes se suben al carro de la historia por la vía de la democracia y el voto ciudadano y desde el poder, desconocen aquel substrato liberal y lo atacan, para navegar por la deriva autoritaria, desechando la pluralidad, el debate político y la confrontación de ideas en democracia. También lo hacen desde la hegemonía de ‘mayorías étnicas’, para arrogarse el derecho de usar el poder político con el fin de ejercer una dominación social, económica y cultural total, abusiva, intolerante/intolerable.

 Ese ejercicio suele estar acompañado de desvaríos continuistas, culto a la persona, pesadas burocracias extorsionadoras que socapan la corrupción y diezman el bien público, como el régimen de Evo Morales en Bolivia. Insaciables, de poder político, territorial y material, él y sus hombres han judicializado la política, mediante la violencia real y simbólica, el apremio, el chantaje, la persecución, la cárcel y los interminables juicios a los opositores políticos.

 No escapa a esa represiva situación, la muerte, como aquellas del 16 de abril de 2009, con asalto al hotel ‘Las Américas’ en esta ciudad. Allí, un comando de elite del régimen asesinó extrajudicialmente a tres extranjeros, hecho que dio lugar a un tenebroso juicio político, bajo la carátula político-judicial de ‘terrorismo-separatismo’, urdido en las sombras del poder central y sus padrinos políticos externos. Sin cuerpo de delito que tuviera asidero terrorista-separatista, ni prueba alguna que lo sustente, solo el impulso político de barrer de hecho con las autonomías que se impulsaban en el país, el juicio tiene 39 imputados, tres aun presos, otros con libertad domiciliaria, algunos sometidos a procesos abreviados y muchos exiliados, solo por pensar diferente.

 La violencia política de Morales tiene muchos otros nombres en 11 años de ejercicio autoritario, violatorio del Estado de Derecho y las libertades ciudadanas. Y cuando dos expresidentes, Jorge Quiroga y Carlos Mesa, el exvicepresidente Victor Hugo Cárdenas; el gobernador de Santa Cruz Rubén Costas, jefe de su partido, Unidad Demócrata Social; el alcalde de La Paz, Luis Revilla, también Jefe de su partido, Soberanía y Libertad, y el jefe de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina presentan la “Declaración conjunta en defensa de la democracia y la justicia” (04.12.2017), el régimen se rasga las vestiduras.

 Vuelvo a Camus, quien certeramente afirmó que “Cada vez que una voz libre intenta decir, sin pretenciosidad, lo que piensa, un ejército de perros de presa de todo pelaje y color ladra furiosamente para tapar su eco”. Ese ejército son los hombres del régimen de Morales y su Vice, quienes sin argumentos para contrarrestar las verdades expresadas en el documento, ladran con insultos y vituperios contra los firmantes. Ellos le dieron voz a la preocupación de la sociedad civil por el devenir de la democracia en Bolivia, y “por el poder judicial convertido en instrumento de persecución política”. También manifestaron su rechazo a la re-re-reelección de Evo Morales a la Presidencia, en 2019, intento que ya fue rechazado por la sociedad boliviana en el Referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando el NO ganó con voto popular.

 Los firmantes denunciaron “ante la opinión pública nacional e internacional las acciones gubernamentales que se planifican y se realizan poniendo en entredicho las libertades ciudadanas en Bolivia” así como “la ruptura de los límites de la independencia y coordinación entre poderes… y haber creado normas arbitrarias a su medida para facilitar acciones en contra de sus adversarios, a quienes en realidad considera sus enemigos”.

 La mayoría de los firmantes como cientos de ciudadanos, están sometidos “a procesos y juicios cuyo único objetivo es descabezar a quienes expresan ideas y posiciones distintas y críticas de quienes gobiernan, para evitar la conformación de alternativas democráticas”.

 Esa fue una declaración política necesaria y oportuna, cuando el régimen cocina otros manotazos a la separación de poderes para conformar un órgano Judicial y una administración de justicia mejor calzada a su medida. Buscarle ‘peros’ a esa declaración en este momento, no es loable. Que de ella salga la ‘unidad’ que requiere la oposición política futura en Bolivia, es harina de otro costal. Al pan, pan y al vino, vino.
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