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lunes, 4 de mayo de 2015

Harold Olmos cree ver en el último decreto de Evo el atributo de decidir, qué sindicato podrá existir legalmente y cuáles otros NO, un gesto por demás autoritario. inexplicable y raro. la decisión es polémica, nada saludable para la Democracia.

En el Día del Trabajo el presidente Morales firmó un decreto que le concede el poder de decidir qué sindicatos podrán existir legalmente. Cuál ha sido el origen de la idea convertida en decreto era, hasta la noche del viernes, una pregunta aún no respondida, pero la medida afecta el derecho de asociación y es un mal augurio para la relación entre el gobierno y los trabajadores. Que hubiera sido anunciada en el día en que los trabajadores de todo el mundo conmemoran es sugestivo.
El viceministro Rada aclaró que lo dispuesto en ese decreto –los otros tres fueron ofuscados, inclusive el del aumento salarial- está regido por la CPE. La pregunta inmediata fue, entonces, ¿era necesario un decreto para una cuestión tan sensible? ¿Qué razones de fondo para sacudir el que ahora luce como un avispero?


Las primeras reacciones al anuncio han sido de perplejidad y molestia, como habría sido previsible. Hasta ahora han sido los trabajadores los que decidían por iniciativa propia y sin ninguna interferencia externa formar un sindicato. Al tomar la decisión, simplemente la comunicaban a las autoridades del Ministerio de Trabajo. Desde ayer, la decisión que les avale la existencia legal deberá partir de una Resolución Suprema firmada por el Presidente del Estado Plurinacional. Citado por Página Siete, el Ministro de Economía y Finanzas Luis Arce dijo que “las personerías jurídicas de las organizaciones sindicales y las centrales obreras, cuyo objeto sea la defensa de los derechos laborales, y las centrales obreras cuyo objeto sea la defensa de los derechos laborales, podrán ser únicamente tramitadas ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y concluirán en el proceso administrativo con la emisión de una Resolución Suprema; la van a firmar el Presidente del estado Plurinacional para reconocer a cualquier institución sindical”. 


Dicho en menos palabras: Ahora será el gobierno el que apruebe la formación de un sindicato. Antes sólo refrendaba la decisión asumida por los trabajadores. Ahora emitirá una resolución para conferirle existencia legal. “Ni el Presidente ni el Ministerio (del Trabajo) deberán avalar nada. Hay elecciones en las bases y quienes acreditan (en las urnas) la decisión de los dirigentes son las bases. Lo único que tiene que hacer el presidente es poner su sello. Las bases son las que tienen que decidir si aprueban o no” (la nueva entidad). La frase vino de Vilma Plata, la dirigente del magisterio temida por los gobiernos de la década de 1990 y comienzos de siglo y fue citada por El Diario el sábado.

El nuevo entripado fue la joya de la corona de una disputa que ha dividido a la Central Obrera Boliviana (COB), la institución mayor del sindicalismo nacional que este Primero de Mayo desfiló disgregada.


La decisión del gobierno, cuya necesidad es dudosa, agita el ambiente laboral cuando restan menos de 10 semanas para la visita al país de la cabeza de la institución que con coherencia indeclinable ha defendido las libertades sindicales y los derechos obreros a lo largo de siglos: el Papa Francisco.


Ignoro cuán ilustradas son las autoridades en doctrina social de la Iglesia Católica, pero al asumir decisiones como la adoptada este Primero de Mayo tendrían que haberlas consultado, si no quieren tener una espina en el zapato cuando ocurra aquella visita que en Bolivia despierta fe y entusiasmo.

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