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viernes, 1 de mayo de 2015

El Deber aborda el tema de las cárceles, reconoce que allí no manda el Estado sino las mafias constituídas en "territorio libre" malos jueces, malos fiscales y malos policías forman el conglomerado de la más baja ralea. la violencia, las drogas, las armas, la ley del más fuerte, el hacinamiento es tal que pasa de lo permisible. la Iglesia Católica ha ofrecido un informe, previo a la visita de Francisco a Palmasola.

Más allá de los crímenes que haya o no cometido, a todo preso debe corresponder un trato humanitario. En cualquier cárcel del mundo, los reclusos deben tener condiciones mínimas de vida que garanticen su rehabilitación y sus derechos fundamentales. Los centros de reclusión tendrían que reformar y reintegrar a los delincuentes, no hundirlos en el pozo del abandono y la ilegalidad. 

No es lo que ocurre en Bolivia, definitivamente, donde las cárceles son conocidas a escala internacional como las peores del mundo. Así lo ha desnudado un valiente informe publicado por la Pastoral Penitenciaria Católica de Bolivia, a poco más de dos meses de la visita del papa Francisco a Bolivia, donde el pontífice piensa visitar el penal de Palmasola.

En las cárceles bolivianas no gobierna el Estado, sino las mafias que han impuesto un régimen de facto donde se impone la violencia, donde se trafican drogas y armas, donde gobierna la ley del más fuerte y donde cientos de niños tienen que compartir el espacio carcelario para sobrevivir. Unas 14.000 personas están detenidas en las cárceles bolivianas, 85% de los cuales no tiene sentencia ejecutoriada y se encuentran con detención preventiva. El estudio realizado por la Iglesia ha detectado un 350% de hacinamiento por la falta de una infraestructura adecuada para alojar a los reos. El Gobierno asegura, por su parte, que el hacinamiento no alcanza esos niveles y que, en algunos casos, llegaría solo al 150% de hacinamiento.

Más allá de la llegada del papa Francisco, que permite visibilizar este lamentable fenómeno, el sistema carcelario boliviano sufre una profunda crisis, tal como lo señala la Defensoría del Pueblo. Unas 200 personas ingresan al penal de Palmasola por mes, mientras que salen unos 150 individuos. Un aspecto fundamental de esta problemática es la impunidad y la falta de justicia. Con el fin de obtener una rápida libertad, muchos presos se adhieren al juicio abreviado y terminan confesando delitos que, en decenas de casos, no se cometieron.

Todos los poderes del Estado tienen responsabilidad por esta situación. La falta de una normativa acorde con esta realidad y la crisis del sistema judicial no hacen más que agravar este problema. El papa Francisco estará en Palmasola en una misión humanitaria por demás loable y necesaria. Ojalá sus palabras y acciones permitan impulsar nuevas políticas que apunten a resolver el drama carcelario boliviano

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