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martes, 26 de noviembre de 2013

Susana Seleme se refiere a "el complot y el juicio" que violentó las normas del derecho procesal y los DDHH, sin respeto alguno. jueces opacos, fiscales, asesores y extorsionadores presentan una fantochada jurídica y un drama para decenas de afectados y sus familias.

Primero fue el complot planificado por el jefe del régimen Evo Morales, el Vice, sus operadores, doble agentes encubiertos y asesores varios, radicales fundamentalistas de la muerte como única consigna. El objetivo fueron 39 ciudadanos de Santa Cruz, Beni y Pando, todos autonomistas. El fin era destruir de raíz la corriente política autonómica surgida desde el Oriente, esta vez como fuerza orgánica que ganaba adeptos y amenazaba el dominio andino-centrista.
El complot tuvo diferentes fases de violencia física, política y psicológica. La primera fue en Porvenir -septiembre de 2008- con 12 muertos y el golpe de Estado contra el entonces Prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, hoy con detención domiciliaria por razones de salud, y provocó también el exilio de cientos de pandinos al vecino Brasil.
La segunda fase fue el montaje de un supuesto movimiento separatista con sede en Santa Cruz, que concluyó con el ejecución extrajudicial de tres extranjeros, presuntos asesores de los autonomistas, pero cuyo cabecilla, el húngaro-boliviano Eduardo Rózsa era doble agente del régimen. Esas muertes, posteriores a dos atentados menores sin víctimas, le dieron al régimen el pretexto para montar el juicio contra 39 personas por el delito de “terrorismo-separatismo”. Aquí solo hubo terrorismo de Estado pues los dos atentados y el asalto al Hotel Las Américas, con el asesinato de los tres extranjeros, fueron concebidos con minuciosa precisión política, maldad intelectual y operativa por los hombres de Morales.
A cargo de opacos fiscales, jueces, asesores y extorsionadores, el juicio es una fantochada jurídica y un drama personal de ochos detenidos a los que llevan y traen como carga de La Paz a Santa Cruz y viceversa. Hay además un imputado con detención domiciliaria, 7 que se defienden en libertad y el resto entre perseguidos y exiliados políticos.
En el juicio se violentaron todas las normas del derecho procesal y los Derechos Humanos: no se respetó el debido proceso, ni la competencia territorial pues si los supuestos delitos tuvieron lugar en Santa Cruz aquí debió sustanciarse el proceso con profesionales cruceños y no con abogados serviles al régimen en La Paz, desde donde manipularon el ‘caso’. Tampoco se respetó la presunción de inocencia, ni un juicio y defensa justas, ni la duración de cualquier juicio, que no debiera prolongarse más allá de tres años, y este lleva más de cuatro.
Tres de los actuales presos sufren cardiopatías severas. Hace dos semanas tuvieron que ser internados, con la inaudita miseria de mantenerlos enmanillados a sus camas. A uno de ellos sin haberlo alimentado ni permitido hacer sus necesidades fisiológicas donde corresponde, sino en su cama, durante 24 horas. Peor que en la guerra.

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