Hay quienes lo piensan todo, los que jamás piensan y los que hacen las cosas sin pensar. ¿Cuál es más peligroso? El Gobierno asegura que durante un año estuvo pensando y planificando el lanzamiento del decreto del doble aguinaldo y no lo lanzó el año pasado porque hubiera sido demasiada improvisación. ¿Cuál fue la diferencia?
Si fuera verdad aquello, hubieran tenido tiempo de investigar, por ejemplo, la verdadera situación de las empresas bolivianas. Pero las autoridades nacionales hablan por lo que ve cualquier mortal: que hay plata en las calles, que todo el mundo está construyendo, comprando vehículos cero kilómetros, adquiriendo aviones y todo tipo de bienes suntuarios. En función de eso intuyen que a las empresas legalmente establecidas les está yendo fabulosamente bien, cuando en realidad son las economías ilegal e informal las que están boyantes, entre ellas el narcotráfico, que aporta con el 5 por ciento al Producto Bruto Interno (PIB).
El gran problema es que ni los informales ni los ilegales, que gozan de grandes ventajas en este “proceso de cambio” pagan aguinaldo, obligación que apenas recae sobre el 12 por ciento de los establecimientos productivos del país y por ende sobre la misma proporción de trabajadores.
Obviamente, este pequeño porcentaje de empresas ha aceptado pagar, porque saben muy bien que no se puede negociar con el Gobierno y menos confrontarlo, puesto que sus oficinas están llenas de inspectores de Impuestos Internos, del Ministerio de Trabajo, de la Autoridad de Empresas y hasta de reparticiones relacionadas con el Medio Ambiente. Van a pagar, pero lo harán en forma diferida hasta el 28 de febrero y de acuerdo a algunos criterios muy subjetivos que se prestan al manoseo. En otras palabras, el decreto presidencial quedó resumido a un fallido panfleto electorero que perjudica a los empresarios legales y cuyos beneficios para el trabajador han quedado en duda.
Con el “Aguinaldazo” ha ocurrido casi lo mismo que con el “Gasolinazo”. En aquella ocasión todo subió de precio menos la gasolina y en este caso, para cuando el asalariado tenga el beneficio en sus manos, los comerciantes ya le habrán metido la mano al bolsillo con un incremento de precios que ha comenzado a notarse. Así es la inflación y otros fenómenos económicos, que no siempre necesitan hechos reales para desencadenarse, pues dependen de las expectativas. Y suficiente tenemos ya con hechos concretos como la escasez de alimentos, la caída de la producción y la falta de incentivos a la inversión, que han elevado excepcionalmente los precios en los últimos meses, como para que venga un anuncio tan inesperado como el doble aguinaldo para terminar de complicar la economía de la gente más necesitada, la que en definitiva paga las consecuencias más graves.
En el Gobierno se han acostumbrado a hacer las cosas por simple impulso dogmático o sencillamente porque pueden hacerlo, un exceso de soberbia que suele estrellarse con leyes que jamás nadie ha podido cambiar y, por supuesto, el costo de desafiarlas es muy alto. En los próximos meses, a esta ecuación en la que juegan la improvisación, el exceso de arrogancia y la urgencia de dar golpes electorales, se podría sumar también el factor de la desesperación, tal cual está ocurriendo en Venezuela. No vaya ser que en el Gobierno tenga preparada una suerte de “pool” de medidas del mismo tipo de las que ha estado lanzando Nicolás Maduro y que cada vez hunden más al país. ¿Estarán pensando en aquello?
Si fuera verdad aquello, hubieran tenido tiempo de investigar, por ejemplo, la verdadera situación de las empresas bolivianas. Pero las autoridades nacionales hablan por lo que ve cualquier mortal: que hay plata en las calles, que todo el mundo está construyendo, comprando vehículos cero kilómetros, adquiriendo aviones y todo tipo de bienes suntuarios. En función de eso intuyen que a las empresas legalmente establecidas les está yendo fabulosamente bien, cuando en realidad son las economías ilegal e informal las que están boyantes, entre ellas el narcotráfico, que aporta con el 5 por ciento al Producto Bruto Interno (PIB).
El gran problema es que ni los informales ni los ilegales, que gozan de grandes ventajas en este “proceso de cambio” pagan aguinaldo, obligación que apenas recae sobre el 12 por ciento de los establecimientos productivos del país y por ende sobre la misma proporción de trabajadores.
Obviamente, este pequeño porcentaje de empresas ha aceptado pagar, porque saben muy bien que no se puede negociar con el Gobierno y menos confrontarlo, puesto que sus oficinas están llenas de inspectores de Impuestos Internos, del Ministerio de Trabajo, de la Autoridad de Empresas y hasta de reparticiones relacionadas con el Medio Ambiente. Van a pagar, pero lo harán en forma diferida hasta el 28 de febrero y de acuerdo a algunos criterios muy subjetivos que se prestan al manoseo. En otras palabras, el decreto presidencial quedó resumido a un fallido panfleto electorero que perjudica a los empresarios legales y cuyos beneficios para el trabajador han quedado en duda.
Con el “Aguinaldazo” ha ocurrido casi lo mismo que con el “Gasolinazo”. En aquella ocasión todo subió de precio menos la gasolina y en este caso, para cuando el asalariado tenga el beneficio en sus manos, los comerciantes ya le habrán metido la mano al bolsillo con un incremento de precios que ha comenzado a notarse. Así es la inflación y otros fenómenos económicos, que no siempre necesitan hechos reales para desencadenarse, pues dependen de las expectativas. Y suficiente tenemos ya con hechos concretos como la escasez de alimentos, la caída de la producción y la falta de incentivos a la inversión, que han elevado excepcionalmente los precios en los últimos meses, como para que venga un anuncio tan inesperado como el doble aguinaldo para terminar de complicar la economía de la gente más necesitada, la que en definitiva paga las consecuencias más graves.
En el Gobierno se han acostumbrado a hacer las cosas por simple impulso dogmático o sencillamente porque pueden hacerlo, un exceso de soberbia que suele estrellarse con leyes que jamás nadie ha podido cambiar y, por supuesto, el costo de desafiarlas es muy alto. En los próximos meses, a esta ecuación en la que juegan la improvisación, el exceso de arrogancia y la urgencia de dar golpes electorales, se podría sumar también el factor de la desesperación, tal cual está ocurriendo en Venezuela. No vaya ser que en el Gobierno tenga preparada una suerte de “pool” de medidas del mismo tipo de las que ha estado lanzando Nicolás Maduro y que cada vez hunden más al país. ¿Estarán pensando en aquello?
Con el “Aguinaldazo” ha ocurrido casi lo mismo que con el “Gasolinazo”. En aquella ocasión todo subió de precio menos la gasolina y en este caso, para cuando el asalariado tenga el beneficio en sus manos, los comerciantes ya le habrán metido la mano al bolsillo con un incremento de precios que ha comenzado a notarse.
No hay comentarios:
Publicar un comentario