Páginas vistas en total

viernes, 1 de noviembre de 2013

la OEA pide al Gobierno explicaciones de los mecanismos del Tribunal Constitucional y si los procedimientos se ajustan al "debido proceso" o sea mirando con lupa a la Justicia Boliviana.

Qué respuesta puede tener la pregunta “Qué hacer con la justicia” en un país donde no hay justicia y todo está sujeto a la política, mejor dicho a la construcción de un modelo autocrático que no admite ningún tipo de mecanismo de control del ejercicio del poder.

Esta no es una apreciación subjetiva y tampoco proviene de una visión contraria al régimen gobernante. Es la constatación que hacen organismos internacionales que señalan en el proceso político boliviano un constante deterioro de los pilares de la democracia que se traduce en la eliminación de las garantías más elementales para el ejercicio de la libertad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha visto con preocupación el aumento de las denuncias relacionadas con Bolivia que llegan a ese organismo y por ello ha decidido solicitar información para analizar con mayor profundidad la situación de la independencia judicial en el país.

La decisión fue adoptada durante el 149 periodo de sesiones de la CIDH en la que representantes de instituciones de Derechos Humanos de Bolivia denunciaron que en Bolivia existe “secuestro del sistema judicial por parte del órgano ejecutivo, detenciones arbitrarias y crímenes extrajudiciales", entre otras violaciones a los derechos elementales.

La preocupación de la CIDH, organismo de la OEA cuya autoridad ha sido cuestionada por el Gobierno de Evo Morales, ha incrementado con el conocimiento de hechos de violaciones a los derechos políticos, la aplicación retroactiva de las leyes penales, la persecución de jueces independiente, la vulneración al derecho a la doble instancia en juicios de responsabilidad y las constantes violaciones a la libertad de expresión, los mismos que fueron respaldados con evidencias por miembros de la Fundación Nueva Democracia, que realiza un monitoreo constante del estado de la justicia en Bolivia.

Uno de los datos más alarmantes expuesto durante las audiencias ha sido la cifra de las 60 ejecuciones extrajudiciales o linchamientos ocurridos en el país desde septiembre del 2011, la mayoría de ellos ejecutados por sectores afines a la ideología gubernamental que utilizan esta falsa “justicia comunitaria” como mecanismo de terror, con el objetivo de proteger sus actividades delictivas, muchas veces toleradas por el régimen.

“Ante el intercambio de acusaciones –dice el reporte de prensa sobre las sesiones-, el comisionado colombiano Rodrigo Escobar Gil solicitó información por escrito que aclare los mecanismos de funcionamiento del Tribunal Constitucional de Bolivia y, respecto a las destituciones denunciadas por los peticionarios, pidió que se detallara si estas habían sido llevadas a cabo respetando el debido proceso”.

Otro de los aspectos que preocupa de Bolivia es el aumento del número de refugiados políticos, que estaría por llegar a los 600. Y aquí no se trata de juzgar la actitud de quienes se van al exterior en busca de protección de un sistema que no ofrece las mínimas garantías, sino la decisión de organismos como el Comité Nacional de Refugiados de Brasil (CONARE), que ha confirmado el estatus de asilado a varios perseguidos bolivianos, corroborando de esa manera, todo el cuadro que ha despertado la preocupación de la CIDH.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha visto con preocupación el aumento de las denuncias relacionadas con Bolivia que llegan a ese organismo y por ello ha decidido solicitar información para analizar con mayor profundidad la situación de la independencia judicial en el país.

No hay comentarios: