TENSA REUNION SOBRE DDHH EN EL SENO DE LA OEA

Comisión Interamericana de DDHH acoge a Romero,

al Tribunal de Justicia y a los impugnadores de Bolivia.

Reunión tensa que concluyó con el pedido de "ampliar 

información"

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó ayer más información para analizar la situación de la independencia judicial y el respeto de la separación de poderes en Bolivia, ante las denuncias de persecución política, tras escuchar a peticionarios y representantes del Estado boliviano en una tensa audiencia dentro del 149 periodo de sesiones que celebra el organismo.

Rubén Darío Cuéllar y Silvia Salame, representantes de la Fundación Nueva Democracia, aseguraron que en el país existe un “secuestro del sistema judicial por parte del órgano ejecutivo, detenciones arbitrarias y crímenes extrajudiciales”, entre otras violaciones de los derechos humanos, según reporte de la agencia Efe desde Washington.

Cuéllar añadió además “violaciones insistentes a los derechos políticos, la aplicación retroactiva de las leyes penales, la persecución a jueces independientes, la vulneración al derecho a la doble instancia en juicios de responsabilidad y las constantes violaciones a la libertad de expresión”.

Por su parte, Salame aclaró que sus denuncias no se realizan contra el sistema judicial boliviano en sí mismo, sino que con ellas buscan “que se respete al órgano judicial” y su independencia, y evitar así que se vulneren los derechos de los bolivianos.

“A lo largo de los últimos cinco o seis años de gestión del actual Gobierno se han ido introduciendo una serie de presiones para lograr fallos en función de los objetivos del ejecutivo”, reclamó Salame, exmagistrada del Tribunal Constitucional del país.

Durante el turno del Estado, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, calificó a sus interlocutores de “políticos que se camuflan en la defensa de los derechos humanos” y aseguró que los peticionarios “tienen un concepto restringido de lo que hoy es la democracia en Bolivia”.

“Hemos experimentado profundas transformaciones estructurales, que no solamente han permitido incorporar a sujetos excluidos, como indígenas y mujeres, sino que ha permitido la redistribución del poder político hacia las regiones”, dijo Romero.

Los miembros de la Fundación Nueva Democracia aludieron a casos de destituciones públicas improcedentes e incluso aseguraron haber contabilizado desde septiembre de 2011 un total de 60 ejecuciones extrajudiciales.

El ministro de Gobierno retó a los peticionarios a que demostraran uno solo de esos fallecimientos y les acusó de tener una visión “darwinista” de la democracia boliviana.

Ante el intercambio de acusaciones y el tiempo, el comisionado colombiano Rodrigo Escobar Gil solicitó información por escrito que aclare los mecanismos de funcionamiento del Tribunal Constitucional de Bolivia y, respecto a las destituciones denunciadas por los peticionarios, pidió que se detallara si estas habían sido llevadas a cabo respetando el debido proceso.

Asimismo, Escobar Gil pidió datos sobre los mecanismos de control judicial en Bolivia y si son o no efectivos.

Los peticionarios instaron a la CIDH a que visite “in loco” el país y “compruebe las denuncias” que plantean en sus informes.

Momentos tensos

La Fundación Nueva Democracia quiso hacer partícipe de la audiencia a un representante de la misión de Hungría en Washington DC para relatar el caso del húngaro Elöd Tóásó, encarcelado hace más de cuatro años en Bolivia acusado de terrorismo.

Sin embargo, ante la queja del Estado boliviano y la tensión creciente en la audiencia y, al no haber sido anunciada su intervención como parte de los testimonios, la Comisión consideró incluir sus declaraciones por escrito.

EXPOSICIONES ANTE LA CIDH

Carlos romero. Ministro de Gobierno

No cuestiono de ninguna manera que ellos (la Fundación para la Democracía) hagan actividad en una ONG, en una fundación, por el contrario es saludable, pero que no se camuflen bajo la supuesta defensa de los derechos humanos para hacer política.

Nuestros interlocutores se restringen al concepto político de democracia que se ha transversalizado en lo económico y social.

Hoy día Bolivia experimenta profundas transformaciones estructurales que no solo han permitido incorporar en la representación política a sujetos que históricamente habían sido excluidos como los indígenas y las mujeres y también ha permitido la distribución del poder político hacia las regiones (…)

Nuestra democracia ya no se restringe a la representación política, además adquiere connotaciones económicas y sociales fundamentales, el pueblo boliviano está gozando el máximo nivel desarrollo democracia de toda su historia.

Gonzalo Hurtado. Presidente del Tribunal Supremo de Justicia

Soy el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y representante del Órgano Judicial del Estado Plurinacional de Bolivia. Es importante señalar que la Constitución Política del Estado, que fue aprobada con más del 64 por ciento de la población, determinó entre uno de los puntos principales que sean elegidas las máximas autoridades judiciales a través de la vía más idónea que se tiene, que se conoce en la democracia, el voto directo luego de una preselección de la cual salimos electos tanto autoridades del Tribunal Supremo de Justicia como del Tribunal Constitucional, el cual ya no forma parte del Órgano Judicial.

Dentro de ese marco que establece la Constitución Política está el marco de independencia, es decir ya no hay más sumisión de un órganos a otro órgano como era antes, de un poder hacia otro poder, es cierto pueden haber algunas imperfecciones, que son corregibles con el transcurso del tiempo, y desde luego no puede ser comparado con el anterior sistema y con toda seguridad es mejor que la anterior.

Silvia Salame. Expresidenta del Tribunal Constitucional

¿Qué pasa con el Tribunal Constitucional? evidentemente ha dictado fallos que honran su magistratura como el fallo que se dictó sobre el delito de desacato y declarar la inconstitucionalidad de la retroactividad de la norma, que se puso en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, pero lo que nosotros pedimos al Tribunal Constitucional de Bolivia, que las sentencias sean prontas y oportunas, pero además que sean sentencias claras porque en el caso Tipnis se hubiese dictado una sentencia clara no se habría tenido el problema que se dio en el país con los indígenas.

Entonces ese es el pedido que se hace al Tribunal Constitucional y desde luego pedir al Órgano Ejecutivo que no desacredite la actuación de este tribunal cuando emite algún fallo que no es de su agrado, pues uno de los parlamentarios del partido de gobierno, cuando solo admitió el Tribunal el caso relacionado con el conflicto de competencias entre la justicia originaria campesinas y la justicia ordinaria lo desacreditó indicando que ese tribunal no servía, no respondía.