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viernes, 4 de octubre de 2013

 las malas compañías dañan la fama

El Deber se refiere a "compañías que tiene el MAS"

En mayo de 2011, el Gobierno se vio en situación muy embarazosa con la visita al país del entonces presidente de Irán, en cuya comitiva vino el ministro de Defensa, Ahmad Vahidi, con orden de captura internacional por su presunta participación en un sangriento atentado perpetrado en 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita-Argentina (Amia) en Buenos Aires, con un saldo de 85 muertos. Ante la molestia del Gobierno argentino, Bolivia tuvo que deshacerse precipitadamente de tan incómodo ‘visitante’. Últimamente, fue aprehendido un ciudadano libanés acusado de traficar drogas por $us 1,5 millones. La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) lo capturó durante un operativo cuando el sujeto alistaba el despacho de cerca de 400 kilos de cocaína escondidos en los ejes de un remolque que debía ser trasladado, vía Chile, a Ghana en el continente africano.
Podía haberse tratado de un caso más –de los tantos que se registran casi a diario en el país–, relacionado con la intensa actividad del narcotráfico por la cual los ‘narcodólares’ caen del cielo, se envenenan los estudiantes y poblaciones rurales enteras, como las descubiertas por la Felcn en Oruro, se dedican con empeño digno de mejores causas a… fabricar cocaína. Pero resulta que el libanés tenía supuestos vínculos con dos diputados del partido gobernante, quienes le habrían extendido sendos permisos de circulación emitidos por el Parlamento. Uno de los parlamentarios masistas admitió haber conocido al extranjero después de que, según su versión recogida por los medios de prensa, el Gobierno le solicitara la búsqueda de personas que hablaran otros idiomas para proponerlos como cónsules y embajadores de Bolivia, siguiendo una línea de improvisación y descrédito del servicio exterior. Llegar a un consulado o a una embajada del Estado Plurinacional sin más requisitos que ser afín al Gobierno y dominar una lengua extranjera, es un extremo inaudito aún en el depauperado ámbito diplomático boliviano.
Se conoce también que una diputada disidente pedirá un informe a la Cancillería sobre las actividades de un ciudadano peruano que fungía como asesor de comunicación del propio presidente del Estado y que es requerido por la Procuraduría Antiterrorista de Perú por su presunta pertenencia y cooperación con una organización irregular en aquel país.
La sentencia de un viejo refrán debería hacer mucho más cuidadosos al Gobierno, a sus representantes y dependientes con las ‘compañías’ que escogen: Dime con quién andas…


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