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martes, 22 de octubre de 2013

el dilema está planteado

Yungas quiere el mismo trato que Chapare

donde el 90% de la coca es cocaína

Los sucesos ocurridos recientemente en la zona de Apolo, al norte del departamento de La Paz, podrían marcar un cambio radical en la conducta de los cocaleros, de los narcotraficantes y por supuesto, de los gobernantes, que han estado asumiendo en los últimos años una actitud algo ambigua. “O estás conmigo o estás contra mí”, “O todos o ninguno”, parecen decir los productores de coca de la zona, donde han comenzado a surgir ataques armados contra las fuerzas policiales y militares que pretenden erradicar los sembradíos considerados ilegales por las autoridades nacionales.

Por el momento, el Gobierno todavía tiene el poder de decidir quiénes son ilegales y quiénes no, quiénes están vinculados al narcotráfico y quiénes no. Hace poco, por ejemplo, el exdirector General de la Coca e Industrialización (Digcoin), Luis Cutipa, fue acusado por una ministra de desvío ilegal de altas cantidades de coca y pese a que es muy probable que esos cargamentos hayan ido a parar a las fábricas de cocaína, desde lo más alto del régimen surge una voz  indulgente que se estrella contra la justicia y colma de elogios al acusado.

Lo que ocurre es que Cutipa es un hombre del Chapare, como son casi todas las autoridades que tienen a su cargo las políticas antidrogas y de control de la coca. Ellos son quienes dividen las aguas en este campo y, por supuesto, el trópico cochabambino siempre sale ganando, en detrimento de Los Yungas, del Amboró, del Choré, del Madidi, de Bandiola y por supuesto de los cocaleros de Apolo, que al igual que muchos otros “colonizadores” e “interculturales”, reclaman su derecho a salirse de los límites como han hecho los miembros de las seis  federaciones chapareñas.

La discusión de fondo en el conflicto de Apolo no es si la coca de ese lugar es ilegal o no. Por supuesto que lo es y obviamente que detrás de los ataques armados y de las emboscadas puede haber narcos peruanos o de otra nacionalidad. La exigencia es que la ley sea pareja para todos y que la misma permisividad que se ha aplicado en el Chapare, beneficie a todos por igual. Los dirigentes de Apolo no tienen empacho en admitir ese dilema, tal como lo vienen haciendo hace mucho sus colegas de Los Yungas de La Paz.

No hay duda que el Gobierno, que ahora tiene encima la presión de los europeos y de los brasileños para erradicar la coca excedente, continúa con el poder para aplicar la ley donde más le convenga, pero no hay duda que a partir de los ataques de Apolo, una señal de hartazgo muy bien expresada, deberá tener más cuidado a la hora de aplicar su curioso paradigma y su visión de la legalidad. No solo por los cocaleros y por los narcotraficantes, que ya pusieron el tema sobre la mesa, sino también por otros sectores ilegales, que en su momento fueron beneficiados por políticas y leyes del Estado. El presidente Morales ha tenido que salir al cruce de los rumores de una nueva amnistía para los “autos chutos” y no se descarta que la presión aumente, pues el ingreso de automóviles sin papeles nunca se detuvo desde aquella ley del 2011 y la Aduana ha decomisado cientos de ellos.

El Gobierno tiene dos opciones, continuar de la misma forma y tratar de sofocar las protestas con la fuerza estatal o dejar que sean los mismos protagonistas los que zanjen sus diferencias, como hicieron los mexicanos, donde han sido los propios cárteles de la droga los que han establecido cuotas y territorios. (Editorial de El Dia, SC, Bolivia)
El Gobierno tiene dos opciones, continuar de la misma forma y tratar de sofocar las protestas con la fuerza estatal o dejar que sean los mismos protagonistas los que zanjen sus diferencias, como hicieron los mexicanos, donde han sido los propios cárteles de la droga los que han establecido cuotas y territorios.

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