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martes, 28 de abril de 2015

transparencia y rigor plantea LT a las FFAA cuando de la compra de armamento se trata. reclama también informes sobre la quiebrade ECE con "una dote de 40 millones" que otorgó el Gobierno hace 3 años y en vista de su quiebra

La manera como las FFAA disponen de los recursos concierne a todo el país y no sólo a sus miembros, por lo que corresponde que la información correspondiente sea administrada con más transparencia y rigor
Dos noticias que han salido a luz durante las últimas semanas ha vuelto a recordarnos que entre todas las asignaturas pendientes que tenemos figura la necesidad de aclarar cuál es el rol que juegan las Fuerzas Armadas en la vida nacional.
Las noticias a las que nos referimos son la que da cuenta de la quiebra de la Empresa de Construcciones del Ejército (ECE) y la que anuncia la decisión gubernamental de comprar 20 aviones y 40.000 fusiles de última generación.
Ambas noticias tienen un elemento en común. Es que como muy pocas veces había pasado en nuestra historia republicana durante la vigencia de Gobiernos civiles, las FFAA gozan actualmente de un trato privilegiado y cuentan con una cantidad de recursos económicos de los que se dispone con un margen muy grande de libertad sin que la sociedad sea debidamente informada y sin que existan los procedimientos que garanticen una adecuada fiscalización.
En lo que al primer caso corresponde, el de la quiebra de la ECE, cabe recordar que esa empresa fue creada hace casi tres años, en junio de 2012, mediante el Decreto Supremo 1256 con un capital de arranque de 40 millones de dólares provenientes del erario nacional. Mediante el mismo decreto se constituyó un directorio encabezado por los ministros de la Presidencia, de Defensa, de Planificación y el de Economía y Finanzas Públicas, con el Comandante General del Ejército; el Jefe de Estado Mayor General del Ejército y el Jefe del Departamento V del Estado Mayor General del Ejército.
Además del generoso aporte de capital inicial, el Gobierno otorgó a la ECE una serie de privilegios. La liberó de la obligación de presentar boletas bancarias o pólizas de caución y de competir con las empresas constructoras privadas en igualdad de condiciones, mediante la presentación de ofertas que puedan ser sometidas a algún proceso de comparación y evaluación.
Así, la Administradora Boliviana de Carreteras y YPFB quedaron libres para suscribir multimillonarios contratos con la ECE, pasando por encima de todas las normas hasta entonces vigentes.
El desempeño de la ECE como empresa constructora fue pésimo y concluyó en un rotundo fracaso. Nunca cumplió los compromisos adquiridos por lo que a pesar de las muchas facilidades que le dieron sus principales clientes, ABC y YPFB, se vieron obligados a rescindir contratos. Poco más de dos años fueron suficientes para que se produzca la quiebra de la empresa y no hay quién se haga responsable del descalabro y mucho menos de las varias decenas de millones de dólares gastados en el despropósito.
La segunda noticia, la relativa a la decisión de conformar dos flotillas de 10 aviones caza cada una, y adquirir 40.000 fusiles de última generación “para mejorar su capacidad disuasoria”, tiene todo el aspecto de una improvisación verbal más que de una objetiva evaluación de las necesidades bélicas de nuestro país, a pesar de lo que ya está en marcha la búsqueda de proveedores y se calcula que serán por lo menos 140 los millones de dólares destinados para tal fin.
Si se considera que ambos casos afectan, cada cual a su manera, a todo el país y no sólo a los miembros de las FFAA, lo que corresponde es que la información correspondiente sea administrada con más transparencia y rigor.

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