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jueves, 16 de abril de 2015

una reforma urgente aunque "los funcionales al MAS" no serán capaces, Erika Brockmann se refiere a la urgencia de unas reformas imprescindibles, cuando la confianza en el sistema ha descendido al menos en un 20% inaceptable!

El “Tribunal Supremo Electoral” (TSE) ha señalado que estaría abierto a una reforma de la Legislación Electoral vigente. Es cierto, la reforma es urgente, pero el MAS como fuerza dominante del sistema, ¿tiene la voluntad política de hacerlo? La pregunta tiene sentido, porque es muy poco lo que el TSE ha hecho al margen de las directrices políticas de quienes son mayoría y mandan en el Ejecutivo y Legislativo.
Históricamente, desde la apertura democrática la legislación electoral ha sido progresivamente mejorada. Lo preocupante es que, más allá de las fórmulas de inclusión indígena y paridad de género,  la normativa postconstituyente en lugar  de avances da cuenta de retrocesos. Su enfoque restrictivo y sancionatorio va a contrarruta de las corrientes garantistas de derechos políticos  en la región poniendo en duda no sólo la aplicación del principio de la igualdad de las condiciones de la competencia electoral, sino la imparcialidad de la administración  del proceso electoral en todas las fases del mismo.    
No es casual que las decisiones más polémicas del TSE se hayan fundamentado en las disposiciones de la ley de Régimen Electoral promulgada el año 2010, circunstancia en la que, sin éxito, abundaron observaciones oportunas por parte de organizaciones de la prensa y otros grupos vinculados a promover el voto informado y transparente. Ahora bien, pese al argumento basado en la ley, definiciones como la inhabilitación discriminatoria de legisladores candidatos a cargos de representación municipal y la cancelación de una sigla opositora en el Beni, y de sus candidatos pudieron evitarse, superando la mirada provinciana de la noción de territorio y domicilio además de  preservar los derechos políticos constitucionalmente reconocidos, siendo éstos el bien mayor a proteger. Lamentablemente, no sólo se ignoró, sino que se invirtió  la premisa de ampliar lo favorable y restringir lo odioso. Y es que lo favorable para la democracia plural resultaba odioso para los cálculos e intereses del MAS frente al sobresalto causado por las encuestas.
Pero así como el cumplimiento de la ley fue el pretexto para tanta arbitrariedad, la ley fue también pisoteada. En Chuquisaca se violentó el principio de preclusión en el conteo original de los votos así como el principio de publicidad de una resolución tardíamente sacada de la manga. Ni qué decir de la ceguera frente a la denuncia del uso y abuso de recursos del Estado en la campaña oficialista, incluida, en este rubro, la sobreexposición, en calidad de supracandidato,  del presidente Morales. Actitud esta última que persiste aun cuando irónicamente el mismo presidente reconociera que habiendo concluido las elecciones, era hora de “recuperar el tiempo perdido y gobernar”. Y es que, con las segundas vueltas en puerta, el proselitismo presidencial  no tiene tregua.
Dicho esto, no sorprende que la confianza en el TSE haya descendido desde el 2010 de casi 60 por ciento  a un promedio de 45 por ciento según el último estudio sobre cultura política de Lapop/Ciudadanía 2014, siendo previsible un mayor descenso este 2015, año de las elecciones departamentales y municipales.
Encarar la revisión de la normativa es imperativo y mejor hacerlo inmediatamente después de las elecciones a fin de no hacerlo en base a cálculos y urgencias coyunturales. Sin embargo, pareciera que las mejoras normativas posibles encuentran su propia limitación en la actitud de las autoridades electorales. Me refiero a autoridades funcionales a un MAS que presionan para ganar en mesa lo que no pudo obtener en cancha, a partir de la indecorosa y cuestionada  manipulación de normas y resultados antes y después del día que nos convocó a las urnas.
La autora es psicóloga, cientista política, exparlamentaria.

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