un proceso de acción en cuanto a la justicia con personalidad de prestigio académico y moral y organizaciones reclama Los Tiempos para la correcta administración de Justicia.

Si en verdad se quiere superar el colapso del sistema judicial, se debe recurrir a personalidades de reconocido prestigio académico y moral, universidades y organizaciones de la sociedad (y no sólo adherentes al Gobierno)

Una de las críticas que se ha hecho desde los inicios de la ascensión al poder del presidente Evo Morales es que se ha atacado y desestructurado la precaria institucionalidad democrática, que desde 1982 se fue construyendo en el país, sin ofrecer una alternativa viable que evite llegar a la situación actual en la que, para decirlo en pocas palabras, no hay una estructura institucional que funcione en forma correcta. Obviamente, esta anomalía permite que la arbitrariedad y la improvisación reinen, y se adopten decisiones al calor de entusiasmos pasajeros. Además, si lo que se decide se vuelve muy difícil de ejecutar, se promulgan disposiciones inconstitucionales y difíciles de concordar con el marco jurídico vigente.

Un ejemplo de esta forma de actuar es lo que se ha hecho –y dejado de hacer– en el Órgano Judicial, el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Ministerio Público, que han llegado a tales extremos de crisis que el propio Primer Mandatario ha decidido convocar a una “cumbre” para debatir sobre una reforma del sistema judicial y, de esa manera, recuperar la confianza de la gente, requisito sine qua non para la pacífica convivencia ciudadana.

Sería un grueso error afirmar que la administración de justicia en el país era, hasta 2006, buena. De hecho, muchas de las reformas introducidas para mejorarla desde la recuperación del sistema democrático alcanzaron pleno éxito, pero siempre fueron insuficientes y el estamento político-partidario no dejaba de ejercer presión sobre ella. Así, los avances dados con la reforma constitucional de 1994 y la conformación, en 1998, de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Constitucional con reconocidas personalidades del foro, tuvieron la desventaja de contar con un Consejo de la Magistratura parcelado entre las mayorías políticas de entonces y, en el ocaso de ese sistema en 2002, volvieron a hacer prevalecer el interés político antes que el meritocrático.

Con la reforma constitucional de 2009, esta tendencia se ha consolidado. Pese a las advertencias que desde diferentes sectores se hizo a las autoridades sobre que con la elección de jueces y magistrados, y, sobre todo, el proceso seguido para ello, no sólo eran un disfraz de la influencia partidaria, sino que profundizaban los problemas heredados.

La experiencia vivida desde entonces ha confirmado esas advertencias, al punto que el Primer Mandatario, si bien sin asumir responsabilidades propias, reconoce el fracaso y la necesidad de dar un nuevo rumbo a la administración de justicia.

A ello se debe agregar la situación del Ministerio Público que opera con gran negligencia y, por manoseo partidario, se ha convertido, lamentablemente, en un instrumento de extorsión al servicio de corrientes del oficialismo y otros grupos de poder.

El desafío, en consecuencia, es impulsar un proceso de reflexión y acción en el que participen personalidades de reconocido prestigio académico y moral, universidades y organizaciones de la sociedad (y no sólo adherentes al Gobierno). Es decir, que esta tarea no sea asumida nuevamente por gente que (como sucedió en la Asamblea Constituyente) sólo aspira a manejar la administración de justicia en su propio beneficio.

informes oficiales de Estados Unidos determinan queBoliviano hace "casinada" omejor dicho "ha fallad manifiestamente" en desarticular las bandas de narcos que operan aquí.

Marcelo Tedesqui V.
marcelo.tedesqui@eldeber.com.bo

Un informe del Departamento de Estado de EEUU difundido ayer sentencia que el 95% de la cocaína peruana atraviesa por Bolivia antes de pasar a Brasil y también a Europa, pero el Gobierno boliviano no hace los esfuerzos “suficientes” para combatir la corrupción asociada al narcotráfico.

El documento oficial, rotulado como Informe anual sobre narcotráfico, advierte de que después de Perú y Colombia, Bolivia se mantiene como uno de los tres mayores productores de cocaína del mundo.

La agencia AP señaló que el informe del Departamento de Estado califica como deficiente la falta de informantes en la fuerza antidrogas y que "la mayoría de las investigaciones y detenciones de funcionarios corruptos en 2014 estaba relacionada con la corrupción asociada al narcotráfico".
El año pasado, el presidente de EEUU, Barack Obama, dijo que Bolivia había "fallado manifiestamente" en la desarticulación de bandas de narcotraficantes y la prevención del desvío de la coca a la cocaína.
El miércoles, el Gobierno boliviano hizo conocer un informe de consumo de cocaína y otras drogas en el país, en el que afirma que la prevalencia no superó el 1% de la muestra.

Por su lado, el ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, dijo ayer en un canal de televisión que Bolivia cumple de forma efectiva con la erradicación de los cultivos de coca y con la interdicción de cocaína, pero la respuesta que obtiene de Estados Unidos es la descertificación.

No obstante, Moldiz también señaló que Bolivia como país soberano no necesita rendir examen ni mostrar informes al Gobierno de EEUU.
En ese sentido, manifestó que Estados Unidos no respeta la soberanía de los países, aunque destacó también que se trabaja un acuerdo marco, pero señaló que ese es un punto que lo retrasa y lo relega

el autor Arturo Yáñez Cortés lo dice sin tapujos citando al autor de CERO.CERO.CERO "la cocaina gobierna el mundo. la droga, la criminalidad y la violencia van juntas, lo sucedido con el narcogeneral NINA es otra muestra de esta afirmación

Aunque me falta acabar de leerlo, el último libro del connotado investigador, escritor y periodista italiano Roberto Saviano titulado “Cero, Cero, Cero” (Anagrama Editores, Barcelona, 2014) donde describe cómo la cocaína gobierna el mundo apoderándose de los Estados convirtiéndose en actora de las finanzas internacionales, no deja indiferente nadie, pues muestra detalladamente cómo los carteles de la cocaína se vuelven hasta más poderosos que los Estados, comprando a sus policías, jueces, fiscales y otros de sus funcionarios, encargados, precisamente de combatirlos, construyendo empresas transnacionales que no sólo exportan drogas prohibidas, sino criminalidad y violencia. Este napolitano, ya famoso por su libro “Gomorra” (2006) sobre la camorra italiana, que le valió vivir en la clandestinidad, nos desafía oír el ruido ensordecedor que corre bajo nuestras ciudades, un río que nace en Sudamérica y se ramifica hacia todas partes…

De ahí que, de ser evidente lo declarado por el flamante ministro de gobierno boliviano, sobre los nexos criminales del mismísimo ex Comandante General de la Policía Boliviana con emisarios del Cartel mexicano de Sinaloa (dicen que el hijo del chapo Guzmán estuvo en Bolivia haciendo bussines) así como lo ya comprobado, aunque en otra jurisdicción, sobre los delitos del ex zar antidrogas boliviano –el condenado Cnl. Sanabria- y otros similares hechos descubiertos, me temo sin pecar de alarmista, que la situación da por lo menos, para preocuparse.

Hace semanas atrás había escrito sobre el riesgo de Bolivia ante el crimen organizado, con base al informe Mc Dermott: “El desafío de Evo: Bolivia el epicentro de la droga”. Esta vez, las evidencias vienen desde el propio gobierno, superando espero, aquel error de anteriores ministros de gobierno, que  aplicaron la política del avestruz al respecto.

Aunque todo indica que –como ya es costumbre- las investigaciones en curso se orientarán hacia los fusibles evitando incomodar al stablishment con mayor poder, cuando la Fiscalía actuando a la velocidad de la luz le ha faltado poco para declarar sin juicio previo la inocencia de los altos cargos que resultaron embarrados por las declaraciones de los caídos en desgracia, me interesa alertar nuevamente sobre los riesgos que nuestro país y sociedad enfrentarían de avanzar en esa peligrosísima ruta hacia el despeñadero. Este dato extraído del libro lo explica: si hubieras invertido 1.000 euros en acciones de Apple en 2012, ahora tendrías 1670. Si hubieras invertido lo mismo en cocaína en ese momento, ahora tendrías 182.000: cien veces más que invirtiendo en el título bursátil record de aquél año.

Propongo entonces, no sólo compararnos, por ejemplo, con el Festival de Viña del Mar para lo que sucede más allá de nuestras fronteras, sino también –mutatis mutandis- con lo que acaece en México, desangrado por la aparente ausencia de estado y el poder creciente de los cárteles que guerrean impunemente por sus territorios y mercados, con una larga secuela de víctimas y desastre humanitario. Más allá de discursos patrioteros, cabrá parar la oreja del estado, del gobierno que lo administra y sobre todo de la sociedad, para que huyendo de alianzas circunstanciales que sirven para cuestiones inmediatas incluyendo las de conservar el poder a toda costa, se empiece tomando conciencia del riesgo que nos acecha de terminar convertidos en un narco-estado: “países cuyas instituciones políticas están influenciadas de manera importante por el narcotráfico, y cuyos dirigentes desempeñan simultáneamente cargos como funcionarios gubernamentales y miembros de las redes del tráfico de drogas narcóticas ilegales, amparados por sus potestades legales”. Es que: “El silencio es el ruido más fuerte, quizás el más fuerte de los ruidos”, Miles Davis.

Villanueva desde LT no duda en calificar de "chantaje" la amenaza de Evo si acaso no votan por él "trabajaré con los azules". la Corteno actúa, "no habiendo denuncia por estas amenazas, no se puede actuar de oficio"

La amenaza y el chantaje es el arma preferida del abusivo, del matón, del prepotente, del bravucón. Generalmente. es una señal clara de la ausencia o el agotamiento de ideas y razones, porque es bien sabido que quien amenaza, es porque no tiene argumentos, ni mucho menos razón, y entonces no le queda otra alternativa.

En el ámbito de la política nacional, una de las amenazas más conocidas, como temibles, por el origen y el carácter del gobierno de ese entonces, representada por su ministro del Interior Luis Arce Gómez; es aquella por la que se disponía (“taxativamente y sin ninguna posibilidad de perdón”), que todo boliviano “debía andar con el testamento bajo el brazo”, si el Gobierno de García Meza lo identificaba como subversivo, sindicalista o activista.

¿Por qué, siendo un recurso que provoca un rechazo casi instintivo y generalizado, resulta ser un mecanismo más frecuente y común de lo que podríamos desear?  

También pueden ejercitarse diversas respuestas, pero en este artículo intentaré explorar algunas razones y consecuencias sobre lo dicho por el presidente Evo Morales y ratificado por el vicepresidente García Linera, en sentido de que el Gobierno no trabajará y no se realizarán obras con los gobiernos municipales y departamentales donde haya ganado la oposición.

Una amenaza muy clara que contrasta diametralmente con el llamado que hizo a esa misma oposición “para trabajar por Bolivia”, a tiempo de conocer su triunfo en las elecciones nacionales.

Es posible imaginar (u otros desearían) que se trata de una manifestación del miedo, la incertidumbre o la inseguridad de que los candidatos oficialistas (o al menos algunos), no tengan opciones de ganar las elecciones subnacionales. Sin embargo, parece más plausible pensar que lo que trata de hacer el Presidente, es polarizar a la ciudadanía y el electorado nacional, en el afán de anular y ocultar las debilidades y limitaciones de los candidatos oficialistas, que evidentemente no tienen el carisma, ni tampoco el respaldo que goza el presidente Evo Morales. Utiliza la amenaza para polarizar al electorado y convertir ésta en una herramienta para el triunfo electoral.

Al plantear un dilema de este tipo, además, está acudiendo a aquel rechazo espontáneo que se ha instalado en el imaginario público, que no quiere saber y resiste cualquier posibilidad de retornar a prácticas y posiciones derechistas, neoliberales y opositoras del pasado. Es decir, intenta desplazar y sustituir las inocultables falencias, sindicaciones e inclusive rechazos internos que los mismos candidatos oficialistas han provocado en el electorado y las propias organizaciones sociales afines.

Por otra parte, lo que no parece haberse tomado en cuenta, es que la polarización del país ha sido el arma preferida de la derecha reaccionaria para dividir el país. Y cuando el gobierno amenaza “no trabajar ni realizar obras” con gobiernos departamentales y municipales que no sean afines al oficialismo, no sólo chantajea, está anunciando que solo gobernará una parte del país. Lo está dividiendo.

Además, el chantaje y la amenaza (que viene a ser lo mismo que la coerción) son inconstitucionales. Pero el Órgano Electoral Plurinacional, por medio de su vicepresidente, se excusa de actuar, arguyendo que no existe una denuncia y no puede actuar de oficio. Se trata de un muy flaco favor a la democracia, la institucionalidad y sus propias competencias y obligaciones electorales.

Finalmente, cuando el Gobierno se pronuncia en ese sentido, en realidad amenaza con gobernar con una parte del país; la que esté dispuesta a someterse a sus designios, la que esté dispuesta a embargar sus autonomías en favor de un centralismo secante, sectario y excluyente. Hasta que ello suceda, sólo nos queda pues, la palabra.  

El autor es sociólogo.

Valverde nos propone hoy: fiebre. festivales y la violación del Parque Tunari, una de las reservas más lindas de Cochabamba. todo por "un festival más grande que el de Viña...

Primero fue que un día el hombre se despertó y quiso hacer un festival “más grande que el de Viña” y, como sus deseos son órdenes, en menos de una semana apareció la maqueta del coliseo, el lugar y los artistas que quisieron decirle que lo apoyaban. Curiosamente, los artistas que lo llenaron de loas y propusieron “no volver a ir a Viña” no le plantearon los problemas de los artistas, de los músicos, de los cantores, de su promoción y apoyo. ¡Bah!, a quién le importaba eso si, una vez que se tenga una concha acústica “mejor que la de Viña”, todo lo demás se va a solucionar, los contratos para los cantantes van a salir de debajo de la tierra, los derechos de autor serán respetados… Esa será la ventaja de “tener una concha acústica más grande que la de Viña del Mar”.

Pero hay un detalle ‘menor’, el lugar tiene un conflicto con el área protegida del Parque Tunari, es decir, necesita una resolución de “cambio de uso de suelo”. Si se lo interviene en cinco hectáreas, seguramente se abrirán las puertas a la deforestación para que los demás propietarios, vecinos de la zona, hagan sus urbanizaciones. Claro, tendrán derecho de hacerlo, porque qué tiene de importante un parque o un área protegida si ‘él’ quiere tener su coliseo para hacer el festival “mais grande do mundo”. ¡Ah, perdón!, eso sería en Brasil, donde doña Dilma está en problemas. Bueno, si la señora no puede, él le pide el privilegio y lo hace, que de eso se trata.

Y como todos sus caprichos se tienen que cumplir, se le ocurrió que no quiere opositores y amenazó que no va a trabajar con ellos, y no solo eso, sino que se anunció que se paralizaron algunas obras del Gobierno en municipios ‘opositores’ y Alvarito se metió en el pleito mostrándose más duro que el ‘sempiterno líder’ y, desde El Alto, envió un mensaje al país avisando que los médicos tuvieron que amarrar a “nuestro querido presidente” porque está enfermo y se quería levantar, y que lo quieren sano porque lo necesitamos por muchos años más (creo que 20).

Ahora que ya sabemos que todo lo dicho esta semana fue porque el hombre estaba con fiebre muy alta (probablemente delirando), ¿no será mejor archivar el festival para otra oportunidad, recuperar la cordura democrática y olvidarnos de tanto dislate violento?

Rolando Tellería catedrático de Ciencia Política, fiel a su línea califica de "desempate catastrófico" a la "salida jurídica" que encontraron los jueces en el caso Terrorismo, sin descartar el juego sucio contra Rubén Costas.

Las salidas jurídicas, a las exitosas acciones de alta política concebidas para modificar sustancialmente la correlación de fuerzas en el territorio nacional e iniciar un nuevo horizonte político con indiscutible hegemonía de la nueva elite azul, al parecer estarían muy cerca, con los juicios abreviados y las condenas previamente negociadas de los primeros cuatro de los 49 imputados por el caso terrorismo, quienes se habrían inculpado a cambio de la tan ansiada libertad, después de sostener pertinazmente,  durante cerca de seis años, todo lo contrario.

En efecto, utilizando la fuerza que le otorga el control de todos los órganos del Estado, el MAS pretende cerrar el caso terrorismo, estrategia que a todas luces fue concebida para aniquilar definitivamente a la recalcitrante oposición nucleada en los movimientos cívicos de la llamada “media luna”. Precisamente, con la puesta en marcha de esta estrategia, se pone fin a las tensiones políticas entre dos bloques antagónicos, portadores de proyectos políticos irreconciliables, hasta ese momento en competencia. Las  tensiones políticas entre estos dos bloques, que no podían ser resueltos por los canales de la política formal, se expresaron en las trágicas jornadas del 11 de enero del 2007 en Cochabamba, el 24 de mayo del 2008 en Sucre y el 11 de septiembre de ese mismo año en Pando. Para entender adecuadamente estos episodios, hay que ponerlos en ese contexto: en el escenario del “empate catastrófico”. Escenario político donde el MAS, pese a ser Gobierno, producto de su triunfo en las elecciones del 2005, no contaba todavía con una correlación de fuerzas completa a su favor, carencia que se ponía de manifiesto en la deficiente ocupación territorial.

En ese horizonte, es inevitable inferir que, el caso terrorismo, fue diseñado por el nuevo bloque dominante para acabar definitivamente con el “empate catastrófico”. Todo indica que el operativo en el hotel Las Américas contaba con un libreto previamente definido, desde la lista de acusados, compra de testigos, siembra y montaje de pruebas. En un principio, el exfiscal Marcelo Sosa, siguiendo a pie de juntillas la estrategia política, vincula a empresarios, autoridades y dirigentes cívicos cruceños con los llamados terroristas, que presuntamente tenían la misión de dividir el país. Precisamente, este siniestro personaje, luego de su fuga y refugio en la República del Brasil, confirmará los extremos de esta estrategia política que tuvo resultados altamente exitosos. Prácticamente, borraron a la oposición de la “media luna”. En Santa Cruz, todo ha cambiado, los recalcitrantes opositores, incluida la burguesía agroindustrial, por pragmatismo –cuando no miedo-, enarbolan hoy las banderas azules.

De ese modo, la elite azul logra arrinconar y desarticular al viejo bloque en descomposición. Más adelante, pero esta vez en las urnas, el bloque emergente consolidará y ratificará su supremacía en la correlación de fuerzas, en las elecciones de diciembre del 2009 y octubre del 2014, concentrando desproporcionalmente el poder a través de los dos tercios, ventaja que le da la posibilidad de controlar y someter  a todos los órganos de poder, en una suerte de “absolutismo democrático”.

Más allá de la flagrante violación de los derechos humanos, de los derechos civiles, la cínica extorsión y el inmenso sufrimiento provocado en las familias de los imputados, la salida jurídica, nada ortodoxa,  podrá permitir lo que, por todos los defectos procesales de forma y de fondo, no se vislumbraba: cerrar el caso terrorismo. Inclusive, dicho sea de paso, con una ventaja política adicional: podrían eliminar a Rubén Costas de la carrera electoral.

El autor es profesor de la carrera de Ciencia Política  de la Universidad Mayor de San Simón.