Las salidas jurídicas, a las exitosas acciones de alta política concebidas para modificar sustancialmente la correlación de fuerzas en el territorio nacional e iniciar un nuevo horizonte político con indiscutible hegemonía de la nueva elite azul, al parecer estarían muy cerca, con los juicios abreviados y las condenas previamente negociadas de los primeros cuatro de los 49 imputados por el caso terrorismo, quienes se habrían inculpado a cambio de la tan ansiada libertad, después de sostener pertinazmente, durante cerca de seis años, todo lo contrario.
En efecto, utilizando la fuerza que le otorga el control de todos los órganos del Estado, el MAS pretende cerrar el caso terrorismo, estrategia que a todas luces fue concebida para aniquilar definitivamente a la recalcitrante oposición nucleada en los movimientos cívicos de la llamada “media luna”. Precisamente, con la puesta en marcha de esta estrategia, se pone fin a las tensiones políticas entre dos bloques antagónicos, portadores de proyectos políticos irreconciliables, hasta ese momento en competencia. Las tensiones políticas entre estos dos bloques, que no podían ser resueltos por los canales de la política formal, se expresaron en las trágicas jornadas del 11 de enero del 2007 en Cochabamba, el 24 de mayo del 2008 en Sucre y el 11 de septiembre de ese mismo año en Pando. Para entender adecuadamente estos episodios, hay que ponerlos en ese contexto: en el escenario del “empate catastrófico”. Escenario político donde el MAS, pese a ser Gobierno, producto de su triunfo en las elecciones del 2005, no contaba todavía con una correlación de fuerzas completa a su favor, carencia que se ponía de manifiesto en la deficiente ocupación territorial.
En ese horizonte, es inevitable inferir que, el caso terrorismo, fue diseñado por el nuevo bloque dominante para acabar definitivamente con el “empate catastrófico”. Todo indica que el operativo en el hotel Las Américas contaba con un libreto previamente definido, desde la lista de acusados, compra de testigos, siembra y montaje de pruebas. En un principio, el exfiscal Marcelo Sosa, siguiendo a pie de juntillas la estrategia política, vincula a empresarios, autoridades y dirigentes cívicos cruceños con los llamados terroristas, que presuntamente tenían la misión de dividir el país. Precisamente, este siniestro personaje, luego de su fuga y refugio en la República del Brasil, confirmará los extremos de esta estrategia política que tuvo resultados altamente exitosos. Prácticamente, borraron a la oposición de la “media luna”. En Santa Cruz, todo ha cambiado, los recalcitrantes opositores, incluida la burguesía agroindustrial, por pragmatismo –cuando no miedo-, enarbolan hoy las banderas azules.
De ese modo, la elite azul logra arrinconar y desarticular al viejo bloque en descomposición. Más adelante, pero esta vez en las urnas, el bloque emergente consolidará y ratificará su supremacía en la correlación de fuerzas, en las elecciones de diciembre del 2009 y octubre del 2014, concentrando desproporcionalmente el poder a través de los dos tercios, ventaja que le da la posibilidad de controlar y someter a todos los órganos de poder, en una suerte de “absolutismo democrático”.
Más allá de la flagrante violación de los derechos humanos, de los derechos civiles, la cínica extorsión y el inmenso sufrimiento provocado en las familias de los imputados, la salida jurídica, nada ortodoxa, podrá permitir lo que, por todos los defectos procesales de forma y de fondo, no se vislumbraba: cerrar el caso terrorismo. Inclusive, dicho sea de paso, con una ventaja política adicional: podrían eliminar a Rubén Costas de la carrera electoral.
El autor es profesor de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Simón.
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