De exilios e injusticias
“Nunca es tarde para luchar por la justicia y, como parte de ella, luchar por el retorno de quienes sufren la dureza del exilio político”. Retomo mi columna inspirada por el sentido mensaje suscrito por Guido Áñez (EL DEBER, Séptimo día). Él, junto a otros, fue incluido de manera injusta y arbitraria en el juicio de responsabilidades de Octubre Negro (2003) autorizado por el Parlamento un año más tarde. Los entretelones de esa definición son poco conocidos y distorsionados por el discurso que intenta deslegitimar la institución del asilo político al que hoy se acogen cientos de compatriotas.
Ese octubre cumplíamos 21 años de instauración de la era democrática. Abrigábamos la esperanza de que exilio, genocidio, masacre sangrienta, entre otros términos, fueran cosas del pasado dictatorial. No fue así, estos cobrarían una dimensión política y existencial muy distinta bajo la lógica estalinista de algunos sectores alineados a un régimen arropado de gran legitimidad en tiempos de democracia.
Como miembro de la Comisión Mixta de Constitución participé de la difícil tarea de suscribir el informe autorizando el juicio de responsabilidades al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y a los ministros de Defensa y de Gobierno. La primera votación no logró, por dos votos, la mayoría calificada de 105 votos del pleno congresal. Sin embargo, de manera insólita, una forzada segunda votación, al margen de todo procedimiento parlamentario, amplió el juicio a todos los miembros del Gabinete, provocando desde entonces un giro radical en la vida de exautoridades y de sus familias.
El asedio en las calles, el dolor y el reclamo de venganza pudieron más que la necesidad de esclarecer la verdad y hacer justicia. El débil sistema político era prisionero de la razón y sinrazón de las multitudes y de una agenda de octubre que arrancó un decreto de amnistía liberando de toda responsabilidad a la dirigencia, que más tarde admitió su estrategia insurreccional.
Este episodio confirmaría la continuidad de un proceso judicial plagado de arbitrariedades e incompatible con el principio del debido proceso y de todo sentido de proporcionalidad. ¿Sabía usted que los juicios por casos de responsabilidad política en asuntos de ‘seguridad nacional’, instaurados a las crueles dictaduras, no se aplicaron a todo el Gabinete? No ocurrió en Argentina, ni en otros casos emblemáticos de la región y el mundo, ni siquiera en el juicio contra la dictadura de García Meza.
En el caso de Octubre Negro, Bolivia no sentó nueva jurisprudencia porque, en doctrina de derechos humanos, no es posible hacerlo sobre la base de atropellos procesales, algunos de los cuales esperan ser revisados en la Corte Interamericana de Justicia.
14 años después, es posible evocar y recordar este caso que muchos dirigentes del MAS saben fue un exceso. 14 años después prevalecen condiciones más favorables para abrir los ojos, entonces ciegos por la bronca colectiva. Llegó la hora de poner las cosas en su sitio. Por ello el pedido de amnistía y de reconciliación en torno a un reclamo justo que suscribo con convicción.
Ese octubre cumplíamos 21 años de instauración de la era democrática. Abrigábamos la esperanza de que exilio, genocidio, masacre sangrienta, entre otros términos, fueran cosas del pasado dictatorial. No fue así, estos cobrarían una dimensión política y existencial muy distinta bajo la lógica estalinista de algunos sectores alineados a un régimen arropado de gran legitimidad en tiempos de democracia.
Como miembro de la Comisión Mixta de Constitución participé de la difícil tarea de suscribir el informe autorizando el juicio de responsabilidades al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y a los ministros de Defensa y de Gobierno. La primera votación no logró, por dos votos, la mayoría calificada de 105 votos del pleno congresal. Sin embargo, de manera insólita, una forzada segunda votación, al margen de todo procedimiento parlamentario, amplió el juicio a todos los miembros del Gabinete, provocando desde entonces un giro radical en la vida de exautoridades y de sus familias.
El asedio en las calles, el dolor y el reclamo de venganza pudieron más que la necesidad de esclarecer la verdad y hacer justicia. El débil sistema político era prisionero de la razón y sinrazón de las multitudes y de una agenda de octubre que arrancó un decreto de amnistía liberando de toda responsabilidad a la dirigencia, que más tarde admitió su estrategia insurreccional.
Este episodio confirmaría la continuidad de un proceso judicial plagado de arbitrariedades e incompatible con el principio del debido proceso y de todo sentido de proporcionalidad. ¿Sabía usted que los juicios por casos de responsabilidad política en asuntos de ‘seguridad nacional’, instaurados a las crueles dictaduras, no se aplicaron a todo el Gabinete? No ocurrió en Argentina, ni en otros casos emblemáticos de la región y el mundo, ni siquiera en el juicio contra la dictadura de García Meza.
En el caso de Octubre Negro, Bolivia no sentó nueva jurisprudencia porque, en doctrina de derechos humanos, no es posible hacerlo sobre la base de atropellos procesales, algunos de los cuales esperan ser revisados en la Corte Interamericana de Justicia.
14 años después, es posible evocar y recordar este caso que muchos dirigentes del MAS saben fue un exceso. 14 años después prevalecen condiciones más favorables para abrir los ojos, entonces ciegos por la bronca colectiva. Llegó la hora de poner las cosas en su sitio. Por ello el pedido de amnistía y de reconciliación en torno a un reclamo justo que suscribo con convicción.
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