El gran golpe
Columna
LA LUZ Y EL TÚNEL
Publicado el 14/10/2017
Pueden decir que las miles y miles de personas que se han movilizado el martes 10 de octubre, para converger en grandes manifestaciones y encuentros democráticos, lo hicieron por convocatoria o presión de los partidos y dirigentes políticos profesionales, y, desde luego, estarán agregando una nueva falsedad a todas las que han sembrado. No hay margen para el equívoco, porque a pesar de la enorme distancia que los aparta del sentir social, pueden darse cuenta de que su último intento para legalizar la reelección perpetua no los convence ni a ellos. Su intenso aglutinamiento interno responde al temor de la rendición de cuentas, no a la convicción.
La ira colectiva ha dado un salto en el mismo instante que la tropa de leguleyos que los asesoran ha convencido a sus jefes de que pueden hacernos creer que el Presidente, al presionar para que se le abra la oportunidad de reelegirse una, otra y otra y otra vez más es, en realidad, el sacrificado defensor de un sagrado derecho contra la perversa Constitución y el voto popular que lo refutan.
Cuando el montaje que nos condujo al referendo constitucional de 2016 fracasó, el balance definitivo del equipo de gobierno es que fue un error de sus organizaciones sociales. Olvidaron que desde 2014 hasta el 21 de febrero, organizaciones, presidente, ministros, parlamentarios, es decir todos, repetían incansablemente que no había que temerle al voto, que la democracia se sustentaba en la consulta al soberano; es decir, lo contrario de lo que ahora sostienen.
La indignación que se amontona, capturando agresivamente grandes núcleos de electores, que apostaron fielmente por el régimen, se debe al feroz cambiazo conceptual, sazonado cada día con la avalancha de noticias de robos enormes, muy grandes o grandes, que sufren los recursos público en casi todas las instituciones gubernamentales. Con tales antecedentes, la instrucción que recibimos del vicepresidente, de que debemos consolarnos pensando que solamente se está verificando un fenómeno de "microcorrupción”, hace rechinar los dientes.
No existe en nuestro país un sólo avance sustantivo de la democracia que no se sea resultado de movilizaciones sociales, incluyendo la Constitución que es considerada por los opositores como una obra oficialista; pero ahora se devela que la Carta Magna no tiene más padres que la prolongada deliberación colectiva, que desde el primer diálogo nacional, de 1998 en adelante y hasta la instalación de la Constituyente, permitió que se expresen anhelos, demandas, convicciones, conocimientos y experiencias acumuladas por un pueblo.
Se ha desnudado que ni a los que ejercen el poder, ni a los que se postulan en su contra en cada nueva elección les gusta la pluralidad económica, política, cultural, con autonomías, participación y control social que manda la CPE, o su clara definición de que los recursos naturales son de las bolivianas y bolivianos, no del Estado, al que se encarga su administración, pero no se transfiere su propiedad. Es bueno que hayan caído las falsas paternidades de la Constitución, porque eso permite recuperar el programa fundamental que contiene y que guía a construir una sociedad que se desenvuelve armónicamente con la naturaleza, con la preservación de las fuentes de vida y no con el programa de 18 millones de bosques deforestados para soya, cemento y "desarrollo” tradicional, depredador, bajo el que se alían los nuevos grupos dominantes con sus predecesores, aunque no dejen de enseñarse los dientes en las noticias.
Salimos a la calle hoy y lo haremos todas las veces necesarias para rescatar las libertades y derechos, por la Constitución y la soberanía popular. También para terminar con nuestra tradición caudillista, para arrinconar a la corrupción y al abuso. ¡No para volver en el tiempo hace 35 años! sino para hacer que esos años y luchas sean la base de una justicia independiente, honrada, confiable. Para detener el gran golpe que impulsa el poder para recrearse, oponiéndole el de una sociedad decidida a seguir insistiendo que los mandatarios han de subordinarse a ella, no al revés.
El autor es investigador y director del Instituto Alternativo.
La ira colectiva ha dado un salto en el mismo instante que la tropa de leguleyos que los asesoran ha convencido a sus jefes de que pueden hacernos creer que el Presidente, al presionar para que se le abra la oportunidad de reelegirse una, otra y otra y otra vez más es, en realidad, el sacrificado defensor de un sagrado derecho contra la perversa Constitución y el voto popular que lo refutan.
Cuando el montaje que nos condujo al referendo constitucional de 2016 fracasó, el balance definitivo del equipo de gobierno es que fue un error de sus organizaciones sociales. Olvidaron que desde 2014 hasta el 21 de febrero, organizaciones, presidente, ministros, parlamentarios, es decir todos, repetían incansablemente que no había que temerle al voto, que la democracia se sustentaba en la consulta al soberano; es decir, lo contrario de lo que ahora sostienen.
La indignación que se amontona, capturando agresivamente grandes núcleos de electores, que apostaron fielmente por el régimen, se debe al feroz cambiazo conceptual, sazonado cada día con la avalancha de noticias de robos enormes, muy grandes o grandes, que sufren los recursos público en casi todas las instituciones gubernamentales. Con tales antecedentes, la instrucción que recibimos del vicepresidente, de que debemos consolarnos pensando que solamente se está verificando un fenómeno de "microcorrupción”, hace rechinar los dientes.
No existe en nuestro país un sólo avance sustantivo de la democracia que no se sea resultado de movilizaciones sociales, incluyendo la Constitución que es considerada por los opositores como una obra oficialista; pero ahora se devela que la Carta Magna no tiene más padres que la prolongada deliberación colectiva, que desde el primer diálogo nacional, de 1998 en adelante y hasta la instalación de la Constituyente, permitió que se expresen anhelos, demandas, convicciones, conocimientos y experiencias acumuladas por un pueblo.
Se ha desnudado que ni a los que ejercen el poder, ni a los que se postulan en su contra en cada nueva elección les gusta la pluralidad económica, política, cultural, con autonomías, participación y control social que manda la CPE, o su clara definición de que los recursos naturales son de las bolivianas y bolivianos, no del Estado, al que se encarga su administración, pero no se transfiere su propiedad. Es bueno que hayan caído las falsas paternidades de la Constitución, porque eso permite recuperar el programa fundamental que contiene y que guía a construir una sociedad que se desenvuelve armónicamente con la naturaleza, con la preservación de las fuentes de vida y no con el programa de 18 millones de bosques deforestados para soya, cemento y "desarrollo” tradicional, depredador, bajo el que se alían los nuevos grupos dominantes con sus predecesores, aunque no dejen de enseñarse los dientes en las noticias.
Salimos a la calle hoy y lo haremos todas las veces necesarias para rescatar las libertades y derechos, por la Constitución y la soberanía popular. También para terminar con nuestra tradición caudillista, para arrinconar a la corrupción y al abuso. ¡No para volver en el tiempo hace 35 años! sino para hacer que esos años y luchas sean la base de una justicia independiente, honrada, confiable. Para detener el gran golpe que impulsa el poder para recrearse, oponiéndole el de una sociedad decidida a seguir insistiendo que los mandatarios han de subordinarse a ella, no al revés.
El autor es investigador y director del Instituto Alternativo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario