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miércoles, 30 de enero de 2008

Intermediación financiera no autorizada

Mauricio Aira

El país conserva muy malos recuerdos de las llamadas “inmobiliarias” que en la década de los noventa provocaron dramas colectivos que jamás deberían repetirse y es que la captación de recursos financieros y su transferencia al inversionista debería estar celosamene confiada a los bancos, a las cooperativas de ahorro y crédito y a fondos especiales que cumplan rigurosamente con las normas establecidas por la Ley de Bancos de abril de 1993, del Banco Central de octubre de 1955, del Mercado de Valores, de las leyes de Pensiones y de Seguros y las que autorizaron el funcionamiento de Fondos Privados y de Capitalización vigentes que son el marco del régimen legal financiero.

Cuando la malhadada Financiera Nacional Sociedad Anónima (FINSA) comenzó a operar en Oruro en 1985 con la intención de captar los recursos originados en las indemnizaciones que recibían los trabajadores mineros al cerrar Comibol ha debido contar con algún tipo de autorización legal provisional, hasta tanto cumpliera con los ineludibles requisitos y pasar por un control preliminar de la Superintendencia entre cuyos atributos está justamente incorporar al sistema a entidades que realicen la captación de los recursos de los ahorristas para depositarlos en custodia bajo su directa supervisión, pero, oh error! Nunca más hasta algunos años después cuando FINSA creció como un enorme pulpo y captó recursos de una ingente masa de ahorristas no sólo en Oruro, sino también y principalmente en Cochabamba. Hábiles juristas bien vinculados al poder público y los tribunales eludieron los inicialmente suaves requerimientos de la Superintendencia. Porqué habrían de mostrar dureza con FINSA, si todo el mundo parecía satisfecho con su existencia. Los medios le hacían profusa propaganda, la financiera realizaba obras de bien social a ojos vista, sus inversiones crecían día a día, todo parecía mostrar que los ahorristas al percibir intereses por sus depósitos de 4, 5 y hasta el 6% se daban por satisfechos. Los sistemas preventivos de control y vigilancia no funcionaron.

FINSA transcurrió del boato y la excelencia a la miseria y el desastre financiero. Cuando el proceso piramidal alcanzó sus límites previsibles, sus oficinas se vieron abarrotadas de público, hacían cola para depositar, más largas colas para cobrar. En una ventanilla recibían los aportes, en otra no distante entregaban los intereses. La corrida de depósitos llegó al paroxismo y cuando las disponibilidades se agotaron, FINSA apeló a la propaganda con grandes costos y a pignorar lo que había adquirido ante las urgencias de pagar intereses y proceder a la devolución en pagos programados para emborrachar la perdíz. Su estrepitosa caída significó la pérdida de patrimonio de miles de ahorristas que en su desesperación hicieron lo que hoy, paros, piquetes de guardia, resistencia para evitar la investigación, medidas de presión ante las autoridades para conseguir el mismo tratamiento que los cuenta correntistas del sistema bancario protegidos por la Superintencia.

Estamos hoy ante la repetición de la historia de FINSA con una entidad denominada Reghol cuyos “asociados” sumarían varios miles. Al no tener autorización de intermediación financiera, intervino aunque ay, bastante tarde la Superintendencia de Bancos para imponer sanciones a la entidad y su clausura como medida previa a la liquidación forzosa. Severa en sus normas resulta inexplicable cómo puede ser posible que se hubiese permitido su ilegal funcionamiento durante varios años sin tomar en cuenta el antecedene de FINSA y otra decena de intermediarias financieras que corrieron la misma suerte.

Toda entidad mercantil que se ocupa de negociar con el dinero que se considera una mercancía tiene que contar necesaria e imprescindiblemente con el control de la Superintencia, aunque todos sabemos que las financieras se camouflan como instituciones de desarrollo, empresas comerciales, de giros y transferencias, transportadoras de dinero y administradoras de tarjetas de crédito o en forma de cooperativas cerradas sin permiso expreso ni protección del encaje legal. Según el superintende de Bancos Marcelo Zabalaga, las financieras están enmascarando operaciones delictivas. Aunque sin nombrar sabemos que se refieren al lavado de dinero, de blanqueos sospechosos dentro del narcotráfico y la alta criminalidad. La búsqueda de transparencia en el sector financiero es un requisito ante los organismos internacionales y los gobiernos que ofrecen cooperación al país.

Es de esperar que la Super se ajuste el cinturón y utilizando el imperio de la Ley aplique sin contemplación las normas que existen, pero no se cumplen. En el corolario apuntamos que FINSA dejó en la calle a varios miles de modestos ahorristas que pusieron todo su patrimonio en los depósitos de la financiera. Al quiebre turbulento sucedieron truculentos episodios, separaciones, juicios, suicidios que debemos evitar vuelvan a repetirse.

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