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domingo, 17 de mayo de 2009

como una máquina destructora del tiempo avanza el ejecutivo destruyendo lo judicial para dominar el poder.

Prosigue implacable la ofensiva del Poder Ejecutivo contra el Judicial. Sumemos a ello la casi inexistencia actual del Tribunal Constitucional —también oportunamente en jaque por el Gobierno— y vemos cuán frágil es hoy el derecho en Bolivia, bastante torcido ahora, si vale la expresión. El proceso ya acarrea consecuencias, sobre todo en función de la falta de protección para esenciales garantías ciudadanas.
En medio de esta manifiesta irregularidad, resurge la cruda realidad de la llamada “justicia comunitaria”, de cuya contundencia acaba de darse una muestra con el inhumano castigo a latigazos propinado al dirigente indígena opositor Marcial Fabricano.
La comunidad internacional avanzó mucho a lo largo de los siglos. Pretender retroceder a otros tiempos y prácticas es casi imposible. Sobre la base del ordenamiento jurídico prevalente en el mundo, es imperativo dejar de lado tales costumbres ancestrales. En caso contrario, podemos llegar a extremos pretéritos tipo sacrificios humanos y hasta canibalismo.
El tema judicial tiene dos lecturas. Por un lado, el estricto punto de vista formal de lo que es un explícito “descabezamiento” progresivo de ese importante e independiente poder estatal. Por otro, la percepción ciudadana con respecto al Poder Judicial es negativa. Tanto jueces como sus procedimientos han dejado en el reciente pasado mucho que desear; eso ha causado un fuerte descontento popular. El Gobierno supo aprovechar ese descontento para seguir con sus avances sobre el Poder Judicial, de lo cual la controvertida salida forzada del hasta hace poco titular de la Corte Suprema es lo más destacado.
Al tema judicial hay que agregar los casos de exilios que se han venido observando. Todo este proceso global erosiona la solidez de la justicia. (Sub-editorial de LT., edición digital)

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