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viernes, 10 de junio de 2016

en todo el mundo "sin restricciones" actúan los abogados en el ejercicio de la Justicia, de la defensa del más débil, del cumplimiento de la Ley,menos en Bolivia, que desciente a los niveles más incalificables de ausencia del Estado de Derecho. el Régimen no se preocupa.

Las autoridades gubernamentales no cumplen su obligación ineludible de garantizar que los profesionales del Derecho desempeñen sus distintas funciones sin restricciones, sino todo lo contrario
Desde hace ya mucho tiempo, pero con especial intensidad durante las últimas semanas, una serie de medidas gubernamentales ha puesto en primer plano de la agenda de preocupaciones colectivas la fragilidad del Estado de derecho en nuestro país y las muchas amenazas a las que está siendo sometido.
Las acciones a las que nos referimos tienen en común la ya indisimulada intención gubernamental de entrometerse en asuntos relativos a la administración de la justicia en nuestro país. Franca y abiertamente, ya sin siquiera cuidar las formas, el Gobierno se ha propuesto desconocer el precepto constitucional de separación, independencia e igualdad de los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
El principal instrumento de esa política es el Ministerio de Justicia que no hace otra cosa que inmiscuirse en área ajena, controlando y supervisando el desenvolvimiento de jueces, abogados litigantes, consultores y asesores legales, avasallando a los primeros y obligando a los restantes a que se inscriban en dicho Ministerio para ejercer funciones.
Esa intromisión inconstitucional se hace patente con la convocatoria que hizo para el estudio de propuestas de cambio en la legislación concerniente a la Administración de Justicia, función que no corresponde a ninguna dependencia del Órgano Ejecutivo, sino única y exclusivamente a los Órganos Legislativo y Judicial y a integrantes de los Colegios de Abogados y de las Asociaciones de Jueces y Magistrados.
Otra muestra de lo dicho es que los notarios son designados por  representantes de los ministerios de Justicia y el de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, con amplias facultades de fiscalización y control.
Respecto a la misión jurisdiccional, se ha hecho escarnio de los principios de independencia e imparcialidad, hasta el extremo de iniciar procesos a los que actuaron con estricta sujeción a esas reglas de conducta.
Quienes patrocinan causas en sede judicial en el ámbito de los litigios son perseguidos y amedrentados. A uno de ellos, sin opción a defensa, se le ha encarcelado y privado ilegal e injustamente de su derecho al ejercicio profesional.
Para justificar su conducta, se afirma que hay abogados que ejercen su profesión con infracción de las reglas de ética y principios básicos de su función protectora del Derecho y factor esencial de la paz jurídica y se generaliza esa apreciación estigmatizando a todo el gremio sin exclusión alguna.
Al proceder así, lo cual es censurable, no se advierte que es innegable el hecho de que muchos más se desempeñan  siguiendo la honrosa tradición de servicio a la sociedad y al Estado con abnegación, honrando su característica esencial de personas buenas, prudentes, libres y dignas.
Al actuar de ese modo, las autoridades gubernamentales no cumplen su obligación ineludible de garantizar que los profesionales del Derecho desempeñen sus distintas funciones sin restricciones, sino todo lo contrario.

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