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viernes, 17 de junio de 2016

enérgica reacción de los medios, ante amenazas de García Linera, quién en forma abierta, abusiva, por demás fuera de tono, ataca y acusa de conformar una mafia. tras la justa protesta, pudieran venir otras acciones para mostrar los medios su real indignación.

Los medios de comunicación son personas jurídicas que por principio de derecho penal “no cometen delitos y no pueden sufrir sanciones”, y sus trabajadores están protegidos por la Ley de Imprenta y la Constitución Política del Estado (CPE), afirmó el senador René Joaquino (MAS) en respuesta a la última advertencia que realizó el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, que el Gobierno no perdonará a “políticos y medios de comunicación mentirosos y abogados mafiosos”.
El miércoles, la autoridad gubernamental en un congreso de interculturales en Chimoré, Cochabamba, fustigó a Los Tiempos, Página Siete, El Deber, Erbol y ANF, por la cobertura que se dio al escándalo de Gabriela Zapata Montaño que se desató con la denuncia de Carlos Valverde por la relación que tuvo con el presidente Evo Morales, el supuesto hijo que procrearon, y un posible tráfico de influencias por la relación que tenía su expareja con la empresa china Camce.
Sin embargo, pese a los argumentos legales de Joaquino, un grupo de asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) manifiesta su posición de que la justicia ordinaria determine si los periodistas y medios de comunicación incurrieron en delitos al informar sobre el caso Zapata.
“Lo que tiene que haber es una investigación a todos, eso se ha recalcado. No por el hecho de ser político o ser periodista, se puede gozar de impunidad, es un hecho que se debe investigar, a todas las personas que han participado de este hecho con las mentiras de un niño falso”, señaló el oficialista Elmer Callejas.
Los legisladores opositores, consideraron que no es la primera vez que García Linera lanza ataques contra sectores que no comulgan con el Gobierno y medios de comunicación que reflejan los hechos desde un punto de vista crítico sin limitarse a lo que hacen los medios estatales, reflejar sólo lo que le interesa al Ejecutivo gubernamental.
“Lo que pasa es que hay un Gobierno queriendo generar terror y temor a toda la población en su conjunto, se está instrumentalizando la justicia para eternizarse en el poder. Está es una actitud totalitaria, dictatorial que no la aceptamos”, señaló el diputado Gonzalo Barrientos (UD) al indicar que hasta ahora el MAS no acepta su derrota y fracaso en el referendo del 21 de febrero.
La diputada Rose M. Sandoval calificó las advertencias del Vice como un mensaje de amedrentamiento y de persecución en contra de la oposición, periodistas y medios, actitudes usuales que se practican en gobiernos totalitarios y dictatoriales.

EL MAS PIDE INVESTIGAR
El asambleísta del Movimiento Al Socialismo, Javier Zavaleta, señaló que hasta la fecha no se ha determinado que haya algún medio o periodista que esté vinculado con un delito, pero que en todo caso las investigaciones del Ministerio Público serán las que determinen aquello.
“Si en el transcurso de la investigación se determina aquello, simplemente sea periodista o no igual tiene que pagar lo que ha hecho (...) será un juez, el fiscal el que determine si ese periodista o medio de comunicación tuvo o no alguna participación en el delito, si se determina la participación de un periodista en un hecho delictivo tiene que pagar por lo que ha hecho”, dijo.
Por otra parte, el diputado Edgar Montaño (MAS) explicó que la prensa es libre y democrática en el país y que de existir irregularidades hay un Tribunal de Imprenta para considerar cualquier falta que se denuncie en contra de algún trabajador de prensa.

LA ANP PIDE RESPETAR LA LEY DE IMPRENTA
Juez pide grabaciones y nombres de periodistas
La Paz | ANF
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) denunció, mediante un comunicado, que un juez ha pedido grabaciones y nombres de periodistas a cinco medios de comunicación que cubrieron una noticia del caso Zapata en el marco de una demanda planteada por el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, en contra de la exnovia del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata.
La ANP pide al juez Primero de Instrucción en lo Penal, Luis Yepez Portugal, dejar sin efecto la orden judicial y respetar la Ley de Imprenta que, en su artículo 2, indica que los responsables de las publicaciones son “los directores de diarios, revistas y publicaciones periodísticas”. Esto quiere decir que no se puede revelar el nombre de los periodistas.
“El pronunciamiento responde a la orden judicial que exige a la periodista Amalia Pando y al Canal 18 de televisión la entrega de grabaciones, y a los periódicos Página Siete, Los Tiempos, El Deber y El Diario revelar la identidad de los periodistas que procesaron como noticia una declaración de la excompañera sentimental del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, que involucra a varias autoridades en presunto tráfico de influencias”, señala el comunicado de la ANP.
La organización que agrupa a los propietarios y directores de los medios impresos y agencias de Bolivia, indica que el juez Yepez envió el 13 de junio una comunicación que fue entregada a los medios señalados  y que “responde a una solicitud de la apoderada legal del ministro Claros, Kathleen Fernández, que recurre a la autoridad judicial para acumular antecedentes que permitan la apertura de una acción penal por calumnia e injuria”.
Vulneración
El requerimiento de Fernández pide al juez que “éstos (los medios citados) proporcionen los datos generales de las personas de la redacción de dicha noticia en estos medios de comunicación en fecha 18 de mayo del presente”.
Al pie del documento, el juez Yepez da curso al pedido con su firma y sello.
De persistir el intento de vulnerar la Ley de Imprenta, la ANP recurrirá a instituciones internacionales para demandar el respeto de las normas que protegen el trabajo periodístico, expresa mediante un comunicado.

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