Desde hace más de un año, 7.000 botellas de licor de coca están retenidas en la Aduana de Moscú (Rusia).
Las autoridades de ese país impidieron el ingreso de esa bebida, porque consideran que al ser un derivado de la hoja, es dañina para la salud. Fabio Pérez, ex dirigente del Consejo de las Federaciones Campesinas de los Yungas (Cofecay), informó que ese producto fue enviado a esa nación a requerimiento de una empresa, de la que, sin embargo, no recuerda con precisión el nombre. El ex representante afirmó que las autoridades de la Cancillería boliviana y de los viceministerios de la Coca y de Defensa Social tienen pleno conocimiento de esa situación y que se están haciendo las gestiones necesarias para liberar el envío.
No obstante, el viceministro de Relaciones Económicas e Internacionales, Pablo Guzmán, manifestó desconocer ese trámite. Sus colegas de los despachos de la Coca, Gerónimo Meneces y, de Defensa Social, Felipe Cáceres, no recuerdan este asunto. Sin embargo, Pérez explicó a este medio que una primera partida de esa bebida se vendió, “pero el resto ya no hemos podido; al contrario, estamos ahorita en una demanda para que nos la liberen y podamos tener (un espacio) en el mercado ruso”. Sostuvo que en Bolivia el producto fue mejorado para que sea vendido en el extranjero y pueda cumplir con todas las normas sanitarias. “Ha sido difícil, pero también loable, porque cuando surge este tipo de situaciones, como institución estamos en la obligación de mejorar”.
Desde 2007, según el ex dirigente de esa organización campesina, las 7.000 botellas están retenidas “por una situación de que son productos de coca; todavía hay (la) visión de que la hoja en su estado natural es dañina; pero estamos haciendo trámites ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que nos otorguen una certificación de que el producto no es nocivo, o sea, el producto acabado”. —¿Siete mil botellas retenidas en la Aduana de Moscú, qué tramites se está siguiendo para liberalizarlas? —Se están haciendo trámites sobre todo de salud, porque nos dicen que no sería apto para salud.
Se están haciendo gestiones ante la Organización Mundial de la Salud y otros organismos para que nos den una certificación, porque está siendo sometido (la hoja de coca) a laboratorios, análisis y también tenemos situación de que habrá convención (de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, JIFE) sobre el tema. —¿El Gobierno les está apoyando para conseguir la certificación de que este producto no hace daño a la salud? —Nos apoya en la industrialización de coca. —Pero, ¿para liberar la mercadería? —Están poniendo sus buenos oficios, pero el Canciller y otras autoridades que tienen representación allá están poniendo sus oficios y esperamos que en próximas reuniones y una visita a Rusia se aproveche esa situación. —¿Quién invirtió en este rubro?
—La retención nos ha bajado un poco las expectativas.... —¿De quién es el capital? —De Adepcoca una parte, e instituciones que se han asociado y algunos emprendedores. Se asociaron el Museo de la Coca, a nombre de Jorge Hurtado; Coca y Soberanía, que es parte de una organización no gubernamental (ONG) en el país.
En marzo de 2008, la JIFE presentó su informe elaborado en la gestión 2007, en el que asegura que el acullicu, las infusiones y cualquier otro tipo de derivados industriales de la coca pueden afectar a la salud humana y que esas prácticas entran en contradicción con la convención firmada por Bolivia y otros países en 1961, la que incluye a la coca en una lista de estupefacientes prohibidos por la comunidad internacional.
En noviembre del pasado año, una misión encabezada por el viceministro Cáceres y productores de coca del trópico de Cochabamba y de la región de los Yungas se constituyó en Viena, sede de la JIFE, y solicitó a esa instancia que reconsidere esas recomendaciones y emita un nuevo documento en la convención que se realizará este 2009. Sin embargo, esa entidad no comprometió nada en ese sentido y expresó su predisposición de “seguir dialogando”. Según Pérez, los promotores de la exportación de licor de coca a Rusia esperan de que a través de la futura reunión se puedan liberar las 7.000 botellas.
La organización también apuesta a que se pueda impulsar la industrialización de la coca a partir de la aprobación del proyecto de nueva Constitución Política del Estado (CPE). El artículo 384 de esa propuesta dice: “El Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social; en su estado natural no es estupefaciente. La revalorización, producción, comercialización e industrialización se regirá mediante la ley”.
Durante estos tres años de gestión, el Poder Ejecutivo no pudo industrializar la hoja sagrada. Actualmente una de las infraestructuras es edificada en Villa Tunari (Cochabamba) y la otra, para los Yungas, apenas está en proyecto. El financiamiento debía correr por cuenta del Tratado de Comercio de los Pueblos y la Alternativa Bolivariana para las Américas (TCP-Alba), pero no se confirmó, por lo que los recursos para esas plantas provendrán del Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (Fonadal), dependiente de la Unión Europea. El Gobierno prevé dar valor agregado a la hoja de coca desde junio de este año, pero la producción será para el mercado interno. (Redacción de La Prensa. La Paz, Bolivia)
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