El prefecto de Tarija, Mario Cossío, solicitó a la Fiscalía General el inicio de un juicio de responsabilidades contra el presidente Evo Morales, quien autorizó a YPFB la contratación directa de obras y servicios en aparente contravención de disposiciones legales.
La denuncia de Cossío tiene que ver con supuestos daños económicos en los que habría incurrido el mandatario, quien también habría autorizado la contratación de servicios de consultoría, tipificados como conducta antieconómica en el Código de Procedimiento Penal.
El Fiscal General de la República, Mario confirmó ayer que el viernes pasado el prefecto de Tarija, Mario Cossío hizo llegar una proposición acusatoria en contra del Presidente, Evo Morales por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica tipificados.
El Presidente firmó el decreto 29506 en abril de 2008 por el que "facilita, autoriza y promueve la contratación directa de obras, bienes, servicios generales de consultoría en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)" sin respectar -dice la denuncia- los procedimientos establecidos en la ley 1178, generando graves daños económicos al Estado boliviano y el manejo de la cosa pública.
El citado decreto "autoriza a YPFB la contratación directa de obras, bienes, servicios generales y servicios de consultoría, así como establecer las condiciones que regulan el proceso de contratación de bienes, obras y servicios con precalificación de potenciales proponentes, en el marco de las Leyes Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales y Nº 3058 de Hidrocarburos".
El Fiscal General afirmó que la investigación del caso pasó a manos de un fiscal de Recursos con el que arrancó el proceso investigativo en su fase preliminar conforme a la Constitución Política del Estado vigente y la ley 2445 de juicio de responsabilidades.
Uribe señaló que esta es la primera proposición acusatoria contra un presidente de la República en el marco de la nueva Constitución que establece que sólo el Primer Mandatario de la Nación y el Vicepresidente gozan de privilegio constitucional y no así los ministros de Estado.
La Fiscalía ya puso en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia el inicio de investigación y posteriormente si existen los elementos de convicción para presumir la probable comisión de los delitos que refiere se dictará un requerimiento acusatorio y solicitar la autorización congresal correspondiente, de lo contrario al rechazo de la proposición. ANF, La Paz.
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