Si hay una institución en nuestro país cuyo desprestigio ha llegado a niveles ya intolerables, esa es sin duda la Policía Boliviana. Décadas de constantes casos de corrupción en todas sus formas, de abusos, de las más variadas irregularidades e innumerables intentos fallidos de reestructuración y depuración, siempre frustrados por la tenaz resistencia de sus cuadros más influyentes, han ido socavando la imagen de la institución hasta llevarla a un punto en el que no parece haber lugar para ligeras reformas cosméticas, sino sólo para radicales transformaciones.
El más reciente escándalo, el que salió a luz hace tres semanas a raíz de la decisión del Ministro de Gobierno de dejar sin efecto un programa piloto para la incorporación de jóvenes interculturales a la Universidad Policial (Unipol), es una muestra más del extremo al que se ha llegado.
En el caso que nos ocupa, a los elementos que ya forman parte de las tradicionales pugnas entre grupos rivales por los ascensos, se suma una serie de agravantes entre las que está el desenfado con que los más altos mandos policiales desafían a las autoridades a las que deben subordinación —en este caso el Ministerio de Gobierno— y se empeñan en incurrir franca y abiertamente en insubordinación. Para colmo, es el mismo Ministro de Gobierno el que sale al paso para denunciar el hecho, mostrando así, tácitamente, su pérdida de control sobre la situación.
Tan sintomático como todo lo anterior es el origen del escándalo, pues da cabal cuenta de la impostura que se esconde detrás de muchos de los actos que en nuestro país se realizan o cometen en nombre de principios como la lucha contra la discriminación y el racismo. Cabe recordar que el origen del problema se remonta a 2010, cuando en el marco de la “lucha contra la discriminación” y en nombre de la “descolonización”, del “plurinacionalismo” y de otros conceptos similares, se aprobó un “Programa piloto de incorporación de jóvenes bachilleres interculturales” con el supuesto propósito de mejorar las posibilidades de ingreso a la Policía Boliviana de “indígena originario campesinos”.
Se diría, a juzgar por tan singular disposición, que antes de ella la institución policial era un reducto exclusivo para miembros de algún grupo étnico privilegiado, lo que como se puede comprobar a simple vista es una falacia tan grande que sólo se puede suponer que en éste, como en muchos otros casos, los argumentos de corte étnico o ideológico no son más que un ardid para legitimar deplorables actos de corrupción y engaño.
Se debe reconocer, en ese contexto y dados los antecedentes, que la actual gestión gubernamental se ha destacado, en comparación con las anteriores, por haber dado importantes pasos hacia la depuración de la Policía Boliviana. Es de esperar, por eso mismo, que ésta sea una buena ocasión para que las investigaciones lleguen a término y que la autoridad estatal, representada en este caso por el Ministerio de Gobierno, haga respetar lo que mandan las leyes y los más elementales principios éticos.
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