La existencia, hasta hace poco, de más recursos en todos los niveles del Estado boliviano destinados a construir obras públicas ha dado lugar a que, mediante nuevas disposiciones o interpretaciones forzadas de las vigentes, se obvie una serie de requisitos para su adjudicación.
El mecanismo más utilizado ha sido la adjudicación directa a empresas seleccionadas por las mismas autoridades luego, dizque, de un proceso de invitación directa. Es decir, esas autoridades no sólo que elaboran los términos de referencia, sino que deciden a qué empresas invitar y seleccionan a la que consideran que cumple mejor los requisitos. Transparencia, ninguna.
Otra forma non sancta de adjudicar obras es seguir el procedimiento y hacer convocatorias públicas para la asignación de obras. Lo curioso es que en demasiados casos se ha declarado desierta las tres convocatorias exigidas por norma, abriendo la posibilidad de la invitación directa con un aditamento, se modifican algunos términos de referencia y se incrementa el precio.
Pero, de la misma manera que la mentira tiene patas cortas, en los últimos tiempos hemos visto que también las acciones irregulares salen a luz pública. El problema es que muchas autoridades en vez de aprender de la experiencia, buscan crear mecanismos que hagan más secretos los procesos de adjudicación de obras o involucran en estos a dirigentes de organizaciones sociales, como, aparentemente, una forma de comprar su silencio.
En este maremágnum, sólo queda exhortar cuantas veces sea necesario, a que se cumplan en forma transparente los procedimientos legales establecidos para licitar y adjudicar la construcción de obras y, de esa manera, administrar adecuada y honradamente los recursos, nuevamente escasos, con que cuenta el país.
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