contubernio. esconden listas de masistas faltones a sus puestos de trabajo en la Asamblea. "Debe conocer la opinión pública" ordenó el Vice

El vicepresidente, Álvaro García, cuestionó el hecho de que la primera Secretaría de Diputados esconda la lista de asistencia de los legisladores y pidió se haga pública esa información para conocer quiénes cumplen con su labor.

“Esto (lista de asistencia) debería ser público, y ahora que está el presidente de la Cámara de Diputados (Héctor Arce) podemos pedirle que se comprometa; eso no tiene por qué esconderse”, afirmó tras participar de un seminario en la capital oriental.

La Razón solicitó en varias ocasiones, desde marzo, un informe sobre la asistencia de los legisladores a la sesiones plenarias, pero hasta ayer no se facilitó los reportes aduciendo ajustes a un reglamento de asistencia.

La primera Secretaría de la Cámara de Diputados, presidida por el masista Pedro Nuni, es la responsable de manejar el control de asistencia legislativa para el pago a los asambleístas. Esto “ayuda a que no haya abuso de parte de los asambleístas a la confianza del pueblo”, reflexionó García.

El Reglamento de Debates, aprobado el 27 de enero del 2010, refiere en su artículo 74 que mensualmente se publicará la lista de control de asistencia a las sesiones plenarias, de comisiones, de comités y de brigadas.

el dictador no tiene la hidalguía de reconocer su satánico golpe. le culpa a Bánzer, qué cobardía. y los muertos y los presos y los exiliados?

— ¿Por qué presenta este libro ahora? ¿Cuál es su objetivo?
— Escribí el libro durante un periodo de cuatro a cinco años, en los cuales, a medida que se sucedía la evolución histórica, iba aclarando los hechos para que la opinión pública los conociera en su verdadera dimensión. Esperamos mucho tiempo para su presentación por diversas circunstancias o causas. Una de ellas a pedido del general Banzer, quien mandaba a diferentes intermediarios con el objetivo de evitar que la ciudadanía conozca la verdad de los hechos.
— En el libro asegura que Banzer le pidió, incluso hasta llegar a las lágrimas, que usted lleve a cabo el golpe de 1980.
— Sí, el general Banzer era el más interesado en que se efectué el golpe del 17 de julio de 1980, porque así evitaba el juicio de responsabilidades que le seguía Marcelo Quiroga Santa Cruz.
— ¿Por qué algunas de las revelaciones que hace ahora no las hizo antes, o durante su juicio de responsabilidades?
— Hice todas las revelaciones, pero no fueron tomadas en cuenta porque claramente se trataba de un juicio político y antes de empezar yo ya estaba sentenciado.
— Se revela en el libro sobre delitos de otras ex autoridades realizados antes del golpe. ¿Por qué no les inició proceso?
— No me correspondía, al ser presidente de la Junta de Comandantes.
— ¿Cómo quisiera usted pasar a la historia?
— Yo paso a la historia como defensor de la patria, en un tiempo en que ésta se encontraba en peligro. Y principalmente como defensor de las instituciones del Estado. Con el golpe del 17 de julio de 1980 dimos paso a que se instaure la democracia en Bolivia, y de esa manera evitar los presidentes interinos y el empantanamiento del Congreso.
— ¿Qué les diría usted a las nuevas generaciones que tienen un concepto negativo sobre su gobierno?
— Les diría que se informen y lean la historia, no sólo la escrita en forma parcial, sino que hagan un análisis de lo realmente sucedido en el periodo de las FFAA.
— ¿Asume la responsabilidad por los hechos que se sucedieron durante su mandato?
— Sí, soy responsable, pero no robé ni maté. No me cabe más que pedirle perdón a mis compatriotas por los errores y omisiones que cometí en mi mandato, en el que actué con el corazón del soldado más que con el pensamiento claro y la experiencia política necesaria.

* La última parte de esta respuesta fue extraída del libro, con el permiso de la familia.

versuón de El Dia de la declaración pública de Torrico que cuestiona seriamente a Fiscal Soza

Molesto por haber quedado con arresto domiciliario en el ‘caso menonitas’ con Dirk Schmidt, el ex viceministro de Gobierno, Gustavo Torrico, dijo que no cree en el trabajo del Ministerio Público, y... sorpresa, sembró dudas sobre la labor del fiscal Marcelo Soza en la investigación del caso terrorismo.

Por eso preguntó “por qué no detiene a uno de los principales implicados en el caso, el dirigente deportivo Carlos Guillén”.

Torrico, ex miembro también de la comisión multipartidaria del Congreso que investigó el caso dijo que “Guillén se anda pavoneando diciendo que fue uno de los primeros que puso”.

El caso está relacionado con la presunta célula terrorista liderada por Eduardo Rózsa, quien fue abatido por la Policía junto a dos de sus compañeros en un operativo realizado el 16 de abril de 1999.

¿SOBORNO?. “Guillén sobornó al fiscal Marcelo Soza”, decía el titular de la red Uno de televisión que recogió inicialmente las declaraciones de Torrico en La Paz tras quedar con arresto domiciliario.

Pero en un contacto telefónico con El Día, Torrico aclaró que no le consta que el fiscal Marcelo Soza recibió algún monto de dinero; sin embargo, se preguntó ¿por qué Guillén está en libertad?.

Guillén “es el que se asoma al hotel las Américas para garantizar el pago, la estadía y el consumo de los presuntos terroristas y dijo que él se hacía responsable de las cuentas”, reveló Torrico,

Torrico dijo que se comprobó en la investigación multipartidaria que Guillén es uno de los financiadores de la célula y que inclusive le proporcionó un automóvil en el que se movilizaba la organización y que fue encontrado en el estacionamiento del hotel Las Américas.

INTERROGANTES. “Por qué Guillén teniendo tantas implicaciones no ha sido llamado a declarar ni está preso y por qué están detenidos otros que se tomaron una fotografía o que su nombre apareció en un email de Eduardo Rózsa”, precisó Torrico.

Durante las investigaciones se estableció que Guillén estaba vinculado a juegos de azar.

El fiscal Marcelo Soza no contestó anoche a su teléfono celular para escuchar su versión. (RM)

LAS FRASES

“Por qué no detienen a Guillen si él se pavonea diciendo qué puso”

GUSTAVO TORRICO

EL CASO

Terrorismo • El 16 de abril de 1999 el Gobierno abrió una investigación sobre presunto terrorismo tras la muerte de Eduardo Rózsa y dos acompañantes en el hotel Las Américas. Hay 20 detenidos.

Contradicciones • El Comité pro Santa Cruz ha observado que Rózsa se infiltró en la dirigencia cruceña con dos agentes de inteligencia y soplones para luego fabricar el caso.

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El ex vice dice que ‘jugará para el proceso’

El ex viceministro de Gobierno Gustavo Torrico dijo que a pesar que algunos le den la espalda, siempre “jugará para el equipo del proceso de cambio”.

Se escuchaba amargado por teléfono y especialmente porque algunos del Movimiento Al Socialismo le han dado la espalda.

Tiene arresto domiciliario y debe pagar una fianza de 20 mil bolivianos que le impuso la juez paceña Julia Parra, por el caso menonitas.

Torrico afirmó que no va apelar la decisión de la jueza y que desde la próxima semana empezará a hacer una colecta con su grupo “Los Satucos”.

Afirmó que no existe ninguna prueba contra él y que son infundados los cargos de organización criminal o daños económicos al Estado porque en el cuadernillo de investigaciones no hay ninguna prueba.

El Gobierno acusa a Torrico y el alemán Schmidt de haber conformado un organización para extorsionar a menonitas.

de "fantástica corrupción" califica la más grande cadena de TV del vecino el caso de extorsión de DIPROVE a un empresario cuyo vehículo robado llegóSC

El programa más prestigioso de la televisión brasileña mostró el domingo como algo fantástico un hecho de corrupción que para los bolivianos es cotidiano y, porque sucede todos los días, ya no llama la atención de nadie. De todas formas, provoca vergüenza ajena ver tanta porquería divulgada por todo el mundo.

Estamos hablando de la odisea que tuvo que pasar un ciudadano brasileño que llegó desde Río de Janeiro a Bolivia para recuperar un valioso automóvil que le fue robado en su país y fue cambiado en la frontera boliviana por 12 kilos de cocaína, forma de transacción que también es común y que tiende a generalizarse aún más gracias al auge del narcotráfico que se vive en Bolivia.

El auto de Oswaldo Fonseca cuesta arriba de cien mil dólares, monto que justifica el esfuerzo de viajar cinco mil kilómetros para buscarlo, pero que no representa un pretexto para ser objeto de la extorsión de policías que desde hace años vienen lucrando con un delito muy frecuente, especialmente en Santa Cruz.

Lo primero que le sorprendió a Fonseca es que en Bolivia la Policía no investiga si el interesado no paga por lo menos la gasolina de sus automóviles y finalmente –como lo saben muchos sectores de esta sociedad-, las investigaciones se las realiza externamente y son los oficiales de uniforme los que se llevan los laureles, porque además, se tiene que recurrir a ellos para hacer los allanamientos, las detenciones y en el caso de los robos, la incautación del “objeto del delito”. Ahí es donde empieza el calvario, especialmente de los que sufren el robo de un vehículo. Las unidades policiales han diseñado toda una maraña burocrática con el fin de exaccionar al público. En Diprove hay que hacer pagos de depósito, buscar abogado, sellos y un sinnúmero de papeleos que representan tiempo y dinero. En el caso del brasileño, denunció que tuvo que pagar hasta por la escolta del vehículo hasta la frontera y algunas otras “compensaciones” a los policías.

El director de Diprove ha negado las acusaciones del brasileño, pero está demás tratar de ocultar lo que también le ha sucedido a miles de personas que han sufrido la desgracia de ser asaltadas por ladrones en la calle y posteriormente tener que enfrentar algo parecido en las oficinas que supuestamente están para proteger al ciudadano.

Pese a que el Gobierno ha anunciado una purga en las filas policiales, al parecer no existen las condiciones para tal limpieza. El narcotráfico representa una amenaza muy fuerte para la integridad de la institución y mientras no exista una decisión política vigorosa para enfrentar este flagelo, la violencia, la criminalidad, el robo de autos y otros delitos graves irán creciendo y por supuesto, comprometiendo aún más el comportamiento de la Policía. A este fenómeno tiene que sumársele también el factor político. Hace unos días un comandante afirmaba que los agentes están más abocados a perseguir dirigentes políticos que a buscar a los delincuentes. El régimen imperante necesita de la connivencia policial para ejercer el control y mantener la hegemonía. En ese contexto es difícil, si no imposible, exigirles a los agentes disciplina, ética y profesionalismo. De esta forma las cosas sólo pueden empeorar.

Un brasileño fue asaltado en su país y le robaron un auto valioso. En Bolivia también fue asaltado, pero por la Policía.

si fuera cierto el fiscal DANIEL AGUILAR, merecería todos los lauros y un ascenso inmediato. honesto y valiente. de dónde viene el dinero?

El Fiscal de la ciudad de El Alto, Daniel Aguilar, quien investiga el caso de la presunta tortura y asesinato del supuesto atracador David Olorio, denunció que con dinero en sobre cerrado intentaron hacerle postergar las indagaciones sobre este tema.

La fiscal Patricia Santos explicó que Aguilar presentó la denuncia sobre el supuesto intento de soborno hace algunas semanas cuando todavía el Fiscal de Distrito de La Paz era Williams Dávila.

“El fiscal Aguilar, que cumple funciones en la Fiscalía de El Alto, ha hecho un informe dirigido al ahora ex Fiscal de Distrito Williams Dávila y en el mismo pone en conocimiento que una funcionaria (del Ministerio Público) habría intentado que él postergue la investigación (sobre caso Olorio)”, declaró Santos.

La funcionaria, identificada solamente como “señora Zulma”, supuestamente se hizo presente en el despacho de Aguilar y en esa circunstancia habría hecho la entrega de un cuaderno de investigación del mencionado caso, pero dentro del mismo un sobre cerrado con 3.500 bolivianos.

“Aguilar al intentar guardar ese cuaderno de investigación habría hecho caer del mismo un sobre cerrado, cuando se encontraba según su informe en presencia de su asistente, éste habría alzado y abierto el sobre encontrando al interior 3.500 bolivianos”, dijo.

Después los elementos han sido remetidos a Fiscalía Departamental de LA Paz también en sobre cerrado y ahora se está investigando el hecho, incluso, la acusada de entregar ese sobre con dinero ya se presentó a declarar ante Santos y se acogió al silencio.

la Suxo es un comodín multiuso. para apañar las faltas masistas y salvar de acusaciones a los intocables. es un fantoche que disimula.

Por segunda vez consecutiva la mayoría del oficialismo (MAS) en la Comisión de Política Social, salvó a la ministra de Transparencia, Nardy Suxo, de presentar su informe oral respecto al trabajo de esa cartera de Estado y los procesos de lucha contra la corrupción que encara.

El diputado de Convergencia Nacional (CN), Tomás Monasterios, quien solicitó el informe, expresó su protesta por la "maniobra" del MAS que no hizo quórum para "salvar" de acto interpelatorio a la ministra Suxo.

"Queremos denuncia al país que el MAS usa la maniobra política, como una de sus estrategias para salvar de culpas a sus ministros, en este caso para salvar de responsabilidades a la ministra Nardy Suxo y de respuestas concretas en torno a los casos de corrupción que investiga esa cartera de Estado y las denuncias de nepotismo y corrupción que pesan en su contra", dijo Monasterios

El diputado opositor advirtió que con esas acciones el MAS "cerro sus filas" para proteger a sus ministros para "encubrir las denuncias en su contra sobre presuntos hechos de corrupción".

En un intento por explicar la falta de quórum por parte del oficialismo, la diputada suplente Marilín Pati (MAS) reveló que muchos de los asambleístas continuaban en sus regiones cuando, el Reglamento de Debates señala que deben trabajar de lunes a sábado.

"Algunos han pedido permiso, y no hubo quórum, la ministra estaba a las 9.30 supongo que va a haber otra convocatoria", se limitó en justificar.

Según la agenda de la Comisión la audiencia estaba prevista para las 9.30, empero la ministra Suxo llegó 15 minutos más tarde, es decir, a las 9.45 y no espero los 15 minutos en sala como señala el Reglamento Interno de la Cámara de Diputados.

Ante la ausencia de los diputados del MAS, la ministra de Transparencia abandonó la sala, en tanto que una diputada suplente del MAS argumento la falta de quórum para realizar el informe oral.

La oposición convocó a la ministra Nardy Suxo en el marco de los artículos 139 y 140 del Reglamento General de la Cámara Baja, que otorga la atribución de citar en la Asamblea Legislativa a las autoridades del Ejecutivo con fines de información, investigación y legislativos.

están identificados seis de los presuntos linchadores. Anacleto Mendoza y otros resistieron la revisión y agredieron físicamente a los policías. ojo!

Un informe oficial de la Policía identifica a seis presuntos autores directos de la muerte de cuatro policías en la localidad de Uncía el 23 de mayo y al mismo tiempo confirma que el suboficial Nelson Alcócer murió después de sus camaradas.

De este modo, la Policía confirma que sus camaradas murieron en días separados tal como adelantó el fiscal. Según el documento al que tuvo acceso El Deber, el 23 de mayo los policías interceptaron una caravana de vehículos indocumentados a la altura de Saca Saca, en la carretera que une Uncía con Challapata, en Potosí.

La caravana estaba encabezada por “Anacleto Mendoza Aro, su ahijado de apodo ‘Niño’ y otra persona de sobrenombre ‘Runtocaldo’ y otros, quienes habrían opuesto resistencia llegando a agredirse físicamente”, señala el reporte. Luego afirma que Anacleto escapó hacia Saca Saca a pedir ayuda de los campesinos, que jugaban un partido de fútbol, y gritó “al Niño le están matando”, lo que los enardeció y salieron al encuentro de la comisión de policías.

De ese modo, explica el documento, “decidieron tomar como rehenes a los cuatro policías”, además del vehículo que los transportaba. Una vez en Saca Saca, Mendoza y otros campesinos reclamaron por la pérdida de vehículos a manos de supuestos funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA) y empezó la agresión a los policías “utilizando palos, piedras y otros objetos, además los rociaron con líquido inflamable a cada uno de ellos para luego ser quemados”.

Según este documento, fue en ese momento cuando separaron a Nelson Alcócer, “a quien llamaban comandante, lo tenían como rehén y lo trasladaron a una de las comunidades próximas del norte, mientras que Anacleto trasladó dos cadáveres a Cala Cala y otro quedó en el poblado”.

Ayer, las autoridades del Ministerio de Gobierno evitaron hacer comentarios respecto a este informe oficial. Los policías evidenciaron que al menos dos autoridades de los ayllus (Leoncio Calluni, segundo mayor, y Martín Choque Condori) participaron en las negociaciones con los familiares del suboficial Nelson Antonio Alcócer, los cabos Rubén Cruz Aruquipa, Esteban Alave Arias y el policía Miguel Ángel Ramos Pañuni y que estuvieron asesorados por dos abogados.

Por todas las investigaciones realizadas, el documento identifica a seis campesinos como los principales autores de la muerte de los cuatro policías, se trata de cinco varones, E.J.Ch, A.M.A, J.C, A.C. y H.E.G, y además identificó a F.M.T. como una de las mujeres responsables de la muerte de los agentes.