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viernes, 6 de enero de 2012

No obstante los otros dos sitios en que publicamos la nota de Harold Olmos, a pedido de nuestros visitantes la reproducimos también aquí. Valiente y oportuna.


Han pasado dos meses desde que la Unión Europea hizo saber al gobierno su impaciencia con la demora en un estudio detallado y sustentado sobre la coca, un nudo gordiano del liderazgo político del presidente Morales. Ese documento, para el cual la UE entregó un millón de euros, debe exhibir algunas de las facetas principales de la estrategia de la coca. El que todavía no se lo haga público puede estar diciendo volúmenes.
Un artículo del cuaderno mensual izquierdista Pukara, que circula en la internet, ha puesto el dedo en la llaga en su número de este mes.  El trabajo cita una declaración del representante de la oficina de las Naciones Unidas  para la Droga y el Delito en Bolivia, César Guedes, en  la que destaca que, de acuerdo a la dirección general de Control de la Hoja de Coca,  el  94% de la coca que se produce en el Chapare  evade el mercado, en el municipio de Sacaba.
El mismo trabajo subraya que la coca de Yungas, un área tradicional de producción de la hoja, es demandada para el consumo humano, “incluso por la población del chapare, mientras que la coca de esta región cochabambina no es apetecida ni en las áreas rurales de Bolivia ni en el norte argentino”.  En seguida plantea la erradicación de los cultivos en el norte paceño y el norte de Santa Cruz, aún más imperiosamente los que han surgido dentro de parques como Amboró, Madidi y Territorios Indígenas.
Tras afirmar que “la coca excedentaria Chapare es un problema moral, ético y su dilatación en el tiempo enloda a  todos aquellos que dicen defenderla” presenta una terrible disyuntiva: “Coca o muerte? O salvamos a los productores ilegales e inmorales de coca –a todos, pero principalmente del Chapare- o evidenciamos la muerte del país y de su dignidad”.
El trabajo puede ser leído aquí en su integridad.
Es interesante que esta publicación coincida con los trancos finales de la marcha del CONISUR (Consejo Indígena del Sur), que con más de mil integrantes se propone, desde hace semanas, llegar hasta La Paz este fin de mes. Uno de sus cabecillas reconocidamente planta coca en el Tipnis y tras flirtear con un sí y un no sobre la ilegalidad o legalidad del plantío, el Vice-Ministro de Coordinación de los Movimientos Sociales, César Navarro, optó por la erradicación. Se desconoce cuándo se procederá a esa medida.
La opción preferencial del gobierno por los neo marchistas es bien conocida. Fueron dirigentes cocaleros los que aseguraron que el presidente Morales les  había prometido la carretera en la campaña que lo llevó a la presidencia en 2006, y el rostro que tuvo el mandatario al firmar la Ley Corta que los nuevos marchistas quieren derogar fue más que una declaración. Después, los marchistas fueron instados desde el gobierno a hacer lo que ahora están haciendo: presionar por la anulación de la ley.
La mayoría de quienes marchan es tan pobre y necesitada de asistencia como los habitantes del Tipnis que marcharon entre agosto y octubre. Pero existe una diferencia que lamentablemente los marchistas de hoy no  aprecian: la primera marcha era percibida como una acción legítima en defensa de los derechos de los indígenas y, más aún, de las leyes, inclusive de la propia CPE. La segunda es percibida  como una manifestación de plantadores de coca deseosos de asegurar y ampliar sus cultivos. Quizá ni se den cuenta claramente que son los productores de materia prima para la droga y no es de interés de sus dirigentes que  lo sepan. La primera marcha creó un cultivo de opinión pública que se agigantó el 25 de setiembre, con la represión policial, y estalló al mes siguiente en La Paz. Aún si ocurieran los mismos acontecimentos previos al 25/9 y la policía los reprimiera -una hipótesis negada de antemano- nunca recibirían el calor que el pueblo paceño brindó a los primeros marchistas.  ¿O no?

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