Es de esperar que la justicia boliviana salga airosa de la nueva prueba a la que la somete la reactivación de procesos judiciales de dudosa consistencia
Una renovada ofensiva judicial encaminada a dar nuevos impulsos a decenas de juicios que con los más diversos motivos han sido incoados contra líderes políticos cuya influencia a nivel nacional, departamental o solamente municipal desagrada a las fuerzas gubernamentales, ha vuelto a dar actualidad a la confrontación entre el acoso político y la justicia que con variante intensidad se viene librando en nuestro país desde hace algunos años.
Gran parte de esos casos son tan grotescamente utilizados como armas de presión política sin reparar en el daño que de ese modo se causa a la honra de las personas afectadas que no resulta exagerado calificarlos como verdaderas infamias. “Maldad y vileza en cualquier línea” es como se define la infamia y no hay mejor manera de describir la manera como acusadores, abogados gubernamentales, fiscales y jueces actúan con excesiva frecuencia cuando de hacer del sistema judicial un apéndice puesto al servicio de las urgencias políticas coyunturales se trata.
Es verdad que la tentación de actuar de esa manera no es nueva y que ya en los primeros tiempos de nuestra historia republicana se pueden encontrar abundantes ejemplos del envilecimiento de la justicia promovido desde el poder político. Y no sólo en nuestro país, sino que la historia de la humanidad también ha estado jalonada por dramáticos casos. Fue precisamente por eso que, recogiendo las lecciones dejadas por siglos de experiencia, se fue abriendo camino la consciencia sobre la necesidad y conveniencia de que el poder judicial esté fuera del alcance de los intereses, afectos y desafectos de los que tienen el control del poder ejecutivo.
Pese a ello, durante los últimos años esa forma de actuar se ha exacerbado hasta llegar a extremos inadmisibles. Con excesiva frecuencia, el sistema judicial ha sido objeto de manipulaciones inspiradas en el propósito de hacer de la justicia un instrumento más, entre muchos otros, al servicio de la conquista del poder total.
Desgraciadamente, y a pesar del enorme daño que tal forma de actuar causa a la imagen gubernamental a escala nacional e internacional, todo parece indicar que todavía hay sectores en las filas gubernamentales que se empeñan en recurrir a ella como arma principal a ser empleada en las contiendas electorales que con excesiva anticipación ya se avecinan.
Felizmente, como lo confirman algunos casos que no por aislados dejan de ser importantes, hay todavía en muchos estrados judiciales jueces que se resisten a claudicar y mantienen en alto los principios y valores que deben guiar sus actos por encima de cualquier tipo de presión. La atenta vigilancia de la opinión pública nacional e incluso internacional, por otra parte, contribuye a que la justicia no sea del todo envilecida.
Ahora, cuando se anuncia la reactivación de diversos procesos judiciales contra quienes se perfilan como potenciales contendientes en las lides electorales, la justicia boliviana será sometida a una nueva prueba. Es de esperar que, como ya ocurrió en anteriores oportunidades, salga airosa una vez más a pesar de las presiones provenientes del poder político.
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