¿MÁS narcotráfico y armas?

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Sin anestesia
El 24 de marzo, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) decomisó 75 kilos de cocaína que iba ser exportada a España; dos días antes, el 22 de marzo, en Santa Cruz, la policía incautó 30 paquetes de droga que iban a ser enviados a Brasil. El mismo día, en Oruro, se secuestraron 225 kilos de cocaína. Así están las cosas, cada día se produce más droga.
El periódico El Deber informó que entre enero y febrero de 2017 se incautaron 108 toneladas de estupefacientes, entre cocaína y marihuana, y se detuvieron a 466 personas. Todo un récord. Pero, esto no viene sólo sino el incremento de la producción de droga está “acompañada” de la violencia, incluso armada. El 17 de febrero, las fuerzas de seguridad decomisaron, en Santa Cruz, un cargamento de armas: 75 armas de grueso calibre. Un mes después, el 22 de marzo, cayó en manos de la Policía nuevamente otro cargamento de armas como: 29 fusiles de asalto, ametralladoras, pistolas y municiones.

El gobierno del MAS presenta estos datos de incautaciones como si se tratara de algo positivo o un trofeo, cuando se trata de datos preocupantes para la seguridad de la ciudadanía e incluso del Estado. Es una constatación del crecimiento de producción de cocaína, el tráfico de armas y generación de la violencia. Pero, el oficialismo simplemente brinda los datos, no interpreta y menos hace la lectura correcta de la realidad porque no le conviene que se sepa que el narcotráfico es la “industria” que avanza en Bolivia.

En la frontera con Brasil y Bolivia se retrocedió casi al nivel en el que estábamos en los años 80. El narcotráfico campea y la confrontación entre las bandas por cuestiones de tráfico van dejando muertos, que el Gobierno simplemente suma a los datos, no contextualiza ni busca a los “peces gordos” de las bandas. Diputados, conocedores de la zona con hechos de violencia, constataron que en esa población fronteriza “el Gobierno ha reconocido la pérdida de territorialidad en manos del narcotráfico. Es una acertada medida para paliar este fenómeno, pero debe verse este tema con más amplitud”, (registrado en Página Siete). El abogado Alejandro Colanzi en declaraciones a El Deber dijo que las decenas de fusiles y armas de grueso calibre incautadas son “para los cárteles de narcotraficantes… No hay lugar a dudas que estas armas serán utilizadas para cometer ajustes de cuentas y proteger las toneladas de droga que se están fabricando y transitando en el país”.

Esta situación preocupante y peligrosa se agravará con las ventajas que el MAS y su mayoría parlamentaria aprobaron la nueva Ley General de la Coca, que legaliza la superficie cultivable de coca. 10 mil hectáreas más y de éstas siete mil para el trópico cochabambino o el Chapare, lugar de donde sale la hoja de coca para el narcotráfico, según confirmó la ONUDC, que el 94% del producto verde en ésa zona ya no pasa por mercados legales, sino ilegales.

A estas alturas del tiempo y con los datos descritos, es imposible negar que la imagen internacional del país volvió a ponerse en entre dicho por las “ventajas” que el gobierno del MAS ha decidido darles a los cocaleros, especialmente a aquellos que producen la hoja de coca para el mercado ilegal.

Desde el inicio de su administración, Evo Morales siempre realizó acciones gubernamentales en favor de los cocaleros, pero lo hacía de manera moderada. Eso ha cambiado en los últimos años; por ejemplo, la dirigente Margarita Terán, cuyas hermanas fueron capturadas con 145 kilos de cocaína y solo estuvieron presas 90 días, durante un buen tiempo estuvieron “congelada” en actividades dirigenciales y políticas. Sin embargo, volvió a la actividad política y como lideresa de mujeres cocaleras ella recibió en sus manos la polémica Ley de la Coca; incluso, días anteriores, ella advirtió al expresidente Jorge Quiroga con enjuiciarlo, cuando éste reclamó por la aprobación de la norma que legaliza la siembra de más hectáreas de coca.

Las últimas encuestas indican que el poder de Evo Morales está en caída, eso explica que la ciudadanía rechaza la aprobación de leyes que blindan a los cocaleros del Chapare; ¿Qué heredamos los bolivianos? una “bomba” de tiempo complicada de desactivar. Se producirá más hoja de coca que alimentará los mercados ilegales y, paralelamente, el creciente tráfico de armas de guerra al país situación que significa más inseguridad ciudadana, violencia armada entre las bandas. Esta es la Bolivia que nos dejarán los 15 años de gobierno del poder cocalero.

Arturo Murillo P.
Senador de la República
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