Resulta muy difícil comprender qué está sucediendo en el país con las decisiones que adopta la justicia en asuntos de delicada sensibilidad política, porque son situaciones que pueden generar descontento y malestar general. Nuestro país no ha sido a lo largo de su historia, un modelo de tolerancia ni de orden constitucional precisamente, por lo que preocupa todo lo que pueda provocar inquietud sobre el futuro de nuestra vida democrática.
La condena de 15 años de prisión al ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, cuando se evidencian anomalías que perjudican ostensiblemente al acusado, y la reciente detención preventiva del ex gobernador del Beni Ernesto Suárez Sattori, con argumentos que no parecen en absoluto concluyentes, llevan a reafirmar lo que se manifiesta desde hace mucho, en sentido de que la justicia está siendo presionada desmedidamente por el Órgano Ejecutivo, en contra de lo que norma la Carta Magna.
Si Ernesto Suárez enfrenta más de 30 procesos abiertos que lo someten a permanentes audiencias en los tribunales -como es también el caso del gobernador cruceño Rubén Costas-, no parece nada convincente que se lo haya detenido ahora por acusaciones que resultan del todo baladíes, como son las supuestas contradicciones en la información sobre la dirección de su domicilio y la naturaleza de su fuente de trabajo en Trinidad. Eso deja una sensación muy negativa, de verdadera alarma en la opinión pública.
Si existen acusaciones sobre presuntas ganancias ilícitas y otras sobre temas diversos con mayor o menor gravedad contra Suárez Sattori, ¿cómo se puede aprehender a una persona, aunque sea con carácter preventivo, por inexactitudes sin mayor interés? ¿Por qué no se comprueban las denuncias de esa treintena de casos pendientes si estas tienen asidero? ¿Por qué llegar a la chicana jurídica que resulta tan visible? Eso es posible, solamente, si, como denuncia el propio ex gobernador, existe un interés manifiesto en inhabilitarlo políticamente.
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