antes de que sea tarde, tomar al toro por las astas y evitar la violencia que provoca la droga, advierte la nación de baires el mayor del continente!

Los últimos hechos de violencia desenfrenada, poco habituales en la historia criminal argentina, revelan que nuevos actores y otras motivaciones -diferentes a las que mueven a la delincuencia común- han comenzado a tener una importante presencia en el territorio nacional.
El consumo sostenido y, en algunos casos, creciente de drogas, así como los asesinatos, la presencia de grandes traficantes, el aumento de los laboratorios clandestinos y las guerras entre integrantes de bandas dedicadas a la comercialización de estupefacientes plantean la necesidad de enfatizar la lucha contra el narcotráfico en todos sus aspectos y de ajustar las políticas para la prevención de la drogadicción con mayores controles en las fronteras y en las zonas donde pueden instalarse aeropuertos o pistas clandestinas.
A este sombrío panorama, cuyos rasgos salientes ya eran conocidos, se le agregan ahora las revelaciones de la investigación de la denominada "ruta de la efedrina".
Desde hace unos años, en México, tenebrosos carteles de narcotraficantes han puesto en jaque a la policía y a la administración federal. México ha militarizado dos estados, fronterizos con los Estados Unidos. Según los especialistas, el consumo de cocaína en ese país ha disminuido en un 30 por ciento; las drogas sintéticas ocuparon esa parte del mercado.
La efedrina es por ahora un componente insustituible en la fabricación de esas drogas sintéticas. En México, el kilo se comercializa a 10.000 dólares; en la Argentina, sólo a 100. Por esa razón, los carteles mexicanos han comenzado a sentar base en el territorio nacional para obtenerla en forma más económica. La presencia de esas bandas criminales también fue advertida por funcionarios de la Procuraduría General de la República de México (PGR), que alertaron al ministro de Justicia de la Nación, Aníbal Fernández, y al de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli. El consejo recibido fue: "Los tienen que parar ahora, porque una vez que entran, corrompen todo, y no los sacan más".
La veracidad de ese ingrato augurio está a la vista en México, donde en los últimos días se descubrió el nivel de penetración que alcanzó el narcotráfico en la alta burocracia destinada a combatirlo, más allá de episodios que todavía permanecen en una inquietante bruma, como el del avión derribado en el corazón del Distrito Federal. Sería lamentable que México fuera, en ese aspecto, un espejo para la Argentina.
La advertencia de los funcionarios mexicanos no es la primera. Antes del triple crimen de General Rodríguez, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) había manifestado su preocupación por el tráfico de efedrina entre la Argentina y México, donde ya se había prohibido esa sustancia.
A pesar de ello, el Gobierno parece no querer admitir una realidad que tiene delante de sus ojos, conducta que en todos los casos favorece el agravamiento de aquello que se niega. La respuesta del ministro Fernández, que refuta la existencia de carteles en la Argentina, en este caso el de Sinaloa, no contribuye a solucionar un problema tan grave como peligroso, cuyo poder crece por la corrupción y por su corrosión sobre las instituciones policiales, judiciales y políticas encargadas de darle batalla. Si no se reconoce la existencia de la enfermedad, mal se puede alcanzar su cura.
Esta evidencia se vuelve más preocupante cuando se advierte que, además de la negligencia del Gobierno y, dentro de él, del responsable de la Seguridad, tampoco la dirigencia, en general, promueve un debate inteligente sobre estas amenazas que acechan al país y que, en pocos años, serán de muy difícil corrección.

desde londres bigio informa del terrorismo en bombay y sus implicancias

Bombas en Bombay LONDRES. Más de 190 muertos y 300 heridos es el saldo de la ocupación de hoteles de lujo en Mumbay (Bombay). La operación del martes 26 fue bien sincronizada y deja mal parada a la inteligencia del segundo país más poblado del mundo.
Un desconocido grupo islámico reivindica la acción, aunque los mahometanos que luchan por la independencia de Cachemira se han desligado públicamente de ellos. Por su disposición a inmolarse pudiese haber alguna afinidad con Al Qaeda, pero los atacantes buscaron capturar turistas rehenes (y no matarles) y sus armamentos y tácticas más parecen ser los de una guerrilla urbana.
El gobierno indio no dirá que los pistoleros fueron terroristas nativos, aunque India tiene más musulmanes que cualquier país de lengua árabe, persa o turca. Les es más conveniente sugerir que ellos han sido amparados por Pakistán. Esto hace que las cosas escalen y que se pueda repetir un escenario como el que siguió al previo atentado de Mumbai 2001 que casi desemboca en la primera guerra entre dos repúblicas nucleares (India vs Pakistán).
Obama, que tanto habló de poder atacar unilateralmente Pakistán, se plegará a India para lograr que dicho país haga más concesiones permitiendo socavar a los reductos de los nacionalistas islámicos. Isaac Bigio

un despacho de la agencia oficial ABI da cuenta de un policía muerto y varios heridos. otros señalan dos muertos. el texto:

Chimoré (Cochabamba) 28 nov (ABI).- El policía Johnny Rubén Titirico Cansaya falleció la tarde de este viernes, en la comunidad de San Germán, de la provincia Ichilo, departamento de Santa Cruz, durante una emboscada preparada por narcotraficantes. El hecho ocurrió a las 13.00, en momentos en que una columna de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) descubrió una poza de maceración de pasta base de cocaína. De acuerdo a reportes premilitares, después que la patrulla quemó esa poza de maceración y se disponía a abondar el lugar, el vehículo en el que estaban recibió varios impactos de bala y perdigones, que causó con el deceso del policía Titirico. Además, el Tte. Marcelo Milton Villarroel Orosco (responsable de la patrulla), el Sgto. 2do Pedro Mamani Mamani, el Sgto. 2do Emilio Oliver Morga y el policía Rubén Mairana resultaron heridos en la emboscada y fueron trasladados a Santa Cruz para que reciban atención médica. El comandante de Umopar, Cnl. José Cuevas, dijo que una vez se conoció el hecho se ordenó un rastrillaje en toda esa región para dar con los responsables de la emboscada a la patrulla de esa unidad de lucha antidroga. Preliminarmente se conoce que el arma con el que se victimó al policía es una que dispara perdigones. Hecho que será verificado por la autopsia del cadáver en el centro médico del Municipio de Yapacaní que estaba previsto para esta misma noche. "El cuerpo del policía fallecido Johnny Rubén Titirico Cansaya en este momento (19.00) ha sido trasladado a Yapacaní para que se proceda con la autopsia de ley", reportó José Luís Colque, corresponsal de Radio Causachum Coca del trópico de Cochabamba.Lcr/Dgav ABI

no constituye novedad la suspensión del atpdea a bolivia por los eeuu, aunque hoy se hizo el anuncio oficial por la casa blanca según los medios glob.

El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, ha decidido suspender los beneficios arancelarios de los que disfrutaba Bolivia por su presunta falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico, ha informado la Casa Blanca.
Este anuncio se produce días después de que el presidente de Bolivia, Evo Morales acusara a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA , por sus siglas en ingles) de haberse dedicado a pinchar sus llamadas telefónicas.
El mandatario, afirmaba entonces que mientras él fuera presidente, la DEA no volvería a su país, al tiempo que señalaba que se opondría a la instalación de cuarteles militares extranjeros, bajo el pretexto de lucha contra el narcotráfico y terrorismo. Tras estas declaraciones, Morales reiteró su intención de regionalizar la lucha contra el narcotráfico con el apoyo activo de todos los países sudamericanos, para hacer más efectivo el combate y se deje de depender de Estados Unidos.
El fin de las ventajas aduaneras entrará en vigor el 15 de diciembre, según un comunicado divulgado por la portavoz presidencial, Dana Perino. (EFE. Wáshington)

todo vale para condenar al ex-prefecto y los funcionarios presos en un cuartel, asegura "palo santo" en el sitio de EJ

Una llamada de ministro hace temblar a fiscales y jueces obsecuentes.
Desde que se hizo cargo del gobierno el 22 de enero de 2006, el presidente Evo Morales y sus colaboradores no han mostrado mucho apego a las leyes que juraron respetar y hacer respetar. Por el contrario, el abuso y la arbitrariedad se han convertido en la norma y para ello lamentablemente cuentan con la complicidad de algunos operadores de la justicia, en algunos casos voluntaria, en otros obligada y en los más, comprada.
Era claro que el gobierno intentaría por cualquier medio prolongar el cautiverio del prefecto pandino Leopoldo Fernández y de los acusados por las muertes en los sucesos del 11 de septiembre en Porvenir. Lo que si no se esperaba es que los recursos fueran tan groseros.
Cualquier mediocre estudiante del primer curso de Derecho desbarataría con facilidad los argumentos pretendidamente jurídicos que esgrimen los abogados del gobierno para prolongar las detenciones una vez que ya no cuentan con el recurso del Estado de Sitio. Naturalmente esta debilidad se la pretende subsanar mediante la actuación de “organizaciones sociales” que se han dado a la tarea de amedrentar a los acusados, a los abogados defensores y a la prensa. Y si esta acción no es suficiente se acude al recurso de la prebenda.
En minutos previos a la audiencia en la que se debía definir la situación del prefecto Fernández y de los otros acusados el pasado sábado, la Jueza Séptima de Instrucción en lo Penal, Betty Yañiquez recibió una llamada que la puso muy nerviosa debido a que en el lugar se encontraban muchos medios de comunicación.
Los que estaban en el recinto público relataron que la jueza solo atinaba a decir que sabía bien lo que tenía que hacer, que no debían preocuparse y que todos tenían que cumplir lo acordado.
Los términos de la conversación son ciertamente sugestivos tratándose de una jueza y más aún si esta se produce en momentos previos a los que debía conocer un caso de la trascendencia como el que nos ocupa.
Cuando escuchamos que “todos deben cumplir lo acordado” no podemos dejar de mencionar que es vox populi que el gobierno ha prometido a Yañiquez, quien es considerada una “jueza orgánica al MAS”, nombrarla en cuanto sea posible, miembro del Tribunal Constitucional y es claro que ella está haciendo méritos más que suficientes para ser merecedora del cargo, no por tener muchos méritos profesionales sino por su absoluto e incondicional apego a los dictados del partido en función de gobierno.
A cambio del nombramiento ella aseguraría una estancia lo más prolongada posible en el penal de San Pedro, o si es posible Chonchocoro, para Fernández y los otros acusados. Dado sus evidentes contactos y estrecha amistad con autoridades del gobierno, la recusación de esta jueza y de otros de similar catadura no solo fue necesario sino imprescindible.
Según los testigos, reporteros de algunos medios que escucharon parte de la agitada conversación telefónica, el trato fue ratificado, oleado y sacramentado en la llamada que recibió el sábado y que muchos aseguran, provino del ministro de Gobierno, Alfredo Rada por lo que la jueza Yañiquez está decidida a aferrarse con uñas y dientes a este y otros casos que le podrían permitir cerrar exitosamente una carrera cuyos mayores logros fueron obtenidos gracias al favor político, primero del MNR y ahora del MAS.

las naciones unidas preocupadas por la ola de linchamientos que el gobierno boliviano no puede controlar. texto que circula a nivel mundial.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Bolivia mostró hoy su preocupación por los linchamientos cometidos en la última semana en el país y llamó al Gobierno a reforzar la administración de justicia para evitarlos. En un comunicado, la Oficina pide al Ejecutivo de Evo Morales que "fortalezca el sistema de justicia y otros órganos encargados de velar por la seguridad pública" para evitar casos de linchamientos como los de esta semana. El pasado lunes en la localidad andina de Achacachi, feudo de los "ponchos rojos" (indígenas radicales afines al presidente), dos personas resultaron muertas y nueve heridas a manos de una turba que los atacó porque presuntamente los sorprendieron robando.
Los vecinos de Achacachi golpearon durante horas, rociaron con gasolina y quemaron a los presuntos ladrones hasta acabar con la vida de dos de ellos.
El linchamiento de los delincuentes sorprendidos "in fraganti" es una práctica relativamente habitual en la región andina boliviana, que algunos sectores indígenas reivindican como "justicia comunitaria", aunque incluso el Gobierno de Morales lo rechaza. El Alto Comisionado manifiesta en su comunicado su "profunda preocupación por los hechos de violencia" protagonizados por los ciudadanos de Achacachi, en nombre de "una mal denominada justicia por mano propia". "Asimismo, preocupa a la Oficina que este tipo de actos delictivos continúen siendo asociados con la práctica de la justicia comunitaria", señala el documento

los que propugnan la justicia comunitaria tienen obligación de restituír la institucionalidad antes de mayores peligros sostiene OPINION de cochabamba

Hay que volver a la racionalidad ante la crueldad y la barbarie
Los propugnadores de la justicia comunitaria, deformada como la vemos hoy con estos hechos, tienen ahora la obligación de restituir la institucionalidad, antes de que caigamos todos en la irracionalidad, donde las relaciones humanas estén sometidas a la mera fuerza.
La administración de justicia constituye una de las funciones más nobles y esenciales del Estado. Precisamente de esta función deviene la existencia y el desarrollo de la sociedad civilizada, que por mandato de la misma ha entregado responsabilidades a los jueces y al aparato judicial, administrativo y técnico del órgano Judicial.Manifestaciones contrarias a esta jurisdicción, caen en el ámbito de ilegalidad y promueven situaciones que tarde o temprano derivan en el caos, la arbitrariedad y en el espacio delictivo. Nadie, por tal motivo, puede adoptar justicia por sí mismo ni aplicarla contra terceros.Lo que está ocurriendo, desde hace algún tiempo, en áreas rurales e incluso en las capitales, con la denominada “justicia comunitaria”, es la expresión más abyecta de la condición del ser humano que renuncia a toda norma legal, para cobrarse un pretendido daño que se ha inferido, y aplicar la venganza, casi siempre cruel, sanguinaria y bestial.
Cuando ocurren estos hechos, algunos en la pretensión de encontrar explicaciones, afirman que sectores, poblaciones han perdido la fe en la justicia y en sus mecanismos de aplicación y en la Policía, en paradójica coincidencia, con lo que dicen promotores de los linchamientos.Lo cierto es que el país ha ingresado en una vorágine donde el ajusticiamiento de personas, lo está convirtiendo en uno de los más atrasados del Planeta, donde la ley y el ordenamiento jurídico nacional están siendo relegados hasta llegar a situaciones que resultan inadmisibles.
Lo ocurrido en la población paceña de Achacachi, donde fueron linchados y quemados vivos dos presuntos ladrones y torturados otros nueve, si bien es el caso más dramático, hasta ahora, por su salvajismo, se añade a otros anteriores en el altiplano paceño y en los valles cochabambinos.Estamos frente al derrumbamiento institucional y uno de los más afectados, quizá por la crítica tan constante de autoridades del Ejecutivo, es el Poder Judicial, desmembrado por situaciones políticas y por intereses sectarios. Este desprestigio lo esgrimen como justificativo número uno, los criminales que instigan los linchamientos.
Lo más grave de este drama que vive Bolivia, es que el Gobierno no pasa de las declaraciones consabidas anunciando sanciones a los culpables de estas ejecuciones públicas, porque ni siquiera ha cumplido con la campaña anunciada, para explicar principalmente en las áreas rurales, en qué consiste verdaderamente la justicia comunitaria, y ha dejado después de su discurso incompleto sobre este concepto, que las muchedumbres sigan cometiendo estos crímenes a nombre de ella. Los propugnadores de la justicia comunitaria, deformada como la vemos hoy, tienen ahora la obligación de restituir la institucionalidad en el país, antes de que caigamos todos en la irracionalidad y donde las relaciones humanas estén sometidas a la mera fuerza, es decir, donde el método para interactuar sea la violencia generalizada, o sea un orden de estancamiento en la barbarie.