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miércoles, 19 de noviembre de 2008

los que propugnan la justicia comunitaria tienen obligación de restituír la institucionalidad antes de mayores peligros sostiene OPINION de cochabamba

Hay que volver a la racionalidad ante la crueldad y la barbarie
Los propugnadores de la justicia comunitaria, deformada como la vemos hoy con estos hechos, tienen ahora la obligación de restituir la institucionalidad, antes de que caigamos todos en la irracionalidad, donde las relaciones humanas estén sometidas a la mera fuerza.
La administración de justicia constituye una de las funciones más nobles y esenciales del Estado. Precisamente de esta función deviene la existencia y el desarrollo de la sociedad civilizada, que por mandato de la misma ha entregado responsabilidades a los jueces y al aparato judicial, administrativo y técnico del órgano Judicial.Manifestaciones contrarias a esta jurisdicción, caen en el ámbito de ilegalidad y promueven situaciones que tarde o temprano derivan en el caos, la arbitrariedad y en el espacio delictivo. Nadie, por tal motivo, puede adoptar justicia por sí mismo ni aplicarla contra terceros.Lo que está ocurriendo, desde hace algún tiempo, en áreas rurales e incluso en las capitales, con la denominada “justicia comunitaria”, es la expresión más abyecta de la condición del ser humano que renuncia a toda norma legal, para cobrarse un pretendido daño que se ha inferido, y aplicar la venganza, casi siempre cruel, sanguinaria y bestial.
Cuando ocurren estos hechos, algunos en la pretensión de encontrar explicaciones, afirman que sectores, poblaciones han perdido la fe en la justicia y en sus mecanismos de aplicación y en la Policía, en paradójica coincidencia, con lo que dicen promotores de los linchamientos.Lo cierto es que el país ha ingresado en una vorágine donde el ajusticiamiento de personas, lo está convirtiendo en uno de los más atrasados del Planeta, donde la ley y el ordenamiento jurídico nacional están siendo relegados hasta llegar a situaciones que resultan inadmisibles.
Lo ocurrido en la población paceña de Achacachi, donde fueron linchados y quemados vivos dos presuntos ladrones y torturados otros nueve, si bien es el caso más dramático, hasta ahora, por su salvajismo, se añade a otros anteriores en el altiplano paceño y en los valles cochabambinos.Estamos frente al derrumbamiento institucional y uno de los más afectados, quizá por la crítica tan constante de autoridades del Ejecutivo, es el Poder Judicial, desmembrado por situaciones políticas y por intereses sectarios. Este desprestigio lo esgrimen como justificativo número uno, los criminales que instigan los linchamientos.
Lo más grave de este drama que vive Bolivia, es que el Gobierno no pasa de las declaraciones consabidas anunciando sanciones a los culpables de estas ejecuciones públicas, porque ni siquiera ha cumplido con la campaña anunciada, para explicar principalmente en las áreas rurales, en qué consiste verdaderamente la justicia comunitaria, y ha dejado después de su discurso incompleto sobre este concepto, que las muchedumbres sigan cometiendo estos crímenes a nombre de ella. Los propugnadores de la justicia comunitaria, deformada como la vemos hoy, tienen ahora la obligación de restituir la institucionalidad en el país, antes de que caigamos todos en la irracionalidad y donde las relaciones humanas estén sometidas a la mera fuerza, es decir, donde el método para interactuar sea la violencia generalizada, o sea un orden de estancamiento en la barbarie.

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