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martes, 25 de noviembre de 2008

todo vale para condenar al ex-prefecto y los funcionarios presos en un cuartel, asegura "palo santo" en el sitio de EJ

Una llamada de ministro hace temblar a fiscales y jueces obsecuentes.
Desde que se hizo cargo del gobierno el 22 de enero de 2006, el presidente Evo Morales y sus colaboradores no han mostrado mucho apego a las leyes que juraron respetar y hacer respetar. Por el contrario, el abuso y la arbitrariedad se han convertido en la norma y para ello lamentablemente cuentan con la complicidad de algunos operadores de la justicia, en algunos casos voluntaria, en otros obligada y en los más, comprada.
Era claro que el gobierno intentaría por cualquier medio prolongar el cautiverio del prefecto pandino Leopoldo Fernández y de los acusados por las muertes en los sucesos del 11 de septiembre en Porvenir. Lo que si no se esperaba es que los recursos fueran tan groseros.
Cualquier mediocre estudiante del primer curso de Derecho desbarataría con facilidad los argumentos pretendidamente jurídicos que esgrimen los abogados del gobierno para prolongar las detenciones una vez que ya no cuentan con el recurso del Estado de Sitio. Naturalmente esta debilidad se la pretende subsanar mediante la actuación de “organizaciones sociales” que se han dado a la tarea de amedrentar a los acusados, a los abogados defensores y a la prensa. Y si esta acción no es suficiente se acude al recurso de la prebenda.
En minutos previos a la audiencia en la que se debía definir la situación del prefecto Fernández y de los otros acusados el pasado sábado, la Jueza Séptima de Instrucción en lo Penal, Betty Yañiquez recibió una llamada que la puso muy nerviosa debido a que en el lugar se encontraban muchos medios de comunicación.
Los que estaban en el recinto público relataron que la jueza solo atinaba a decir que sabía bien lo que tenía que hacer, que no debían preocuparse y que todos tenían que cumplir lo acordado.
Los términos de la conversación son ciertamente sugestivos tratándose de una jueza y más aún si esta se produce en momentos previos a los que debía conocer un caso de la trascendencia como el que nos ocupa.
Cuando escuchamos que “todos deben cumplir lo acordado” no podemos dejar de mencionar que es vox populi que el gobierno ha prometido a Yañiquez, quien es considerada una “jueza orgánica al MAS”, nombrarla en cuanto sea posible, miembro del Tribunal Constitucional y es claro que ella está haciendo méritos más que suficientes para ser merecedora del cargo, no por tener muchos méritos profesionales sino por su absoluto e incondicional apego a los dictados del partido en función de gobierno.
A cambio del nombramiento ella aseguraría una estancia lo más prolongada posible en el penal de San Pedro, o si es posible Chonchocoro, para Fernández y los otros acusados. Dado sus evidentes contactos y estrecha amistad con autoridades del gobierno, la recusación de esta jueza y de otros de similar catadura no solo fue necesario sino imprescindible.
Según los testigos, reporteros de algunos medios que escucharon parte de la agitada conversación telefónica, el trato fue ratificado, oleado y sacramentado en la llamada que recibió el sábado y que muchos aseguran, provino del ministro de Gobierno, Alfredo Rada por lo que la jueza Yañiquez está decidida a aferrarse con uñas y dientes a este y otros casos que le podrían permitir cerrar exitosamente una carrera cuyos mayores logros fueron obtenidos gracias al favor político, primero del MNR y ahora del MAS.

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