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miércoles, 1 de agosto de 2012

Demetrio Reynolds con la agudeza de criterio que posée ilustra que el cumplimiento de la CPE las riquezas son del pueblo, no del Estado, frase de EM antes del referendum pinta de cuerpo entero la demagogia. ahora pueden disponer de "sus riquezas" y es lo que están haciendo, claro menos los del TIPNIS


Se vive en un país abrumado de conflictos; uno tras otro afloran cada día; a veces en forma simultánea varios, en diferentes partes. Se ha dicho que es ese el elemento natural de este Gobierno; sin ellos, estaría obligado a gobernar; el vacío de su incompetencia se haría más visible. Es una hipótesis, por supuesto; pero con la característica de que la realidad parece que se encargará de probarla.
La permanencia del Tipnis en la cartelera de la beligerancia encaja perfectamente en ese esquema. El empecinamiento obsesivo por una carretera, además de reflejar la índole temperamental del jefazo, toca en el fondo un problema de tipo estructural. En ese “proyecto de poder” (sin ver más allá de la coyuntura),  se recurrió a todo para comprometer el voto de la gente. Los indígenas escucharon repetir  un discurso  poco más o menos en esta forma:
“Hermanas, hermanos, las riquezas naturales ahora no son del Estado como antes; ahora son de los pueblos. Ustedes son los dueños; así estamos incorporando a la nueva Constitución. Por eso tienen que apoyar con su voto. Tenemos que ganar el referéndum constitucional, hermanos y hermanas…” Con esta prédica proselitista ganó el MAS esa consulta popular. Los “pueblos”, aunque no tienen delimitaciones muy claras, se sienten legal y legítimamente dueños de cuanta riqueza potencial o efectiva haya en el suelo de su jurisdicción territorial.
Y la Constitución les respalda: “Los pueblos indígenas campesinos originarios son autónomos; tienen derecho a la libre determinación y autogobierno. Nadie puede disponer de sus recursos naturales sin la consulta previa; ninguna decisión se tomará sin el consentimiento de ellos o cuando contradiga a su autonomía”. (Arts. 191 y 289). Como se utiliza indistintamente “nación o pueblo”, en Bolivia hay tantas naciones como pueblos. En las “36” no están entonces todas las que son. Con la Ley 045 se puede imputar por discriminación al Gobierno. A la oposición sólo le faltaría un fiscal.
Ahora bien; si no fue una broma ni sólo un recurso electoral, los pueblos indígenas han resuelto ejercer sus derechos constitucionales. Quieren ser “naciones” de verdad y hablar con Morales de “jefe a jefe”, como reclamaba en su tiempo Felipe Quispe.
Se proclaman autónomas, libres y soberanas. No quieren seguir siendo objetos de demagogia. La Asamblea Legislativa debería estar compuesta por representantes de los pueblos originarios, puesto que ellos definen la estructura del  nuevo Estado. Los otros deberían renunciar. La usurpación es un delito.
Achacachi inició la saga de la rebelión declarándose territorio libre. “Aquí no entran policías ni fiscales; lean la CPE”, dijeron los ponchos rojos. Y siguieron otros. La prensa registra cientos de avasallamientos bajo el mismo espíritu autonomista indígena. Norte-Potosí es de los más pobres, con páramos desolados y sin cultivos de coca, diferente al Tipnis. Por eso el Gobierno no tardó en levantar las manos ante Mallku Khota. Pero la sucesión  —como en dominó— de las “republiquetas” emergentes seguirá su curso imparable, apoyada por la Constitución de la Glorieta.
El autor es pedagogo y escritor

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