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miércoles, 1 de agosto de 2012

desfachatez. sinverguenzura. hipocresía y engaño total pretender sacar a Sacha Ll. del caso Chaparina, cuando todo el mundo sabe que el Ministro del Interior, por orden de EVO dio la orden de masacrar a los originarios. MSM lanza la prevención

El Movimiento Sin Miedo (MSM) a través de su abogada, Aida Camacho, rechazó este miércoles la exclusión del ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, del caso de represión a indígenas de la VIII macha del TIPNIS en San Lorenzo, Yucumo y anunció que en las próximas horas presentará una impugnación contra esta resolución.
 
Camacho expresó su sorpresa ante las declaraciones de la fiscal Departamental de Distrito de La Paz, Betty Yañiquez, quién informó a los medios de comunicación sobre la exclusión de Llorenti del caso cuando no es ella la encargada de la investigación porque están los fiscales Ponce y Santos a cargo del tema. 

“Lo que en derecho corresponde es que se impugnen las resoluciones emitidas por la comisión de fiscales, esto ante la Fiscalía Departamental de La Paz. Si en la impugnación, que conocemos será negativa, vamos a tener el rechazo de la fiscal departamental, vamos a hacer el proceso por conversión de acciones y vamos a convocar y llevar a todos los responsables o por lo menos a los que se les ha atribuido delitos, ante un juez de sentencia en lo penal, para que por la vía directa se juzgue y se sancione a los responsables”, manifestó Camacho a en conferencia de prensa.

Asimismo, indicó que la exclusión de Llorenti del caso se debería a que la ex autoridad está aspirando a algún cargo público en nuestro país o en el exterior y por eso el Gobierno lo dejó fuera para que no tenga procesos pendientes.  
 
“Seguramente el señor Llorenti está aspirando a algún puesto, a algún cargo ya sea nacional o internacional y por eso de manera imprevisible, totalmente ilegal cuando no se hizo ningún acto investigativo se lo aparta del proceso de investigación”, señaló.  

En septiembre de 2011 el MSM presentó al Ministerio Público una doble demanda penal por la violenta represión que sufrieron los indígenas de la VIII marcha en defensa del TIPNIS y por un supuesto sobreprecio en los contratos de construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. 

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