con gran acierto El Día llama "Peregrinaje de la Justicia" al intento de los masistas de radicar el juicio en algún sitio ya que "el caso Rózsa no es más que una trama siniestra armada por agentes gubernamentales que han dado lugar a actos de injusticia y atropellos indecibles en un Estado de Derecho que empezó con el ajusticiamiento de tres ciudadanos europeos en el hotel Las Américas."

Luego de recorrer el país durante los últimos cuatro años, como si se tratara de un peregrinaje ejemplarizador y amenazante, la justicia plurinacional ha decidido radicar el juicio por supuesto terrorismo y alzamiento armado en Santa Cruz, la jurisdicción natural de este proceso jurídico que el Gobierno armó hasta convertirlo en el más eficaz instrumento de persecución política.

El fiscal que ha estado al mando de las investigaciones, Marcelo Soza, ha anunciado que el fallo de los jueces podría darse dentro de un plazo no mayor a tres meses, pues el juicio se encuentra en la etapa final.

De estas declaraciones y si es que Soza estuviera en lo cierto, se podría inferir que tal vez por razones electorales y porque el régimen oficialista se ha propuesto hacer las paces con la región más hostilizada del país, el Gobierno está dispuesto a terminar con un montaje que le ha dado los mejores réditos políticos durante su Gobierno, pues gracias al caso Rózsa, consiguió frenar y neutralizar al gigantesco movimiento autonomista que tenía como base a Santa Cruz y sus élites, que merced a una gran patraña quedó bajo la sospecha de terrorismo y separatismo.

En tan solo una semana se ha podido comprobar los motivos que llevaron al Gobierno a manipular las leyes y la justicia para que este caso sea llevado a otros lugares, donde los acusados y sus defensores han estado en condiciones muy desfavorables para hacer valer sus derechos y los operadores del régimen, que mucho han tenido que ver con la banda de abogados extorsionadores, han podido hacer de las suyas, inventando pruebas, plantando evidencias y saltándose descaradamente los procedimientos previstos por ley.

Pese a toda esta prepotencia y abusos, la opinión pública nacional está plenamente convencida que el caso Rózsa no es más que una trama siniestra armada por agentes gubernamentales que han dado lugar a actos de injusticia y atropellos indecibles en un Estado de Derecho que empezó con el ajusticiamiento de tres ciudadanos europeos en el hotel Las Américas. Estos actos serán motivo de graves consecuencias para sus autores y promotores, pues se han presentado denuncias en instancias internacionales y los gobiernos de los ciudadanos asesinados y víctimas de la injusticia, están firmemente decididos a llegar hasta el esclarecimiento total.

Para la búsqueda de la verdad y la justicia en este caso, es clave lo que se haga en Santa Cruz en el transcurso de los próximos meses, en la etapa final del juicio. Como decíamos, en las primeras audiencias, los abogados han sacado a la luz más evidencias sobre el montaje perpetrado por el Ministerio de Gobierno y las agencias de seguridad, que llegaron al extremo de utilizar armas de la Policía para hacerlas pasar como si se tratara de pertrechos que supuestamente estaban acopiando los acusados para iniciar una aventura separatista.

La ciudadanía no puede más que esperar que la justicia haga su trabajo, que deje de manipular los hechos y los procedimientos, situación que ha llevado a varios jueces al banquillo de los acusados; que el Gobierno cese en su burda intervención y que de una vez por todas se busque la verdad, algo de lo que el régimen ha estado huyendo por cuatro años.

Pese a toda esta prepotencia y abusos, la opinión pública nacional está plenamente convencida que el caso Rózsa no es más que una trama siniestra armada por agentes gubernamentales que han dado lugar a actos de injusticia y atropellos indecibles en un Estado de Derech

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