El Estado Plurinacional acaba de aprobar una ley supuestamente destinada a disminuir los alarmantes índices de violencia familiar que tiene a las mujeres como principales víctimas. El Gobierno ha expresado una inusitada voluntad política en relación a este tema después de mirarlo de soslayo durante siete años. Fue tal la angurria por cambiar de imagen que aprobaron la norma en horas de la madrugada. Una chapucería.
Han sido eventos muy alarmantes los que han precipitado esta ley, especialmente algunos vinculados a dirigentes del MAS que perpetraron actos de abuso y también el asesinato de la periodista Hanalí Huaycho a manos de un oficial de Policía perteneciente a los organismos especiales que han tenido fuerte gravitación en la estrategia de control político del régimen.
Sin embargo, pese a esas señales que buscan esconder actitudes de desprecio hacia la mujer muy bien marcadas dentro del oficialismo, el mismo que jamás convenció sobre sus presuntas inclinaciones hacia una equidad de género, la conducta de las fuerzas de seguridad del Estado parece constituirse en una grotesca burla de la sed de justicia y protección de las mujeres.
La ciudadanía está muy desconfiada en relación a los devaneos que se han producido en la investigación para dar con el paradero del teniente Jorge Clavijo, autor de la muerte de Huaycho y se han tornado evidentes las señales de protección hacia este sujeto denunciadas oportunamente y desde un principio por los fiscales que tienen a su cargo del caso. También existen denuncias de amenazas de muerte y otros incidentes que delatan una inconsistencia institucional que hace impensable la solución de problemas tan graves como la violencia familiar o la seguridad ciudadana.
El colmo de los despropósitos fue expresado por el comandante nacional de la Policía, quien a la manera de un sheriff del lejano oeste dijo que van a capturar a Clavijo “vivo o muerto”, frase que también forma parte de las arengas de los principales responsables del Ministerio de Gobierno. A este infortunio verbal que no deja de despertar sospechas, se le suma la información recientemente deslizada por la Policía en relación al supuesto suicidio del homicida y también el rumor de que pudo ser víctima de un accidente. ¿Qué sigue? ¿La aparición de un cadáver imposible de identificar? ¿El milagroso hallazgo de evidencias muy bien “plantadas” por hábiles sabuesos? Lamentablemente este tipo de acciones se han vuelto demasiado frecuentes, tal como se puede evidenciar en el caso Rózsa, un hecho que se construyó en base a patrañas de este tipo.
Este recelo ciudadano está plenamente justificado por el descaro con que actúan los operadores del régimen que no han dudado en montar aparatos de seguridad, equipos de chantaje, círculos de connivencia y complicidad dispuestos a tolerar cualquier estrategia, crimen o artilugio con tal de apuntalar el esquema de poder que cada día pierde más credibilidad.
En torno al caso de la banda de extorsionadores, por ejemplo, acaba de producirse un giro muy sospecho en la conducción del juicio y todo indica que las cosas están dirigidas hacia la próxima excarcelación de quienes han sido sindicados por el propio Ministerio de Gobierno de pertenecer a la red de corrupción más espuria de la que se haya tenido noticias en la historia del país. En esas condiciones la fe del Estado es una quimera muy lejana.
Han sido eventos muy alarmantes los que han precipitado esta ley, especialmente algunos vinculados a dirigentes del MAS que perpetraron actos de abuso y también el asesinato de la periodista Hanalí Huaycho a manos de un oficial de Policía perteneciente a los organismos especiales que han tenido fuerte gravitación en la estrategia de control político del régimen.
Sin embargo, pese a esas señales que buscan esconder actitudes de desprecio hacia la mujer muy bien marcadas dentro del oficialismo, el mismo que jamás convenció sobre sus presuntas inclinaciones hacia una equidad de género, la conducta de las fuerzas de seguridad del Estado parece constituirse en una grotesca burla de la sed de justicia y protección de las mujeres.
La ciudadanía está muy desconfiada en relación a los devaneos que se han producido en la investigación para dar con el paradero del teniente Jorge Clavijo, autor de la muerte de Huaycho y se han tornado evidentes las señales de protección hacia este sujeto denunciadas oportunamente y desde un principio por los fiscales que tienen a su cargo del caso. También existen denuncias de amenazas de muerte y otros incidentes que delatan una inconsistencia institucional que hace impensable la solución de problemas tan graves como la violencia familiar o la seguridad ciudadana.
El colmo de los despropósitos fue expresado por el comandante nacional de la Policía, quien a la manera de un sheriff del lejano oeste dijo que van a capturar a Clavijo “vivo o muerto”, frase que también forma parte de las arengas de los principales responsables del Ministerio de Gobierno. A este infortunio verbal que no deja de despertar sospechas, se le suma la información recientemente deslizada por la Policía en relación al supuesto suicidio del homicida y también el rumor de que pudo ser víctima de un accidente. ¿Qué sigue? ¿La aparición de un cadáver imposible de identificar? ¿El milagroso hallazgo de evidencias muy bien “plantadas” por hábiles sabuesos? Lamentablemente este tipo de acciones se han vuelto demasiado frecuentes, tal como se puede evidenciar en el caso Rózsa, un hecho que se construyó en base a patrañas de este tipo.
Este recelo ciudadano está plenamente justificado por el descaro con que actúan los operadores del régimen que no han dudado en montar aparatos de seguridad, equipos de chantaje, círculos de connivencia y complicidad dispuestos a tolerar cualquier estrategia, crimen o artilugio con tal de apuntalar el esquema de poder que cada día pierde más credibilidad.
En torno al caso de la banda de extorsionadores, por ejemplo, acaba de producirse un giro muy sospecho en la conducción del juicio y todo indica que las cosas están dirigidas hacia la próxima excarcelación de quienes han sido sindicados por el propio Ministerio de Gobierno de pertenecer a la red de corrupción más espuria de la que se haya tenido noticias en la historia del país. En esas condiciones la fe del Estado es una quimera muy lejana.
Este recelo ciudadano está plenamente justificado por el descaro con que actúan los operadores del régimen que no han dudado en montar aparatos de seguridad, equipos de chantaje, círculos de connivencia y complicidad dispuestos a tolerar cualquier estrategia, crimen o artilugio con tal de apuntalar el esquema de poder que cada día pierde más credibilidad.
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